El pasado 22 de abril España firmó en la ONU la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, acordada en París hace cuatro meses, y se comprometió a reducir las emisiones un 40% en 2030. En julio se negociará en Bruselas cómo se concreta dicho compromiso para, a continuación, ratificar el nuevo tratado internacional.
España está muy alejada de la senda de reducción de sus emisiones. El PIB sigue conectado al aumento de CO2. Las emisiones han caído solo en los años de recesión, de 2008 a 2013, y se han incrementado con crecimiento del PIB, como ha sucedido hasta 2008, en 2014 y 2015. Los países que más han progresado en la reducción de emisiones lo han hecho con más renovables, ahorro de energía e impuestos al carbono. En España, por el contrario, la política energética ha contribuido a la carbonización de la economía incentivando el consumo de hidrocarburos en todos los usos de la energía, sin fiscalidad ambiental.
La reforma energética de los últimos gobiernos ha frenado las medidas contra el cambio climático. La retroactividad de 2010 y la moratoria ilimitada aprobada en 2012 han eliminado la inversión renovable. La estrategia de rehabilitación de 2014 prescinde de las renovables, del autoconsumo y del CO2 para promover el gas natural. La estrategia del vehículo alternativo de 2015 duplica los objetivos del autogás sobre los del vehículo eléctrico y la subida del término de potencia en el recibo de luz obstaculiza el ahorro de energía. El mayor esfuerzo se ha dirigido a rentabilizar la sobrecapacidad de infraestructuras gasistas innecesarias, mientras se continúa regalando los derechos de emisión a las empresas.
Un 40% de reducción de emisiones en 2030 significa un cambio de paradigma energético hacia la electrificación con renovables que obliga a triplicar la potencia renovable actual, cerrando las térmicas de carbón y de gas más contaminantes, a que toda la edificación sea de consumo de energía casi nulo y que el 100% de los vehículos sean eléctricos. La generación descentralizada y el almacenamiento representan el nuevo modelo energético para integrar la energía limpia de forma masiva, preferentemente en las ciudades.
La regulación española no permite este cambio de paradigma y lo ha demonizado ante la opinión pública. Esta tarea ha contado con el postureo climático de gobernantes y políticos. Desde Copenhague hasta París, cada vez que han acudido a las cumbres del clima y han defendido las renovables, a la vuelta han aprobado las cuotas y ayudas al carbón, la retroactividad y la moratoria renovable o la ley que incentiva la exploración de hidrocarburos y fracking. De tal manera que hasta en la actual legislatura ha sido más amplio y fácil el consenso parlamentario para subvencionar el carbón nacional que para derogar el decreto de autoconsumo. Infame.
La explicación es muy simple. La decisión sobre los límites a las emisiones está en manos de las compañías energéticas y aquí el regulador es el regulado, es decir, el que contamina. De esta manera, España ha pasado de ser líder mundial en renovables a ser de los primeros importadores mundiales de petróleo y gas, el primer importador de gas de Europa, el primer re-exportador de GNL del mundo y el primer importador de gas esquisto de EEUU.
No queda tiempo. La transición energética en España requiere también una transición política. Se necesita un “big bang” energético que lleve a cabo el gran cambio de supeditar la política económica al medio ambiente y expulse de la vida pública la actitud falsa con respecto al cambio climático.
