Joaquín Nieto
Presidente de honor de Sustainlabour
jqn.nieto@gmail.com
Ahora que el gobierno se había decidido, por fin, a cambiar sus políticas fiscales y reconocer que España necesita una mayor recaudación impositiva para desarrollar políticas sociales, habría sido una muy ocasión extraordinaria para implantar los llamados impuestos verdes –a los que más bien se les debería denominar impuestos a la contaminación– y especialmente una tasa al CO2. ¿Quién osaría oponerse a que las empresas y las personas que más contaminen paguen más que las empresas y personas que menos contaminen? Opositores habría, sin duda, empezando por la oposición, instalada en la descalificación a toda iniciativa del gobierno, y siguiendo por algunos sectores empresariales; pero sus argumentos serán poco convincentes.
Habría quien objetara que eso supondría un lastre para la competitividad de la industria española en relación con los países de su entorno, pero hay que tener en cuenta que la presión fiscal española es muy inferior a la europea; además no estaría mal que ese impuesto al CO2 se extendiera por toda Europa. La próxima presidencia española de la Unión Europea en el primer semestre de 2010 podría ser una buena ocasión para que el presidente Zapatero liderara una propuesta en esa dirección. Apoyos no le faltarían. Sarkozy, sin ir más lejos, se ha atrevido a anunciar un impuesto al CO2 que puede alcanzar los 17 € tonelada y parece que podrá convencer a la sociedad francesa de su idoneidad.
Decía que habría sido una buena ocasión, pero de momento se ha quedado en una oportunidad perdida. Se nos dice la tasa al CO2 no se ha contemplado en la reforma impositiva para abordarla después en la próxima Ley de Economía Sostenible, pero mucho me temo que han sido otras las presiones para evitar esa tasa y si no se ha sido capaz de plantearla ahora, cuando todo el mundo esperaba la subida de impuestos, las presiones en contra reaparecerán mañana en un contexto menos favorable para implantarla. Mejor pues que esta tasa esté contemplada en los presupuestos de 2010 que postergada a las calendas griegas.
Más allá del impuesto al CO2, la fiscalidad ambiental –que premie los comportamientos ambientalmente responsables y penalice los más contaminantes– es una asignatura pendiente en España. Todos saldríamos ganando: la economía, que sería más eficiente-; el medio ambiente, que estaría más protegido; y la justicia social, pues los colectivos más vulnerables y quienes menos consumen y menos contaminan pagarían menos y recibirían más. Joan Herrera presentó recientemente en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa, elaborada conjuntamente con Comisiones Obreras, Ecologistas en Acción, WWF-Adena y Greenpeace, que contemplaba una veintena de figuras fiscales para cambiar la fiscalidad en esa dirección, entre ellas –además de un impuesto a la energía nuclear– la tasa al CO2.
El momento económico sigue siendo una magnífica oportunidad para implantarla. Un impuesto como el decidido por Sarkozy, en España podría permitir la recaudación de unos 7.500 millones de € al año, lo que representaría una buena ayuda para financiar políticas de estímulo, como las que deberán contemplarse en la mencionada Ley de Economía Sostenible, dirigidas a cambiar el modelo productivo y a financiar la investigación e innovación que están siendo las grandes perdedoras con la crisis. Pero eso, como diría Kipling, es otra historia… ¿O es la misma?
