Son las "interrumpibles" -siderúrgicas, químicas, metalúrgicas- a las que el Gobierno ha decidido que se les retribuya -se les pague- por prestarse a eso: a parar las máquinas, o sea, a interrumpir en un momento dado su consumo de electricidad para que esa electricidad pueda atender a la demanda de otros usuarios del sistema. ¿Qué ocurre? Pues que esa circunstancia -que sea necesario pedirle a una gran fábrica que pare sus máquinas- nunca se da, porque España tiene muchísima potencia instalada: en España hay muchos parques eólicos, y muchas centrales de gas y casi 20.000 megavatios hidroeléctricos en los pantanos de Franco, y carbón, y solar, y nuclear.
Sí, el sistema eléctrico nacional tiene mucha potencia instalada (más de 100.000 megavatios, MW) y, además, desde que llegó la crisis, la demanda nunca ha llegado tan alto como lo hiciera antes de 2008 (el máximo de demanda de potencia instantánea peninsular, registrado en el año 2007, quedó fijado en 45.450 MW; y ahí sigue, imbatido, desde entonces). En fin, que nunca hace falta echar mano de las "interrumpibles" porque las características del sistema eléctrico español son las que son. Y, por eso, son muchos los actores del sector que protestan sobre el particular, porque consideran que esos pagos a esas formidables multinacionales -compañías como Arcelor o Alcoa- no están justificados y no son más que una subvención encubierta (léase sobre el particular El Gobierno cede al chantaje de las interrumpibles, artículo que publicamos hace ya casi un quinquenio).
Un no-problema
El caso es que hoy, Red Eléctrica de España ha dado luz verde a "la asignación competitiva del servicio de interrumpibilidad correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo del 2018". O sea, que seguimos igual: seguimos con una demanda que continúa estando diez años después por debajo de la registrada antes de la crisis y seguimos costeando una solución -la interrumpibilidad- que el Gobierno articula para un no-problema. Seguimos pagando a través de la factura de la luz -entre todos los consumidores- una solución que costó más de 500 millones de euros el año pasado, y que es una -otra- de las causantes del famoso déficit de tarifa. Sea como fuere, la asignación del servicio a grandes consumidores de electricidad, será ejecutada "mediante la celebración de la subasta convocada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y administrada por Red Eléctrica en el recinto Feria de Valladolid".
El mecanismo de asignación será similar al de años anteriores y se realizará mediante subastas a la baja que partirán de 150.000 euros por megavatio por año para los productos de cinco megavatios (5 MW) y de 270.000 euros/MW por año para los de 90 MW. Según Red Eléctrica de España (REE), se subastarán 2.600 megavatios (MW), repartidos en 376 bloques del producto de 5 MW (1.880 MW) y 8 bloques del producto de 90 MW (720 MW). "Durante los próximos días -informa REE-, cerca de 150 empresas de la gran industria con intensivo consumo eléctrico competirán por la adjudicación del servicio de interrumpibilidad para el periodo del 1 de enero al 31 de mayo del 2018". Los resultados definitivos de la subasta se darán a conocer una vez sean validados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a través del portal del operador del sistema de Red Eléctrica eSios.
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