Joaquín Nieto
Presidente de honor de Sustainlabour
jqn.nieto@gmail.com
En Copenhague los gobiernos han sido incapaces de alcanzar un acuerdo legalmente vinculante que ofreciera al mundo la garantía de que se van a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de manera que se evite un cambio climático catastrófico. Esto no sólo tendrá consecuencias muy dañinas para las víctimas del cambio climático, sino que retrasará las transformaciones económicas y energéticas que en cualquier caso habría que hacer dada la insostenibilidad del modelo vigente.
Copenhague no significa el fin de la agenda climática, pues desgraciadamente el calentamiento global es una realidad inequívoca y sus consecuencias van a seguir manifestándose con virulencia. Tarde o temprano, los gobiernos tendrán que llegar a acuerdos para mitigar el cambio climático reduciendo las emisiones, la economía tendrá que ser baja en energía y carbono y basarse en recursos renovables.
No hay plan B, porque no existe un planeta B que lo sustente. Una actuación temprana permitiría reducir el número de víctimas que perderán sus hogares, su empleo, su salud o su vida y permitiría hacer de la transición hacia la nueva economía una oportunidad para desarrollar un modelo productivo más sostenible; mientras que una acción tardía multiplicará los costes y las víctimas y obligará a emprender actuaciones con resultados sociales más adversos.
En Copenhague hemos asistido al intento de desmontar una agenda climática basada en acuerdos vinculantes bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, como el Protocolo de Kioto, para sustituirla por declaraciones voluntarias y pactos de interés de Estados Unidos con las potencias emergentes, desplazando a los principales artífices de la agenda climática: Europa, la sociedad civil y la comunidad científica.
De ahí la inmensa responsabilidad de la presidencia española de la Unión Europea. Europa debería retomar la iniciativa para recuperar el liderazgo perdido a favor de una agenda climática ambiciosa. Si no lo hace podría perderlo para siempre. A la presidencia española le correspondería encabezar las propuestas que lo hagan posible, elevando al 30% el compromiso europeo de reducción de sus emisiones para 2020, aunque los demás lo hagan, así como los objetivos en energías renovables y ahorro energético, de manera que el 20/20/20 se convierta en un 30/30/30 en 2020, lo que le permitiría relanzar la economía europea y salir de la crisis con millones de empleos verdes y un modelo de futuro.
Pero no parece ser el camino emprendido. De momento, la carta de compromiso europeo enviada a Naciones Unidas tras Copenhague se limita al 20% de reducción para 2020 en relación a 1990 que sólo elevaría al 30% condicionado a que los demás hicieran ‘esfuerzos comparables’. Pero el criterio de comparabilidad, en un contexto de ‘geometría variable’ por falta de acuerdo vinculante, ya no sirve. Además, ¿comparables con qué? La UE sabe muy bien que Estados Unidos tiene intención de limitar su reducción de emisiones el 17% respecto a 2005, lo que equivale a un 3,5% en relación a 1990, y que no piensa cambiar, con lo que la condicionalidad europea convierte en una mera excusa para no hacer lo que hay que hacer.
Se da la paradoja de que una reducción tan escasa como la norteamericana –y tan alejada de los criterios científicos que recomiendan reducir entre un 25% y un 40% para 2020 en relación a 1990– significaría sin embargo que en la próxima década la reducción norteamericana sería del 17%, dado que sus emisiones actuales son similares a las de 2005, mientras que la reducción Europea sería tan sólo del 14%. O sea que en los próximos diez años, si Europa se queda en el 20% reduciría menos que Estados Unidos. ¿Así pretende la presidencia española recuperar el liderazgo europeo perdido en Copenhague?
