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Lo dice el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, organización española acreditada ante la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este Instituto ha analizado pormenorizadamente el Marco Estratégico de Energía y Clima que ha elaborado el Gobierno Sánchez en estos nueve meses y concluye que algunos de los objetivos que plantea ese Marco -entre ellos, el 74% de cuota renovable en el mix eléctrico de 2030- son poco ambiciosos, habida cuenta del "enorme potencial de energía eólica y sobre todo solar" que tiene España (la cuota renovable del mix eléctrico nacional ronda hoy el 40%). El Instituto también critica el hecho de que ninguno de los tres documentos que conforman ese marco incluya "una fecha concreta" para el abandono del carbón. [En la imagen, la ministra para la Transición Ecológica, una de las inspiradoras clave del paquete de Energía y Clima].
España puede superar el 74% de electricidad renovable en 2030

Hoy se cerraba el plazo de participación pública que abrió el Gobierno hace unos días para que la sociedad civil planteara comentarios y recomendaciones al Marco Estratégico de Energía y Clima que ha elaborado el Gobierno Sánchez a lo largo de estos nueve meses y que quiere ser el marco legal para la lucha contra el cambio climático en los próximos años (el Ejecutivo acaba de informar por cierto que amplía ese plazo hasta el próximo 1 de abril). El caso es que el Marco es un paquete que incluye (1) un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (que está pendiente de evaluación en Bruselas por parte de la Comisión Europea, pero que no se verá afectado por las elecciones); (2) un anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, anteproyecto "parado", debido a la disolución de las Cortes, y "pendiente" pues de los resultados electorales; y (3) una Estrategia de Transición Justa (también sumida en la incertidumbre política).

Pues bien, en el marco de esa participación pública (el plazo para la presentación de comentarios expira hoy), el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IDMA) ha publicado esta mañana, tras un "análisis pormenorizado" del contenido de ese paquete, una batería de comentarios y recomendaciones. El resumen de su análisis es grosso modo que el Marco constituye "un paso en la buena dirección pero que precisa de medidas más concretas y objetivos más ambiciosos en general".

Para empezar, el Instituto califica como “positivo, aunque mejorable” el borrador del Plan Nacional Integrado (PNI) de Energía y Clima, que fue remitido en febrero a la Comisión Europea para su evaluación y que está llamado a convertirse -apunta- en "una de las bases del futuro marco normativo sobre cambio climático y transición energética en España".

IDMA es más crítico con el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética ahora publicado, que dice es "menos ambicioso que el borrador del 14 de noviembre", y también advierte sobre la Estrategia de Transición Justa, que considera "debe mejorar su transparencia y los sistemas de seguimiento y monitorización de las medidas".

Sobre el PNI de Energía y Clima
Según el Instituto, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima desplegará "cierto número de medidas positivas para la descarbonización de la economía", pero contiene todavía "varios aspectos a mejorar". En la casilla del debe, el Instituto destaca la "ausencia de una fecha clara y vinculante para el fin de la generación a partir de carbón, a pesar de ser técnicamente viable para 2025 y a pesar de que ese fin supondría un ahorro considerable en las emisiones contaminantes". A ese respecto, IDMA recuerda que, "entre los años 2015 y 2016, en España, las emisiones procedentes de las centrales térmicas de carbón se han relacionado, entre otros, con más de 1.500 muertes prematuras, de acuerdo con el estudio Un oscuro panorama: las secuelas del carbón”.

El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IDMA), critica así mismo el hecho de que "ciertos aspectos referidos a la promoción de las energías renovables son escasos en detalles y carecen de hitos de avance definidos".

Además, recomienda al Gobierno que mejore las acciones de cooperación regional con otros Estados miembro de la Unión Europea, "algo fundamental teniendo en cuenta el carácter interestatal del cambio climático, la contaminación atmosférica o la mejora de las interconexiones eléctricas".

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
IDMA considera por otro lado que el objetivo fijado en el PNI de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 en un 20% con respecto a las registradas en 1990 "no es lo suficientemente ambicioso para poder cumplir con el objetivo del Acuerdo de París".

"Esta reducción del 20% está en línea para lograr en 2030 una reducción del 40% de GEI para el conjunto de la UE, valor que se adoptó antes de ser aprobado el citado Acuerdo (de París); sin embargo, para 2030 la UE necesitaría reducir en su conjunto al menos el 55% de emisiones de GEI", según el Instituto.

El PNI de Energía y Clima establece objetivos de descarbonización elevados para 2030 (un 20% menos de Gases de Efecto Invernadero respecto a los niveles de 1990), previendo incluso la intervención del Gobierno en caso necesario para adoptar medidas de urgencia si no se cumplen los hitos necesarios para lograr las metas establecidas.

Asimismo, la descarbonización del sector eléctrico se apoya principalmente en los pilares de la reducción del uso de combustibles fósiles y su progresiva sustitución por energías renovables, "donde se establecen metas que podrían ser más elevadas: un 74% del total de producción eléctrica para 2030 es conservador de cara a llegar a un 100% en 2050". En el caso de España -apuntan desde el Instituto-, puede plantearse un porcentaje más alto, "debido a su enorme potencial de energía eólica y sobre todo solar, siendo este último el más elevado de Europa".

