Salto de Chira -informa el gobierno canario- es "un proyecto público promovido por el Cabildo de Gran Canaria, a través del Consejo Insular de Aguas, propietario de las presas de Chira y Soria, aunque se trata de un proyecto estratégico en el que también intervienen el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España". La central será pública, aunque será construida y operada en régimen de concesión administrativa por Red Eléctrica de España. REE es una empresa semipública, ya que un 20% de sus acciones pertenecen al Estado, que es el único accionista que supera el 3% (el resto no puede vender a otros accionistas, sindicarse o a eléctricas). El Cabildo realizó la concesión a REE por obligación legal, ya que la Ley 17/2013 establece que este tipo de instalaciones tienen que estar gestionadas por el operador del sistema, que en España es en exclusiva Red Eléctrica. Es decir, es quien realiza en exclusiva el transporte de la energía y garantiza el correcto funcionamiento del sistema de suministro eléctrico, así como la continuidad y seguridad del suministro de energía eléctrica.
Pues bien, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias acaba de aprobar la declaración de impacto ambiental (DIA) de la central hidroeléctrica reversible de Salto de Chira. Según Red Eléctrica de España, Salto de Chira ha sido diseñada "para reforzar la seguridad del sistema eléctrico y avanzar en la transición energética en Gran Canaria, y es una herramienta fundamental para incrementar la integración de energías renovables y reducir las emisiones de CO2".
La instalación funcionará así: una planta potabilizadora ubicada en Santa Águeda (Arguineguín) desalará agua del mar. Cuando las centrales solares y eólicas de Gran Canaria estén produciendo más energía de la que se está consumiendo, se utilizará ese excedente para bombear esa agua hasta el embalse de Chira en el que quedará almacenado. Cuando sea necesario, porque no hay suficiente viento o sol, se dejará caer esa agua hasta el embalse de Soria, agua que impulsará unas turbinas que generarán así energía también renovable.
Además -informa el Gobierno de Canarias- en este proceso se generará un excedente de unos 700.000 metros cúbicos de agua que serán utilizados para impulsar la agricultura y la ganadería en la cumbre de Gran Canaria, para la reforestación, la lucha contra los incendios forestales y, en general, para frenar la desertización de la isla, uno de los principales problemas ambientales que afrontamos derivados del cambio climático.
La obra va a demandar una inversión de alrededor 400 millones de euros por parte del Estado y REE prevé que rebajará en 122 millones al año los sobrecostes de producir de energía en Canarias. Según el Anuario Energético de Canarias 2019, solo el 15% de la electricidad que usó la isla de Gran Canaria ese año salió de fuentes limpias, mientras que el 85% de esa electricidad fue producido con derivados del petróleo. REE prevé que Chira eleve ese 15 hasta el 51 en 2026, cuando estima comenzará a operar la nueva infraestructura.
En concreto, el proyecto contempla la construcción de una central hidroeléctrica de bombeo de 200 MW (que representa alrededor del 36% de la punta de demanda de Gran Canaria) y 3,2 GWh de almacenamiento, una estación desaladora y las obras marinas asociadas, así como las instalaciones necesarias para su conexión a la red de transporte.
Según Red Eléctrica de España, los beneficios que aportará al sistema eléctrico canario son los siguientes
REE ya ha anunciado que, "una vez obtenidas las autorizaciones administrativas correspondientes, se iniciarán las obras del proyecto, comenzando con la construcción de la estación desaladora de agua de mar (EDAM) de Arguineguín para producir el agua necesaria para el funcionamiento de la central hidroeléctrica reversible".
El proyecto, según la metodología utilizada por Red Eléctrica, supondrá la creación de más de 4.300 puestos de trabajo, de los cuales, 3.518 se generarían en Gran Canaria (1.423 puestos directos, 1.987 indirectos y 109 inducidos).
El presupuesto del proyecto ronda los 400 millones de euros, una inversión que realizará la empresa que tiene la concesión administrativa, Red Eléctrica de España (REE). Una vez construida la central, REE pagará al Cabildo de Gran Canaria un canon anual de 6 millones de euros que la institución ya se ha comprometido a invertir para abaratar el coste del agua para el sector primario.
El Gobierno canario acaba de dar luz verde al proyecto
El Servicio de Biodiversidad de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente, como organismo competente en la materia, informó favorablemente el pasado 31 de julio sobre las actuaciones previstas, concluyendo que "no son susceptibles de afectar de forma apreciable a los lugares incluidos en la Red Natura 2000, siempre que se haga efectivo el cumplimiento de las medidas que han sido asumidas por el promotor a lo largo del trámite de evaluación ambiental".
Además, el Ejecutivo grancanario ha anunciado que "teniendo en cuenta la importancia del proyecto, se creará una Comisión Técnica de Seguimiento, conformada por todos los agentes implicados, para supervisar el desarrollo del proyecto y contribuir a la aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental".
En esta declaración se establecen 12 condicionantes diferentes, con el objetivo de que se eviten o minimicen al máximo los posibles efectos de la actuación proyectada y que esta sea viable desde un enfoque ambiental. En primer lugar, se aclara que cualquier modificación del proyecto evaluado o de las medidas establecidas deberá remitirse a la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente para emitir un nuevo informe sobre la misma, no pudiéndose iniciar las obras correspondientes hasta que se obtenga un informe favorable de estos cambios.
Entre otras medidas, se establece que el promotor, antes de iniciar los trabajos, deberá presentar un estudio en detalle de la presencia e inventario de las especies autóctonas e invasoras presentes en la zona del cauce del Barranco de Arguineguín, incluyendo especies protegidas y hábitats de interés comunitario, para elaborar los protocolos correspondientes de actuación sobre las mismas. En este sentido, se deberá realizar un control y eliminación de especies exóticas invasoras presentes en el ámbito del proyecto.
A su vez, el promotor deberá adaptar el cronograma de obras y tomar las medidas adicionales oportunas de control del ruido, para evitar cualquier molestia a la población del entorno en el que se desarrollarán estas labores.
El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) del proyecto hará un seguimiento exhaustivo de especies terrestres y aves que puedan encontrarse en las proximidades de las obras o en el enclave escogido para la central. En el caso de apreciar una afección significativa, se pondrá en conocimiento de la Dirección General de Biodiversidad y se tomarán las medidas oportunas. Asimismo, se incluirán indicadores específicos para el seguimiento del estado de conservación de Hábitats de Interés Comunitario.
El PVA analizará de manera periódica los efectos indirectos, acumulativos y sinérgicos que tanto las obras como el vertido de salmuera puedan generar sobre el medio marino. En función de los resultados obtenidos, el seguimiento podrá ampliarse cuando sea oportuno.
