«La Junta de Castilla y León no va a participar en la “ceremonia de la confusión” que se está produciendo en torno al futuro de la Central de Garoña. Un futuro del que depende, además de su mayor o menor aportación a la producción energética española -que no es la cuestión que más nos preocupa-, el mantenimiento o la pérdida de casi mil empleos en una zona del norte de Burgos, con difíciles alternativas de actividad económica y de ocupación.
Esa es la razón por la que, contando siempre con que la voluntad de los propietarios de la Central -Nuclenor, y por tanto al 50% Iberdrola y Endesa- era la de mantenerla abierta, la Junta ha defendido estos años esa continuidad siempre que, como condición imprescindible, se contara para ello con la autorización previa del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y una vez cumplidas todas las exigencias técnicas y de seguridad establecidas por este en su necesario Informe.
Es el caso que Nuclenor solicitó en mayo de 2014 reabrir la Central y operarla hasta 2031. Esto es, la renovación de la autorización de explotación. A partir de ahí comenzó un exigente procedimiento para esa solicitud de reapertura, que requería preceptivamente dicho Informe del CSN.
A finales de 2015, Nuclenor -y por tanto sus dos compañías propietarias- decidieron interrumpir las inversiones en la Central que el CSN había planteado para poder pronunciarse sobre la reapertura, y que debían estar completadas antes de que se pudiera emitir el Informe final. Sin embargo, el Supervisor cambió luego de opinión. Y por fin, a principios del pasado mes de febrero, pese a que tales obras no se habían realizado, informó favorablemente sobre la reapertura de la Central, condicionándola siempre a que aquellas obras de mejora se realicen en ella antes de volver a operar.
A partir del Informe favorable del CSN, corresponde al Gobierno de la Nación pronunciarse definitivamente sobre la solicitud de reapertura y sobre el nuevo plazo hasta el que la Central podrá estar operativa. Antes de pronunciarse, concediendo o no la licencia de reapertura, el Gobierno ha abierto un periodo de consultas durante seis meses, para escuchar a empresas, agentes sociales, instituciones y partidos; un trámite de consultas que la Junta de Castilla y León aprovechará para reiterar los argumentos que ha defendido durante estos años.
La sorpresa surge estos últimos días cuando Iberdrola -una de las propietarias de Nuclenor-, antes de conocer las condiciones -inversiones y plazos- de la posible autorización del Gobierno, anuncia públicamente que no considera rentable ni por tanto viable reabrir la Central. Y pide a Endesa -su socio en Nuclenor- cerrarla definitivamente, y presentar para ello un escrito de desistimiento de la solicitud de renovación que ellos mismos -a través de Nuclenor- habían formulado hace tres años. Es una decisión que, en principio, Endesa no parece compartir, prefiriendo esperar en todo caso a que el Gobierno se pronuncie, una vez transcurrido el plazo de seis meses que ha abierto para consultas.
La Junta de Castilla y León considera necesario que ese plazo sea respetado. Como queda dicho, lo aprovechará para reiterar su posición en este tema. Y no está en condiciones de valorar las razones aducidas por Iberdrola para su cambio de criterio, en la medida que dicha compañía no ha tenido aún la deferencia de comunicar directamente a la Junta ni su nueva voluntad de cerrar Garoña ni las causas por las que ahora la considera económicamente no rentable y por tanto inviable».
Fin del comunicado
En España hay actualmente dos centrales nucleares en desmantelamiento: la central de Vandellós I (Tarragona) cesó su actividad en 1989 y desde 2004 se encuentra en fase de latencia (periodo de espera de 25 años hasta que se realice el desmantelamiento completo); la central nuclear de José Cabrera (Guadalajara), más conocida como Zorita, cesó su actividad el 30 de abril de 2006 y en la actualidad está en proceso de desmantelamiento.
Castilla y León está gobernada por el Partido Popular. El presidente de la región es Juan Vicente Herrera, que fue investido el 3 de julio de 2015 (mediante mayoría simple, en segunda vuelta) gracias a los 42 votos de su grupo parlamentario y a la abstención de Ciudadanos (que obtuvo cinco asientos en esas elecciones; el Grupo Socialista cuenta con 25 escaños en las Cortes Generales de Castilla y León; Podemos, con 10; y el Grupo Mixo, con 2, uno de Izquierda Unida-Equo y otro de Unión del Pueblo Leonés).
