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El 76,9% de todos los impuestos ambientales que recauda la UE lo paga el sector energético

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La Fundación Naturgy (antes Gas Natural) ha presentado hoy la publicación «La fiscalidad energética. Sentido, objetivos y criterios», obra que identifica y describe los impuestos y cargas fiscales que gravan las diferentes fases del ciclo integral de la energía. Los autores de este estudio -el fiscalista Juan Carpizo y las abogadas especializadas en fiscalidad Eugenia Montaña y Teresa Checa- aseguran que no han encontrado ningún impuesto cuyo objetivo prioritario sea incidir en la reducción de comportamientos contaminantes o en el fomento de un uso energético más eficiente y recuerdan que los impuestos sobre la energía representan el 76,9% de todos los ingresos procedentes de los impuestos medioambientales.
El 76,9% de todos los impuestos ambientales que recauda la UE lo paga el sector energético

La obra -informa la Fundación Naturgy- aporta datos para poder valorar si el destino de lo recaudado es más o menos finalista y, según sus autores, “no podemos encontrar ningún impuesto cuyo objetivo prioritario sea incidir en la reducción de comportamientos contaminantes o en el fomento de un uso energético más eficiente”. El libro recuerda que uno de los principales retos en relación con la política y la legislación medioambientales de la Unión Europea es “mejorar la fiscalidad medioambiental, así como reducir las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente”, y para ello, “los impuestos medioambientales son una pieza clave”. Sin embargo -denuncian los autores-, en la última década ha habido una cierta dispersión normativa y un enfoque heterogéneo a escala regional e incluso local. El estudio de Carpizo, Montaña y Checa recuerda que Eurostat afirma que los impuestos sobre la energía representan más de las tres cuartas partes de los ingresos totales procedentes de los impuestos medioambientales (76,9%), muy por delante de los impuestos sobre el transporte (19,7%) y sobre la contaminación y los recursos (3,4%).

Del análisis comparativo entre diferentes países, el estudio destaca “el uso de incentivos en algunos países para el fomento de energías más limpias y la disminución de emisiones contaminantes, en lugar de utilizar únicamente el mecanismo de la imposición” (los impuestos). Es el caso, por ejemplo, de Alemania, donde está exenta del pago del impuesto sobre la energía, conocido como Energiesteuer y Stromsteuer, la electricidad producida por energía eólica, solar, geotérmica o biomasa, o la producida por centrales hidroeléctricas de menos de diez megavatios (10 MW). Los autores reconocen en todo caso que “a pesar de los avances que se han realizado en el seno de la Unión Europea en materia de fiscalidad energética, y a pesar de los grandes objetivos fijados, aún queda camino por recorrer”.

Complejidad y heterogeneidad en la fiscalidad española
Otra de las constataciones del libro es que “en España no hay uniformidad en cuanto a las reglas de exacción [exigencia del pago] de los tributos medioambientales, ya que, en función del territorio o comunidad autónoma donde se ejerza la actividad y se pueda contaminar, se abonará o no un impuesto ecológico”. Hay comunidades, como Cataluña, Andalucía o Aragón, que gravan directamente las emisiones de CO2 y resto de emisiones contaminantes; otras gravan las instalaciones (Galicia, Castilla La Mancha o Castilla y León obligan al sector eólico a satisfacer un canon que no se exige en las demás comunidades).

Los autores del estudio sostienen que, si bien las comunidades autónomas han desarrollado sus propios impuestos ambientales, gravando hechos imponibles no cubiertos por el Estado, también es cierto que “otros muchos tributos autonómicos creados entran en conflicto con los tributos estatales que recaen sobre el sector de la energía, pudiendo llegar a casos de doble imposición”. Por ello, según Carpizo, por una parte, “se requeriría la fijación de reglas claras para delimitar los espacios fiscales entre administraciones tributarias” y, por otra, “sería deseable un mecanismo de simplificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias”.

Co-or-di-na-ción
Carpizo asegura que “no existen en la actualidad mecanismos de coordinación entre administraciones locales y autonómicas y empresas del sector", si bien reconoce por otro lado que, "desde hace algunos años, la Agencia Tributaria del Estado ha desarrollado algunas acciones en este sentido, pero sería necesario profundizar en nuevas medidas". El fiscalista considera en todo caso un sinsentido los tributos autonómicos que recaen sobre las emisiones de CO2 porque esos impuestos "persiguen finalidades medioambientales globales imposibles de alcanzar adecuadamente en el ámbito local o regional, por lo que -sostiene- carecen de sentido”.

El libro «La fiscalidad energética. Sentido, objetivos y criterios» es obra de Juan Carpizo y de las abogadas especializadas en fiscalidad Eugenia Montaña y Teresa Checa. Esta publicación recopila y examina las normativas fiscales que rigen el sector de la energía. Esta obra, que ha sido presentada hoy en Madrid, forma parte de la colección de publicaciones de la Fundación Naturgy sobre energía, tecnología y medio ambiente. Su objetivo fundamental es "informar, formar y sensibilizar, así como acercar el uso racional de los recursos energéticos y fomentar un desarrollo sostenible, desde unos planteamientos rigurosos".

La fiscalidad energética. Sentido, objetivos y criterios

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