La resaca de la COP25 ha continuado con el escaso interés que ha suscitado el Pacto Verde aprobado por el Consejo Europeo el 13 de diciembre. Sin embargo, el giro que ha adoptado, al incluir que la nuclear y el gas pueden calificarse como actividades sostenibles, debería levantar las alarmas ante una decisión que hará imposible que Europa reduzca sus emisiones un 55% en 2030, que es la meta final del Pacto Verde, con energía, limpia, barata y autóctona.
El aterrizaje de Úrsula von der Leyen como Presidenta de la Comisión Europea está caracterizado por una ambigüedad en la que nada es lo que parece. Si se decide alcanzar la neutralidad climática a través de la neutralidad tecnológica y que el gas y la nuclear, o lo que es lo mismo, la contaminación por el metano y por la radioactividad, gocen de etiqueta verde, como las energías renovables y la eficiencia energética, se habrá producido un cambio radical en la política energética de la UE.
Las nuevas directivas de renovables, eficiencia energética de edificios, mercado interior de la electricidad y reglamento sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, en vigor desde 2018 y 2019, son las que determinan el modelo de transición energética en Europa y en ellas la nuclear y el gas no se citan nunca como energías de transición o de respaldo a las renovables.
El blanqueo de la energía nuclear y del gas se veía venir cuando a finales de noviembre el Parlamento Europeo declaró la emergencia climática, incluyendo la nuclear como fuente que puede ayudar a alcanzar los objetivos climáticos porque no emite CO2. Dos meses antes, la nueva comisaria europea de energía, la estonia Kadri Simson, ante el Parlamento Europeo, apostó por el gas como una de las claves de la transición energética por "ser una energía limpia”.
La inconsistencia del Pacto Verde
• El Pacto Verde carece de solidez por falta de respaldo presupuestario. Necesita una inversión de 260.000 millones de euros anuales, el 1,5% del PIB europeo. El marco presupuestario de la UE 2021-2027 se está debatiendo actualmente y frente a la propuesta de la Comisión para que se eleve hasta el 1,5% del PIB comunitario, Alemania y Países Bajos lideran una propuesta más restrictiva para que no supere el 1%. La reforma de la fiscalidad ambiental puede contar con un rechazo aún mayor, por lo que la financiación de la principal estrategia europea de crecimiento puede reducirse a la iniciativa de los EEMM y la inversión privada.
• La taxonomía para identificar qué inversiones son sostenibles aún está por decidir. Sin embargo, cuatro días después de la aprobación del Pacto Verde, los 28 gobiernos acordaron los criterios para clasificar qué inversiones se considerarían verdes. El pre acuerdo fue posible al abrir la posibilidad de que la energía nuclear y el gas puedan catalogarse como fuentes facilitadoras de la transición energética y la descarbonización.
La presión de Francia por sus nucleares y de Alemania por el gas ruso han forzado este pre acuerdo que aún deberá ser aprobado por la Comisión, el Parlamento y el Consejo europeos. La etiqueta verde a la nuclear y el gas les permitirá acceder a fondos europeos y nacionales en detrimento de las renovables y la eficiencia energética.
Se da la circunstancia de que Francia se enfrenta a la ruina de su industria nuclear, sin recursos para afrontar el mantenimiento de sus 58 centrales y el encarecimiento de las nuevas plantas de Flamanville y Reino Unido. Alemania ha impulsado el segundo gasoducto del Báltico, Nord Stream II, para duplicar el bombeo del gas de Gazprom a Europa, aumentando la dependencia del gas ruso.
• La Transición Justa se concreta en un fondo de 100.000 millones para las regiones mineras. Es la medida que acabó con el veto de Polonia, que trata al carbón como la única actividad afectada por el cambio climático y permitirá continuar su actividad diez años más. La transición justa se convierte en un instrumento oportunista y no en la transformación del empleo y la economía europea a través de las nuevas especializaciones productivas que exige la extensión masiva de la eficiencia energética, la gestión de la demanda y las renovables.
Las 5 modificaciones que deben incluirse en el Pacto Verde
1 La hoja de ruta hacia la descarbonización de Europa en 2050 está recogida en el conjunto de directivas, reglamentos y recomendaciones aprobados entre 2018 y 2019, dentro del “paquete de invierno” de 2016. El modelo de transición energética que establecen es el de la más alta eficiencia energética con generación distribuida, gestión de la demanda y la participación de los consumidores. La combinación de renovables con baterías de almacenamiento hace innecesaria la generación de respaldo para garantizar la seguridad de suministro. El Pacto Verde no debe apartarse de la hoja de ruta de las directivas europeas.
2 Los criterios de política energética de la UE en la anterior década fueron la de una energía limpia, barata y segura. La taxonomía ahora pre acordada incumple estos criterios sobre la base de una pretendida neutralidad tecnológica o de mercado por la que todas las tecnologías han de estar en igualdad de condiciones para combatir el cambio climático. Es el argumento del lobby del gas, del petróleo y de las nucleares para monopolizar los ingresos del sistema energético en un modelo centralizado y vertical.
El Pacto Verde no debe aceptar la sostenibilidad de la nuclear y el gas porque es contraria a la protección de los consumidores y del medio ambiente, al ser fuentes que encarecen la energía, contaminan y elevan las importaciones energéticas.
3 El concepto de transición justa se desvirtúa al limitarse a ayudar a las regiones mineras, que llevan décadas percibiendo ayudas europeas y nacionales sin evaluación ni trasparencia. El Pacto Verde debe basar la transición justa en el enorme potencial de los yacimientos de empleo de la eficiencia energética en la edificación y el transporte y en el fomento de las renovables a través del autoconsumo con almacenamiento, el autoconsumo compartido, las comunidades de renovables y las comunidades ciudadanas de energía.
El empleo de calidad está asociado a las nuevas especializaciones productivas de la transición energética y al cambio de modelo de crecimiento. Ahí es donde han de dirigirse las políticas activas de empleo y de formación profesional.
4 La reciente sentencia del Tribunal Supremo de Países Bajos ordenando a su gobierno proteger a sus ciudadanos del deterioro del medio ambiente crea un nuevo derecho, el derecho a la vida a través de la calidad del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. El metano y la contaminación radioactiva representan una amenaza al derecho a la vida de los ciudadanos europeos.
El Pacto Verde ha de reconocer el nuevo derecho de ciudadanía que antepone los derechos de las personas a los intereses de las políticas y sectores empresariales contaminadores.
5 El Pacto Verde ha de basar la energía barata y limpia en la más alta eficiencia y en la reducción al mínimo de las importaciones energéticas. La taxonomía de las inversiones energéticas debería contemplar estos factores con tanta prioridad como las emisiones de cada fuente de energía. La geopolítica del gas y la nuclear no favorece los intereses europeos y la autosuficiencia energética de Europa debe basarse en liderar en el mundo la transición energética a través de la generación distribuida, la gestión inteligente de la demanda, la movilidad eléctrica, las baterías de almacenamiento y el hidrógeno renovable.
Estamos a tiempo de modificar las incoherencias del Pacto Verde porque aún ha de debatirse en las instituciones europeas. Es urgente que la misma sociedad que despertó durante la COP 25 exija un Pacto Verde europeo pensado para proteger a los ciudadanos y al medio ambiente y no a las actividades contaminadoras.
Este artículo se publicó originalmetne en La Oficina de JGB
