Joaquín Nieto
Presidente de honor de Sustainlabour
jqn.nieto@gmail.com
El transporte es responsable de 1/4 de las emisiones españolas de CO2 que han crecido el 88% desde 1990, más del doble que el resto. La factura de las importaciones españolas de petróleo es alrededor de 50.000 M€, desequilibrando la balanza comercial en una economía globalizada y cada vez más competitiva. Las externalidades económicas asociadas al transporte representan en España según el informe europeo Infras/IWW ¡un 9,6% del PIB! Las ineficiencias energéticas del sistema de transporte español explican la alta intensidad energética de su sistema productivo. El 70% del espacio urbano está dedicado a los coches. A pesar de los avances en seguridad vial, las muertes en accidente de tráfico siguen siendo causa principal de mortandad juvenil y de muertes laborales; y 16.000 personas mueren anualmente por la contaminación causada por los coches.
Esto es así como consecuencia del reparto modal del trasporte terrestre en España, que en pasajeros-km es 81,4% automóvil, 11,8% autobús, 5,3% ferrocarril, 1,5% metro/tranvía. En el caso de las mercancías la carretera se acerca al 100%, siendo el ferrocarril cada vez más residual, apenas el 3%. Con todos estos datos encima de la mesa hay una conclusión aplastante: reducir las emisiones, sanear la economía española y equilibrar su balanza comercial, optimizar el uso del espacio urbano, mejorar la eficiencia energética, evitar miles de muertes por accidente y enfermedad… se podría lograr con un cambio drástico en el sistema de trasporte, cambiándolo por una movilidad sostenible.
Esa movilidad sostenible existe. Hay países de nuestro entorno que la vienen practicando con buenos resultados y ciudades, como Friburgo, que han conseguido aplicarlas con notable éxito. Consiste básicamente en más transporte público y un reparto modal que priorice el ferrocarril y los medios no motorizados. Implica también una accesibilidad más justa, más beneficiosa para los colectivos más desfavorecidos –como jóvenes, mujeres, inmigrantes, personas mayores o habitantes rurales– pues el 30% de los hogares no dispone de coche y el 51% de los mayores de 18 años no tienen carnet de conducir.
Esa movilidad sostenible es bien conocida, incluso por los responsables gubernamentales de las políticas de transporte, que saben hacer preciosos preámbulos en las leyes y planes de transporte alabando las virtudes de la movilidad sostenible, mientras que dedican los capítulos de inversiones a favorecer la carretera, como siempre.
Si las políticas de movilidad sostenible existen y los responsables políticos las conocen y alaban… ¿Por qué no se aplican? ¿Dónde está el problema? Cherchez l´argent! Habrá que buscar en los intereses económicos en juego. Incluso ahora, en tiempos de crisis, que aconsejan huir de la economía del ladrillo –y de las políticas urbanísticas, de ordenación del territorio y de infraestructuras de transporte que las acompañaban– esos intereses siguen presionando, desgraciadamente con éxito?, para que se aceleren las inversiones en públicas en infraestructuras que apuntalan el modelo insostenible de trasporte que venimos padeciendo. Mientras, las promesas de legislar a favor de la movilidad sostenible se diluyen y sustituyen por estrategias y documentos varios con poco o nulo valor ejecutivo.
La sociedad civil se mueve. Sin ir más lejos se acaban de realizar unas jornadas sobre planes de trasporte a los centros de trabajo, con numerosas experiencias y buenas prácticas que muestran cómo se podría reorganizar los desplazamientos domicilio lugar de trabajo que representan una buena parte de la movilidad cotidiana. También numerosos municipios implementan con voluntarismo políticas interesantes, como lo es la extensión del bicing en sus diferentes variantes.
Pero todos esos esfuerzos necesitan complementarse con un cambio radical de políticas. El anuncio de reorientación económica hacia un nuevo modelo hecho por el presidente Zapatero al anunciar una ley de economía sostenible va en la buena dirección, pues es la economía verde la que podrá permitirnos no sólo salir de la crisis, sino salir con otro modelo menos insostenible. Pero ese anuncio se quedará en palabras vacías si no va acompañado de una reorientación profunda de las políticas de transporte.
