Los firmantes de ese documento -WWF, Amigos de la Tierra, SEO/BirdLife, Greenpeace y Ecologistas en Acción- sostienen que el estado español "debe plantear y defender un nuevo paradigma de relaciones internacionales y comerciales en el que primen principios como la sostenibilidad ambiental, la igualdad de género, la cooperación, el respeto a los derechos humanos, la participación pública y la democracia". El manifiesto que han suscrito presenta "algunas" de las demandas que los firmantes consideran "irrenunciables". Su título es «Un Programa por la Tierra. Demandas para una legislatura sostenible». El texto está estructurado en torno a cuatro ejes: la protección del medio ambiente; la calidad de vida; el nuevo modelo energético; y el nuevo modelo de gestión de recursos. A continuación, Energías Renovables reproduce, íntegramente, ese documento.
La protección del medio ambiente
1. La primera de las reivindicaciones del movimiento ecologista es crear una Vicepresidencia de Sostenibilidad y Ministerio de Medio Ambiente que coordine las políticas del Gobierno con fuerte impacto ambiental (transporte, energía, industria, agricultura, pesca, alimentación, turismo…) y de gestión de recursos (aire, agua, suelo, bosques, biodiversidad...) con las políticas de economía y empleo para promover un modelo de desarrollo que tenga en cuenta los límites del planeta.
2. Reforzar la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo y dotarla de más medios y un presupuesto superior para perseguir estos delitos. Además pedimos que el SEPRONA sea reforzado presupuestariamente con un incremento significativo de recursos humanos y materiales.
3. Reconocer y reforzar el papel de las organizaciones ambientales para el cumplimiento del artículo 45 de la Constitución, garantizando su presencia en todos los consejos consultivos con implicación ambiental, y en particular asegurar una representación adecuada en el Consejo Económico y Social. Además pedimos una Ley del Tercer Sector de Acción Medioambiental que reconozca el papel vital de estas organizaciones.
4. Establecer una Ley de Fiscalidad Ambiental que redistribuya la carga fiscal, primando las buenas prácticas que promuevan el ahorro, la restauración ambiental y la creación de empleo ligado al medio ambiente, al tiempo que se desplaza la carga fiscal desde el trabajo hacia la contaminación y el consumo de recursos. Eliminar todos los subsidios perversos para el medio ambiente.
Calidad de Vida
5. Poner en marcha un plan ambicioso de mejora de la calidad del aire de ámbito estatal, con financiación adecuada, y presionar a las comunidades autónomas y municipios para que elaboren unos Planes de Acción de Reducción de la Contaminación que realmente mejoren la calidad del aire. Reducir a cero antes de 2019 el porcentaje de la población que respira aire contaminado según los valores límite fijados por la legislación europea (frente al 33% en 2014). Realizar controles efectivos sobre las emisiones de los automóviles.
6. Prohibir de manera urgente el Bisfenol-A y otros disruptores endocrinos en alimentos y en artículos y productos de uso infantil. Reducir la exposición de la población, sobre todo la más vulnerable, y del medio ambiente a los contaminantes químicos más preocupantes mediante la elaboración y puesta en marcha del Plan Nacional de Salud Ambiental; la prohibición de la exposición de trabajadoras embarazadas a estas sustancias; y la actualización y cumplimiento de la normativa ambiental. (Informe Universidad Carlos III).
7. Prohibir el uso y abuso de animales con fines lúdicos o publicitarios a través de una Ley de Protección Animal, que además favorezca la adopción de animales domésticos abandonados tipificando sanciones ejemplarizantes en el caso de abandono, venta ilegal o maltrato de animales. También debería prohibir las actividades cinegéticas más crueles.
Nuevo Modelo Energético
8. Aprobar una Ley de Cambio Climático que regule de forma previsible, coherente y estable las políticas que afectan al clima y que incorpore objetivos ambiciosos para 2030 con una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 55% como mínimo, una generación con energías renovables al menos del 45% y del 40% de reducción en el consumo de energía respecto a 1990. (Véase por ejemplo el anteproyecto de Ley andaluza de Cambio Climático o la Climate Change Act británica).
