El texto señala que las compañías estarán obligadas a garantizar que los eléctricos y aquellos que emiten menos de 50g de CO2 por kilómetro supongan un 35% de los coches y furgonetas nuevos en 2030 (un 20% en 2025).
Los eurodiputados instan, además, a la Comisión Europea a proponer, en un plazo de dos años, un mecanismo para medición de las emisiones de CO2 en condiciones reales de conducción, mediante un dispositivo portátil, similar al introducido recientemente para controlar la cantidad de óxido de nitrógeno (NOx).
Respecto a las posibles consecuencias sociales negativas de la reconversión ecológica en el sector de la automoción, los eurodiputados abogan por promover, sobre todo en las regiones más perjudicadas, la formación y recolocación de los trabajadores afectados. También piden apoyo para la fabricación dentro de la UE de baterías eléctricas. De acuerdo con los informes de la Comisión Europea, los objetivos de reducción de CO2 planteados supondrán la destrucción de 12.000 puestos de trabajo en el sector.
La Comisión Europea debe proponer, además, antes de que termine 2019, una legislación que permita a los consumidores conocer claramente las cifras de consumo de combustible y emisiones de CO2 y otros gases contaminantes de los vehículos nuevos. Y desde 2025, los fabricantes deberán informar a la Comisión sobre las emisiones de CO2 a lo largo de todo el ciclo de vida de los vehículos comercializados a partir de esa fecha en base a una metodología común.
A favor y en contra
"¡Victoria! Pese a las presiones del lobby automovilístico, el Parlamento Europeo ha decidido apostar claramente por la reducción de emisiones de los coches. Un 40% hasta 2030. Más ambición = más salud, más empleo y más futuro. ¡Que tome nota la Comisión Europea!", ha celebrado en la red social Twitter el eurodiputado de Equo Florent Marcellesi.
Por el contrario, el eurodiputado catalán Francesc Gambús, miembro de la Comisión de Medio Ambiente, que votó en contra, ha justificado su voto diciendo que "tenemos que ser ambiciosos, pero sin poner en peligro ningún puesto de trabajo" y ha pedido "realismo" para situar los objetivos de reducción de emisiones.
El informe ha contado con el apoyo de 389 eurodiputados. 239 votaron en contra y 41 se abstuvieron. Los ministros de los Estados miembros tienen previsto adoptar una posición común respecto a este asunto el próximo 9 de octubre. Las negociaciones con el Parlamento Europeo para llegar a un acuerdo en primera lectura comenzarán un día después.
