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¿Conectará España 50 MW de potencia renovable cada semana de aquí a 2020?

El Gobierno reconoce por primera vez que no cumplirá el objetivo renovable 2020

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El Partido Popular arrasa en las elecciones del 20N. Mariano Rajoy nombra gobierno el 21 de diciembre de 2011. Treinta y siete días después -el 27 de enero de 2012-, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, emprende su reforma energética eliminando -para empezar- las primas, ayudas que otro gobierno popular, el de Aznar, había ideado para incentivar el despliegue de las energías limpias en España.
El Gobierno reconoce por primera vez que no cumplirá el objetivo renovable 2020

Comenzaba así -en enero de 2012, con el final de las primas- el invierno de las energías renovables. Casi cuatro años después -en noviembre de 2015-, el primer informe de la Unión de la Energía (State of the Energy Union, Comisión Europea, CE) avisa: "España necesita evaluar si sus políticas y herramientas son suficientes y eficaces para realizar sus objetivos en materia de energías renovables" . El aviso no es el primero. A mediados de 2013, la misma CE había publicado ya un informe -que había encargado a un consorcio liderado por la consultora Ecofys- en el que ya se apuntaba que España sería uno de los países que incumpla en mayor medida sus propios objetivos de porcentaje de renovables en el año 2020 (y eso que, por aquel entonces, las consecuencias del hachazo a las renovables no habían alcanzado ni mucho menos las dimensiones de hogaño).

La política energética del Partido Popular, claramente pro-gas, ha ralentizado hasta tal punto la primera transición energética española -transición hacia el Objetivo 2020 de la UE- que España está a punto de incumplir ese objetivo, que consiste en que el 20% de la demanda bruta de energía sea satisfecho ese año, o sea, dentro de 30 meses, por energía de origen renovable. Las consecuencias de esa política energética, política pro-gas que el Partido Popular comienza a materializar hace ya veinte años, en marzo de 1996, de la mano del primer Gobierno Aznar, son muy concretas: según el State of the Energy Unión, hemos triplicado en estos veinte años (casi 14 ejercicios ya con gobiernos del PP) el consumo de gas, combustible fósil del que España carece (importamos casi el 100% del mismo) y tenemos ahora mismo una dependencia energética que está 17 puntos por encima de la media UE.

Además, el gas natural trae aparejados tres problemas añadidos
El primero de ellos (no necesariamente el más grave) es el económico: España es el país de la UE28 en el que el precio del gas más ha crecido en los hogares entre 2010 y 2015 (nada más y nada menos que un 72,4%). El segundo es que somos (junto a Austria y Hungría) el país en el que peor ha evolucionado la dependencia. Según el último Informe sobre el Estado de la Unión Energética (Second report on the State of the Energy Union, febrero de 2017), casi el 60% del gas que consumió España en 2014 procedió de un solo suministrador, Argelia. Y, en tercer lugar, España es el segundo país de la UE28 (tras Chipre) que más ha incrementado sus emisiones de gases de efecto invernadero en el último cuarto de siglo (1990-2015). Según este segundo Informe sobre el Estado de la Unión, aquí emitimos ese año (2015) un 21,3% más gases de efecto invernadero que en 1990 (año base a partir del cual cuenta la UE).

O sea, más gas natural, más caro, y, claro, más gases de efecto invernadero
Pues bien, tras cinco años de Gobiernos Rajoy y parón casi absoluto del despliegue de potencia renovable (potencia que nos puede independizar energéticamente), el Ejecutivo parece ahora decidido -a 30 meses vista del horizonte 2020- a reactivar la máquina renovable. Y lo está haciendo a marchas forzadas. Así, en los últimos meses ha convocado hasta tres subastas de potencia (eólica, biomasa y fotovoltaica) que suman 6.700 megavatios (MW). Es más, las dos últimas subastas han sido convocadas en apenas unas semanas. La primera de las tres -700 MW- fue adjudicada en enero del año pasado; mientras que la última fue anunciada oficialmente el pasado viernes: 3.000 MW de nueva potencia eólica y fotovoltaica. Pues bien, es en ese anuncio donde el Gobierno reconoce por primera vez que no alcanzará el objetivo europeo: la nueva subasta -dice en su comunicado el Ministerio-

"permitirá a España avanzar significativamente en los objetivos de introducción de renovables establecidos por la UE para 2020". Eso sí, el país no alcanzará el objetivo comprometido: "nuestro país alcanzará un 19,5% de energía renovable sobre el consumo de energía final y se situará a solo cinco décimas del objetivo comunitario del 20%".

Pero, ¿realmente nos vamos a quedar a solo cinco décimas? ¿Habrá tiempo para instalar 6.700 MW de aquí a 2020?
El Ejecutivo Rajoy, que llegó a lomos de una formidable mayoría absoluta a finales de 2011, ha tardado casi un lustro en convocar su primera subasta (enero de 2016). La pregunta, tras un quinquenio perdido, es: ¿dónde están -en qué fase de obra- se encuentran ahora mismo los setecientos megavatios (500 eólicos y 200 de biomasa) adjudicados hace 18 meses? Sobre los 500 megas eólicos, la Asociación Empresarial Eólica -que presume de representar al 90% del sector- nos contaba hace unos días que no sabía en qué fase de desarrollo se encontraban. En fin: ¿será capaz el sector de instalar 6.000 MW de potencia renovable (los 3.000 subastados en mayo y los 3.000 que se supone serán adjudicados el próximo 18 de julio) antes del horizonte 2020? ¿Será capaz de instalar y conectar 50 megas cada semana todas las semanas que quedan de aquí al año 2020?

Borrador de la orden de subasta (de julio) que ha convocado el Gobierno

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Valeria Miranda Quiros
Claro que podemos alcanzarlo, siempre y cuando no den marcha atrás. Todos somos parte de este proceso y debemos luchar por conseguirlo.