El Instituto valora el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética
El anteproyecto de Ley es "menos ambicioso" en comparación con la versión del 14 de noviembre. El Instituto IDMA critica la desaparición de la creación de un comité de Cambio Climático independiente, "un órgano fundamental para que la implementación y desarrollo de la Ley se aborde desde un punto de vista estrictamente científico, con el objetivo de que resulte un instrumento eficaz en la lucha contra el cambio climático".

También ha desaparecido -denuncian desde IDMA- la posibilidad de incluir mecanismos de presupuestos de carbono en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, "una medida eficiente para el control y seguimiento de la reducción de emisiones a largo plazo que sí incluía la primera versión". Por último -apuntan desde IDMA-, "es necesario incluir en el articulado el objetivo claro de alcanzar la neutralidad de emisiones a 2050".

Gobernanza
Dentro de los comentarios que hace el Instituto destacan también los referidos a la Gobernanza climática, en especial en lo referente a participación pública, algo que se recuerda respecto a los tres documentos del Marco Estratégico.

IDMA considera que "debe establecerse un marco de gobernanza climática eficiente para garantizar la aplicación de políticas y normativas ambiciosas en materia de clima y energía que permitan alcanzar las metas de los diferentes tratados internacionales, como el Acuerdo de París".

Asimismo, el Instituto alerta sobre la falta de participación ciudadana: "el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima -explica- debería haber estado sometido a participación pública previamente a ser enviado a la Comisión Europea, en línea con lo establecido en el Convenio de Aarhus".

Empleo
El Instituto denuncia "lagunas en el desarrollo de políticas de formación dentro de las previsiones laborales en los sectores más verdes". Para IDMA, "es necesario incluir más planes de formación para la creación de los puestos de trabajo previstos en sectores como energías renovables, donde el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima prevé un crecimiento laboral significativo de entre 102.000 y 182.000 empleos/año para el periodo 2020-2030".

Dentro de la Estrategia de Transición Justa -señala- se prevén medidas más concretas de Formación Profesional Verde para sectores afectados por la Transición Justa.

Carbón
En el caso del carbón, el escenario dibujado por los diferentes instrumentos legales es calificado por el Instituto como "plausible, pero poco ambicioso". IDMA critica en ese sentido que "no se incluye una fecha concreta para el abandono del mismo, que debería ser 2025 como muy tarde para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático".

El PNI reconoce que "muy posiblemente, nueve (9) de las quince (15) centrales térmicas de carbón existentes en la actualidad, 2019, no estarán operativas al inicio del Plan en 2021 como resultado de la decisión adoptada por las empresas propietarias de no realizar las inversiones correspondientes a los requerimientos de la UE relativos a emisiones contaminantes".

Acto seguido, el mismo Plan prevé explícitamente que, "para 2030, las centrales térmicas de carbón dejarán de ser competitivas dado el precio previsto de la tonelada de CO2 en el sistema europeo de compraventa de emisiones, 35 euros por tonelada".

A ello, el PNI añade que " la disminución disruptiva de los costes de las renovables de generación eléctrica está alterando de forma importante las premisas de rentabilidad de las diferentes tecnologías, lo que hace virtualmente inevitable la desaparición de la generación eléctrica con carbón para 2030".

Sin embargo, el PNI de Energía y Clima reconoce a continuación que "no es descartable que se mantenga parte de la potencia instalada allí donde se han acometido inversiones para cumplir con el marco comunitario". ¿Quiere eso decir que el Gobierno no descarta que seis (6) de las quince (15) térmicas de carbón sigan operando en 2030 o más allá?

Guillermo Ramo, abogado del Instituto IDMA: “el sistema eléctrico español tiene sobrecapacidad y puede abandonar el carbón mucho antes de 2030 sin que peligre la seguridad de suministro. Al no incluirse una fecha concreta en un instrumento jurídico vinculante y dejar el cierre de centrales en manos del mercado, se corre el peligro de que algunas continúen funcionando después de 2030"

Massimiliano Patierno, ingeniero medioambiental de IDMA: “con la convocatoria de elecciones en abril y la disolución de las Cortes, la Ley y la Estrategia de Transición Justa quedan en suspenso, pero creemos que, sea cual sea el Gobierno de la próxima legislatura, estos comentarios mantienen su utilidad. Es fundamental tener en mente que el cambio climático es un problema que nos afecta a todos, y a cuyos efectos España es un país especialmente vulnerable. La siguiente legislatura debe tener como prioridad la creación de un marco normativo estable con objetivos ambiciosos”

El Instituto Internacional de de Derecho y Medio Ambiente se define como una "organización sin ánimo de lucro fundada en 1996 con el propósito de contribuir a la protección del medio ambiente". Declara como su objetivo "conseguir un desarrollo sostenible a través de la investigación, la aplicación y ejecución del Derecho desde una perspectiva internacional y multidisciplinar". Desde 1998, el Instituto es una organización acreditada ante la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente del Pnuma. En 2001 fue declarada de utilidad pública. Pertenece a la plataforma Europe Beyond Coal.

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