El Observatorio de la Sostenibilidad en España sugiere cuatro recomendaciones principales de cara a esta conferencia Internacional, que se recogen en la publicación Retos para la Sostenibilidad: Camino a Río+20. Son las siguientes:
I) Asumir el reto político y social para impulsar la economía verde en un modelo de desarrollo más sostenible ambiental y socialmente con creación de empleos verdes y como respuesta estratégica a la crisis sistémica y el cambio global.
Una transición justa y generalizada a una economía verde permitiría obtener ingresos per cápita más elevados que los de los modelos económicos actuales, al mismo tiempo que reduciría la huella ecológica casi en un 50% en el 2050, con un ahorro de recursos y liberación de espacio ambiental.
Si se invirtiera cada año el 2% del PIB mundial, la economía mundial mantendría niveles de actividad semejantes a los actuales, o incluso mayores, pero sin agravar los riesgos de las crisis asociados al modelo actual de alto consumo de recursos. En 2030 las energías renovables podrían generar 20.400.000 empleos verdes a nivel mundial (PNUMA y OIT: Informe Empleos Verdes).
II) La economía verde permite reforzar una economía hipocarbónica con políticas de mitigación y estrategias de adaptación al cambio climático y la restructuración del modelo energético con energías renovables que favorezca las actuaciones de progreso de los países más vulnerables.
El desafío consiste en aumentar el acceso de los pobres a la energía sin aumentar las emisiones de carbono. Especialmente a los 1.500 millones de personas que no tienen acceso a la energía eléctrica y a los 3.000 que siguen dependiendo de la biomasa.
Otro tema de interés es la “pobreza energética”. La pobreza energética de los hogares se produce cuando las familias son incapaces de pagar una cantidad de servicios energéticos suficiente para satisfacer sus necesidades domésticas y/o se ven obligadas a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética. Se estima que la pobreza energética afecta al 10% de los hogares españoles.
III) La economía verde se basa en el desacoplamiento del desarrollo y las presiones ambientales, refuerza la gestión sostenible de los servicios ecosistémicos, y fomenta la revalorización del capital natural, al tiempo que plantea una contabilidad de los servicios de los ecosistemas.
También es fundamental fomentar la asignación de precios correctos mediante la aplicación de instrumentos económicos, fiscales y mecanismos de mercado que complementen y refuercen los sistemas de regulación normativa.
El sistema de contabilidad tradicional excluye los cambios cualitativos y cuantitativos del medio ambiente, lo que imposibilita una visión real del estado del bienestar de las sociedades. La medición más allá del PIB, con la evolución hacia un conjunto de indicadores que midan el stock y los flujos de los recursos naturales, es fundamental para contabilizar el desarrollo humano.
IV) Apoyar la transición justa hacia una economía verde potenciando esquemas de gobernanza local y global para la sostenibilidad.
Los gobiernos desempeñan un papel básico para hacer posible la transición hacia el desarrollo sostenible, modificando leyes y políticas e invirtiendo dinero público en riqueza pública.
Es necesario plantear una reforma más amplia del marco institucional para el desarrollo sostenible, y dentro de ese contexto queda patente la necesidad de reforzar la gobernanza ambiental en todos los ámbitos (local, nacional y mundial).
