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Las empresas gasistas no quieren financiar las ayudas a las energías renovables

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El Gobierno anunció en diciembre de 2020 la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, fondo que debían financiar, entre otras, las empresas del sector gasista. Con los recursos de ese Fondo debían sufragarse las ayudas a las energías renovables. La idea era (es) que los que contaminan (el gas es un elemento fósil cuya combustión produce emisiones de CO2, ergo cambio climático) paguen a los que ayudan a luchar contra el cambio climático (las energías renovables). Pues bien, la asociación española del gas, Sedigas, considera que ese Fondo perjudica la competitividad de la industria española (el 60% del gas consumido en España lo quema la industria) y solicita al Gobierno "medidas y un marco regulatorio" que eviten el "riesgo de deslocalización" de los consumidores industriales.
Las empresas gasistas no quieren financiar las ayudas a las energías renovables

Más ayudas al gas (combustible fósil de efecto invernadero), y que las ayudas a las energías renovables las paguen otros. Ese vendría a ser el mensaje de Sedigas, la asociación española del gas, en la que se encuentran empresas como Cepsa, Naturgy, Shell, BP, la filial nacional de la argelina Sonatrach, Iberdrola, Enagás o Repsol, que ha obtenido en el primer trimestre del año 2022 un beneficio neto de 1.392 millones de euros, frente a los 648 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, o sea, que ha doblado el beneficio. También han mejorado sus números, con respecto a los registrados durante el primer trimestre de 2021, las mencionadas Cepsa, Shell, BP o Naturgy, la empresa antes conocida como Gas Natural Fenosa, que ha incrementado su beneficio neto en este primer trimestre del año un 9%. También lo ha hecho Iberdrola, que acaba de anunciar el "mayor dividendo de la historia del grupo", tras un año 2021 en el que ha visto crecer ocho puntos su beneficio neto y ha ejecutado "unas inversiones récord de 9.940 millones de euros en 2021, lo que supone un 3% más que el ejercicio anterior". El presidente de la compañía, José Ignacio Sánchez Galán, anunciaba la semana pasada, durante la Junta General de Accionistas, que Iberdrola prevé para este año 2022 un beneficio "de entre 4.000 y 4.200 millones de euros”.

La asociación patronal que reúne a todas estas empresas, Sedigás, no parece muy dispuesta a encajar el coste del futurible Fondo, que repercutiría en su clientela. En ese sentido, Sedigás considera que si se aprueba el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, cuya tramitación parlamentaria se había retomado esta semana, quienes acabarán pagando ese coste serán sus clientes, o sea, el sector industrial español (el consumo de gas natural en la industria supone un 60% del consumo de gas natural en España, siendo especialmente relevante en el sector químico, el de fabricación de minerales no metálicos o el de la alimentación y las bebidas).

Sedigás reconoce que el Fondo prevé compensaciones "para aquellos sectores industriales consumidores intensivos en electricidad y gas" (o sea, para sus clientes), pero la patronal se muestra preocupada por ellos (por sus clientes) pues "se desconocen -dice- aspectos cruciales como el alcance de esas compensaciones, su cálculo, su evolución en el tiempo o su regulación y posible consideración como ayudas de estado por parte de la UE". En ese marco, Sedigás advierte además sobre "el riesgo de deslocalización" de esos consumidores industriales.

La asociación estima que el coste que le podría suponer el futurible Fondo equivaldría a un incremento de los actuales costes regulados en un 50%, incremento de los costes propios del sistema gasista que considera "desorbitado". Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), los costes propios del sistema gasista ascienden a algo más de 1.900 millones de euros.

Sedigas concluye su comunicado insistiendo en la necesidad de abordar la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico "desde la inclusión de todas las voces, el diálogo y la búsqueda del consenso, porque va a tener un impacto tan relevante como una reforma fiscal y debería tratarse, por tanto, con el rigor y la transparencia de los procedimientos que requiere una reforma global de la fiscalidad energética y medioambiental". 

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