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El Gobierno de la moratoria renovable y el impuesto al Sol quiere abrir ahora un proceso de consulta pública sobre la futura Ley de Cambio Climático

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El Partido Popular, que lleva un quinquenio gobernando España -Rajoy ganó sus primeras elecciones en noviembre de 2011- parece ahora decidido a "ecologizar" su discurso. Al menos, con declaraciones de buenas intenciones. La última manifestación verbal en ese sentido la ha hecho la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García Rodríguez, ante la Comisión para el estudio del cambio climático del Congreso. Allí, García Rodríguez ha anunciado que su Ministerio abrirá en las próximas semanas un proceso de consulta pública sobre la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En el otro plato de la balanza, el Ejecutivo Rajoy sigue permitiendo a las térmicas de carbón emitir hasta 7 veces más que la legislación europea e insiste en vetar el debate sobre el impuesto al Sol en el Parlamento (lo ha vetado dos veces en los últimos ocho meses).
El Gobierno de la moratoria renovable y el impuesto al Sol quiere abrir ahora un proceso de consulta pública sobre la futura Ley de Cambio Climático

García Rodríguez compareció ayer en la Comisión para el estudio del cambio climático del Congreso, donde ha detallado las medidas del Gobierno para hacer frente a los efectos del cambio climático y ha destacado los trabajos para elaborar el anteproyecto de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética "y la apertura en las próximas semanas de un proceso de consulta público previo a su redacción". La secretaria de Estado de Medio Ambiente ha resaltado la “gran participación” de todos los sectores en las recientes jornadas de debate de alto nivel organizadas en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para abordar la futura Ley, que “tiene que ser el instrumento que marque el camino para alcanzar los compromisos internacionales adquiridos en cambio climático, con el menor coste posible, aprovechando las posibilidades de desarrollo que puedan surgir del nuevo modelo económico”. Según una nota de prensa que difundió ayer el Ministerio de Medio Ambiente, en esas jornadas participaron unos 400 expertos que reflexionaron durante dos días en lo que el Ejecutivo califica como "el segundo gran hito en los trabajos previos a la redacción de la norma, tras la creación de un Grupo de Trabajo Interministerial".

El Acuerdo de París
Durante su comparecencia de ayer ante la comisión del Congreso, la secretaria de Estado de Medio Ambiente ha resaltado que, tras la decisión de Estados Unidos de abandonar el Acuerdo de París, la Unión Europea ha asumido el liderazgo para la consecución de los objetivos que establece, comprometiéndose a reducir al menos en un 40% los gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990. Según García Rodríguez, el compromiso de España con este Acuerdo “ni tiene marcha atrás ni es negociable”. La secretaria de Estado ha asegurado estar convencida "de que la transición hacia una economía baja en carbono supone también una clara oportunidad para todos nuestros sectores, tanto administración, como sector privado y sociedad civil; aquellos países que se sitúen a la cabeza de esta transformación -ha dicho- contarán con una clara ventaja competitiva y España no puede quedarse atrás”.

El compromiso del Ejecutivo
Sobre el compromiso del Gobierno en materia de cambio climático, García Rodríguez ha explicado que, en los próximos cuatro años, “seguiremos poniendo en marcha iniciativas que, mediante el diálogo y la sensibilización, permitan alcanzar nuestros compromisos para descarbonizar los principales sectores productivos, de manera compatible con el crecimiento económico y el empleo; y minimizar los impactos del cambio climático en nuestros sectores, ecosistemas y poblaciones más vulnerables”. La secretaria de estado considera así que, en esta Legislatura, “debemos avanzar aún más para cumplir con los objetivos que nos hemos marcado”. Según la nota difundida por el Ministerio, "España, en principio, debe reducir en un 26% sus emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores difusos para el año 2030, lo que supone casi triplicar el esfuerzo actual". Para alcanzar estas metas, el Ministerio apunta en su nota que está trabajando en la mencionada Ley, en la elaboración del Plan Nacional de Energía y Clima y, además, asegura que "preparará la hoja de ruta de los sectores difusos a 2030 y definirá una estrategia para la descarbonización de nuestra economía a 2050".

Continuación de la X Legislatura, que comenzó en 2011 y concluyó en 2016
Además, en esta Legislatura, el Gobierno asegura que quiere profundizar en la estrategia de incentivos puesta en marcha en la X Legislatura y que, así, "se elaborará el paquete de medidas en torno a la huella de carbono, su cálculo, reducción y compensación; se aprobará el segundo plan de contratación verde, y se potenciarán las actuaciones de adaptación al cambio climático". La secretaria de Estado ha hecho hincapié por otro lado en la necesidad de continuar trabajando en la concienciación de los ciudadanos para involucrarlos en la lucha contra el cambio climático: “tenemos que seguir trabajando para que la sociedad española conozca y entienda qué consecuencias tienen nuestros actos cotidianos en la generación de emisiones de CO2; hay que poner en relación directa nuestras acciones y sus resultados, ya que se traducen en emisiones de gases de efecto invernadero”.

Empresas
García Rodríguez anunció ayer por otro lado que "el Ministerio y una amplia representación de nuestro sector empresarial estamos trabajando para presentar una iniciativa conjunta en la próxima cumbre del clima COP 23: la Plataforma Nacional Española para la Acción Climática”. Según la secretaria de estado, esta Plataforma "pretende alinear los esfuerzos de lucha contra el cambio climático del sector privado español, con los que viene haciendo el Gobierno en sus distintos ámbitos de competencia". La Plataforma -ha dicho la secretaria de Estado- debe fomentar "el trabajo conjunto, con el objetivo de compartir e incorporar las mejores prácticas en los ámbitos de mitigación y adaptación, acelerando la acción climática; también persigue dar seguimiento a las actuaciones y medir su efecto en términos de reducciones de emisiones para trasladar al resto de la sociedad los resultados alcanzados”. Por último -explican desde el Ministerio-, la secretaria de Estado ha destacado, en cuanto a financiación climática, que "España está cumpliendo con sus obligaciones internacionales, movilizando 1.400 millones durante el periodo 2012-2015 e incrementando su contribución a países en desarrollo para alcanzar en 2020 los 900 millones de euros anuales".

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