Activistas de Greenpeace protestan en la sede de la empresa ACS (del grupo empresarial de Florentino Pérez) para denunciar su responsabilidad, a través de su filial Grupo Cobra, en el daño ambiental y social provocado por un proyecto hidroeléctrico en el río Cahabón, en el departamento de Alta Verapaz, en Guatemala, que ha afectado a casi 30.000 habitantes de la zona. Los activistas han desplegado pancartas con el mensaje “ACS destruye los ríos de Guatemala” y han cerrado la llave general de paso del agua de las oficinas centrales en la calle Pío XII "para sensibilizar a los responsables de la empresa, aunque sea de forma simbólica, sobre la dificultad de mantener cualquier actividad sin este valioso recurso".
Cobra
ACS, a través de su filial Grupo Cobra, ha participado como subcontrata en varias fases del complejo hidroeléctrico Renace, una infraestructura que, según denuncian Greenpeace y otras organizaciones no gubernamentales, ha alterado profundamente el río Cahabón a lo largo de 30 kilómetros. Según los ecologistas, "además de las graves carencias del procedimiento de evaluación ambiental y los fallos en el proceso de consulta a los pueblos indígenas, el proyecto ha producido un daño ambiental significativo". Entre otras cosas, la obra "ha acarreado la reducción drástica del caudal del río que ha supuesto la merma del derecho al acceso al agua potable para casi 29.000 habitantes de la comunidad quekchí".
Persecución de activistas medioambientales
Como participante en la construcción de las obras del complejo hidroeléctrico Renace, "el Grupo ACS -considera Greenpeace- tampoco puede eludir su responsabilidad en el problema de la criminalización y persecución del movimiento de oposición a esta infraestructura". La organización ecologista se refiere a lo sucedido el pasado martes, 30 de enero, fecha en la que que Bernardo Caal Xol, líder indígena del pueblo quekchí opuesto a los megaproyectos hidroeléctricos, fue detenido y encarcelado (hoy, 75 días después, continúa en prisión). La situación de Bernardo Caal -apuntan desde Greenpeace- recuerda a la actividad de la líder hondureña Berta Cáceres, que fue asesinada y cuyo caso ha llegado incluso al Parlamento español.
Libertad para los líderes indígenas
Por todo ello, el portavoz de Greenpeace España, Miguel Ángel Soto, ha pedido "la libertad de los líderes indígenas que están siendo perseguidos por oponerse a estos proyectos. Lo que les pase a los que alzan su voz contra estos proyectos es también responsabilidad de las empresas que participan en su construcción”. Soto ha denunciado en ese sentido "que empresas como ACS puedan participar en la degradación ambiental y la violación de los derechos humanos en otros países, con la cobertura y el beneplácito del Gobierno español".
Naciones Unidas
El portavoz de Greenpeace España recuerda en ese sentido los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, carta según la cual todas las empresas deben respetar los derechos humanos "independientemente de su tamaño, sector, contexto operacional, propietario y estructura”. Soto ha pedido "la libertad de Bernardo Caal y el cumplimiento del principio de la Diligencia Debida, donde el respeto de los derechos humanos es extensible a todas las empresas, sin diferencias entre empresas contratistas y subcontratistas”.
Greenpeace también cree necesario avanzar durante el año 2018 en la redacción y aprobación en el marco de Naciones Unidas de un tratado internacional vinculante sobre transnacionales que asegure el desarrollo de normas obligatorias que acaben con la impunidad actual y asegure que las personas jurídicas puedan ser interpeladas por instituciones penales por sus actividades extraterritoriales.
“Esperamos que España y el resto de países de la Unión Europea no intenten hacer descarrilar este proceso histórico”, ha señalado Soto. “Los Principios Rectores y los códigos de conducta voluntarios están fallando estrepitosamente y hace falta avanzar hacia un marco jurídico de obligado cumplimiento”.
El caso del Grupo Cobra/ Grupo ACS en Guatemala fue incluido por Greenpeace en el informe Justicia para las personas y el planeta. Por el fin de la impunidad de las grandes corporaciones, presentado públicamente en el Foro Económico Mundial de Davos en enero de 2018. En dicho informe se recopilaron otros 20 casos de malas prácticas empresariales y se proponen 10 principios fundamentales para evitar que las empresas cometan abusos al medio ambiente y a los derechos humanos.
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