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In memoriam

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In memoriam

La Directiva europea de Emisiones Industriales (DEI) de 2010 establece una serie de valores límite de emisión: para partículas, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre. Límites de emisión a los que deben atender las centrales térmicas que queman carbón. Entre esos límites, la DEI 2010 establece los siguientes: límite de 200 mg/Nm3 para el dióxido de azufre; límite de 200 mg/Nm3 para los óxidos de nitrógeno; y límite de 20 mg/Nm3 para las partículas. La Directiva establece no obstante excepciones a esos límites, excepciones que permiten a las centrales emitir más. El Gobierno Rajoy se acogió a mediados de década a esa cláusula, redactó y aprobó un plan en 2016 (Plan Nacional Transitorio, PNT) y elevó ese trío de umbrales (200/200/20) hasta el paroxismo.

Un ejemplo: 1.750/3.000/280 en el caso de Velilla, la térmica de Iberdrola en Palencia. O sea, que a Velilla se le permitió emitir 1.750 mg/Nm3 en vez de 200 (caso de dióxido de azufre), 3.000 en vez de 200 (en el caso de los óxidos de nitrógeno) y 280 en vez de 20 (en el caso de las partículas). El PNT entró en vigor en 2016 y concluyó el pasado 30 de junio. La excepción estaba pensada para darle tiempo a las empresas a acometer las reformas necesarias para que esas emisiones se ajustaran a los valores límite DEI 2010, pero Iberdrola aprovechó la rendija, se coló, siguió contaminando (apuró hasta la última calada) y nunca acometió reforma en Velilla. Otras seis centrales han hecho lo mismo.

El Caso Iberdrola es curioso, porque esa marca parece estar siempre investida de un cierto halo verde que uno se pregunta de dónde diablos viene. Su presidente, José Ignacio Sánchez Galán, decía en 2010 (edición de 28 de abril de El País), que “si no se quiere incrementar sustancialmente el precio de la electricidad, es necesario demorar el crecimiento de las tecnologías más inmaduras: la termosolar y la fotovoltaica”. En noviembre del 11, durante la Cumbre del G-20, insistía en la idea de “el riesgo de llevar a cabo una implantación masiva de tecnologías de generación que todavía se encuentran en el comienzo de su curva de aprendizaje, como las solares”. En abril del 12, el director de Prospectiva Regulatoria de Iberdrola escenificaba en la Feria Genera, y ante un auditorio estupefacto, la presentación de su propuesta de impuesto al Sol (peaje de respaldo se le llamó entonces), otra andanada marca de la casa contra la fotovoltaica. En mayo de 2013, Greenpeace presentaba el informe Iberdrola: empresa enemiga de las energías renovables.

Sí, José Ignacio Sánchez Galán hablaba de inmadurez en 2010, de curva de aprendizaje en el 11 y de impuestos en el 12, mientras en Alemania instalaban, en esos tres años, más de 20.000 megavatios fotovoltaicos. Megavatios –“inmaduros”, según el visionario– que hoy generan seis veces más electricidad en aquel país que la que produce todo el parque FV nacional de España, parque cuyo crecimiento fue congelado durante ese trienio.

“Las renovables logran una participación récord del 55,8% en Alemania durante el primer semestre de 2020”, titulábamos hace solo unos días de la mano del prestigioso instituto alemán Fraunhofer ISE de Energía Solar, que acababa de publicar su balance semestral.

La Fundación Renovables presentó el mes pasado el informe Lecciones aprendidas para salir de la crisis, documento que denuncia sin rodeos las “campañas de manipulación social, tanto del gobierno como de los sectores que podían salir beneficiados” contra las energías renovables, campañas que se desataron en este país en aquellos años. “Política de desinformación planificada”, dice la Fundación en la página 43 de ese documento, en la que “los medios de comunicación fueron parte fundamental” y en la que “conocidos tertulianos y periodistas de cabecera” funcionaron como “correo de transmisión”. Esas campañas, que recorrieron toda una década (2009-2018), tenían como objetivo –viene a apuntar el informe– erosionar al sector entonces emergente de las energías renovables para que el oligopolio eléctrico mantuviese todo su poder atado y bien atado.

El Observatorio 2019 de Energía y Sostenibilidad en España, que elabora la Cátedra BP/Universidad Pontificia Comillas, revelaba hace solo unos días que la dependencia energética de nuestro país respecto del exterior se sitúa en un 89%. ¿Cómo va a pagar esa dependencia –fruto de los visionarios– la España que viene, la del Covid? 

Sí, de vez en cuando conviene hacer memoria.

Hasta el mes de septiembre.

Antonio Barrero F.
abarrero@energias-renovables.com

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