9. Realizar una auditoría energética de los costes reales del sistema como primer paso para poner en marcha una nueva política energética coherente que impulse el ahorro y la eficiencia energética, la producción descentralizada de energía renovable eliminando las subvenciones a los combustibles fósiles y acometiendo el cierre de las centrales nucleares tras 30 años de funcionamiento. Apoyar a la ciudadanía en situación de pobreza energética. Reforma de la Ley del Sistema Eléctrico para eliminar trabas al autoconsumo de energía renovable.
10. Aprobar una Ley de Movilidad Sostenible, que ponga el énfasis en la reducción de la necesidad de movilidad, la gestión de los servicios, la mejora de la accesibilidad, el establecimiento de una fiscalidad con criterios ecológicos de los diversos medios de transporte, que permita una financiación adecuada de los transportes públicos. Abandonar los planes de infraestructuras sin correspondencia con la demanda, como el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024, Pitvi.
Nuevo Modelo de Gestión de los Recursos
11. No construir más embalses ni trasvases y modificar la Ley de Aguas para reducir las demandas, garantizar caudales ambientales para conservar los ríos, poner en valor los bienes y servicios que aportan los ecosistemas acuáticos como la depuración de las aguas o el control de las inundaciones y asegurar la recuperación de costes en el precio del agua.
12. Rediseñar una política agroalimentaria respetuosa con el medio ambiente, sin subsidios perversos, que prohíba los cultivos transgénicos y asegure la conservación del paisaje y rentas dignas en el campo. Priorizar estos fines en las iniciativas del Gobierno en I+D+i y bioeconomía y reactivar la ley para el desarrollo sostenible del medio rural. Para 2020 alcanzar el 30% de la superficie agraria bajo producción agroecológica; lograr un incremento del 30% del consumo interno de productos ecológicos locales; y reducir el uso de fitosanitarios de síntesis en un 30%, empezando por prohibir los de mayor riesgo.
13. No dar ni un paso atrás en la política de tolerancia cero contra la pesca ilegal y definir la figura jurídica que permita el desarrollo de la co-gestión de las pesquerías incluyendo a todos los actores interesados (pescadores, ONGs, científicos, administración…), para promover la pesca sostenible y aplicar correctamente la Política Pesquera Común (IUU: illegal, unreported and unregulated).
14. Apoyar a escala europea una política de Economía Circular ambiciosa que garantice una reducción del uso de recursos naturales por nuestra economía. Poner en marcha políticas efectivas de gestión de residuos que tienda hacia el residuo cero: reducción de residuos, separación selectiva de la materia orgánica para compostaje y puesta en marcha de nuevos modelos de recogida, como el puerta a puerta y los sistemas de devolución, depósito y retorno.
15. Dotar económicamente el Fondo para la Conservación de la Biodiversidad para garantizar el cumplimiento del Plan Estratégico para el Patrimonio Natural que frene y revierta la pérdida de la biodiversidad y asegure la plena aplicación de las directivas europeas y su integración con el resto de políticas, aprobando planes sectoriales para la conservación de la biodiversidad. Completar la red de Parques Nacionales con la inclusión de los ecosistemas no representados.
16. Derogar la modificación de la Ley de Costas para asegurar la conservación de los ecosistemas costeros amenazados, para que no se reconozcan enclaves privados en el dominio-público marítimo terrestre, se eliminen las concesiones incompatibles con su conservación y se favorezca la adaptación de la costa al cambio climático.
17. Rechazar explícitamente el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) y los mecanismos asociados para salvaguardar los derechos de las personas y el planeta frente a los intereses de las multinacionales. Igualmente debe rechazarse el tratado de libre comercio con Canadá, el CETA. Esta postura se debe defender en el debate europeo. Lo que dice la Comisión Europea sobre el TTIP.
