La federación fotovoltaica, que está integrada por la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), la Sección Fotovoltaica de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA Fotovoltaica) y la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF); recuerda al consejero delegado de Gas Natural Fenosa que tres comunidades autónomas denunciaron al gobierno ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto-Ley con el que el Ministerio de Industria dirigido por Miguel Sebastián recortó las primas a las plantas fotovoltaicas en operación. Un RD-Ley que también provocó la denuncia de un grupo de inversores internacionales por entender que se había vulnerado el principio de seguridad jurídica contemplado en la Carta de la Energía de la Unión Europea, y el reproche del Comisario Europeo de Energía.
A continuación se reproduce literalmente el comunicado hecho público por UNEF:
“La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) condena enérgicamente las manifestaciones del consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, quien sostuvo ayer que recortar las primas a las renovables en operación “no supondría ningún problema de seguridad jurídica”. Indudablemente, otra cosa muy diferente opinan los inversores en energías renovables.
Buena prueba de que adoptar medidas como las planteadas por Rafael Villaseca sí produce grave inseguridad jurídica son los miles de litigios abiertos en tribunales nacionales e internacionales contra el Real Decreto-Ley 14/2010, que ha recortado la retribución de todas las instalaciones fotovoltaicas en operación. Hasta las comunidades autónomas de Murcia, Valencia y Extremadura mantienen recursos en el Tribunal Constitucional contra la citada norma.
UNEF muestra su perplejidad e indignación ante el hecho de que tanto Gas Natural Fenosa como el resto de las grandes eléctricas españolas se arroguen la exclusiva de la seguridad jurídica en España, como si les competiera solo a ellas y debieran ser sus exclusivas beneficiarias.
Rafael Villaseca ha convertido en rutina verter insidias contra las renovables durante sus intervenciones públicas. En ese sentido, UNEF cree que ese pertinaz desprestigio contra las renovables podría ser una cortina de humo con la que esconder malas inversiones, y recuerda que su opinión carece de relevancia en comparación con la incuestionable solidez que debe tener la seguridad jurídica de un país.
La Federación ironiza también sobre el alcance de las declaraciones de Rafael Villaseca, que guardan un triste y marcado paralelismo con las empleadas estas últimas semanas por la presidenta de Argentina contra otra empresa española, Repsol, socio de referencia de la propia Gas Natural Fenosa.
Oídos sordos
En consecuencia, UNEF solicita a los agentes políticos y sectoriales que desoigan ese tipo de declaraciones interesadas, puesto que carecen de rigor, desinforman y buscan confundir a los consumidores finales.
UNEF quiere aprovechar su réplica a Rafael Villaseca para recomendar una vez más que los agentes sectoriales y los poderes públicos abran una mesa de diálogo que resuelva de forma consensuada el déficit de tarifa, el único problema de fondo del sistema eléctrico español.
Para la federación, dicha mesa debería convocarse asumiendo dos principios iniciales básicos: el rechazo de cualquier medida retroactiva o que genere inseguridad jurídica, y el convencimiento de que la única solución eficaz pasa por reformar a fondo y entre todos el mercado eléctrico.
Para UNEF, la retroactividad a las renovables propuesta por Gas Natural Fenosa carecería de sentido. En vez de ella, recomienda acabar con el oligopolio en generación, distribución y comercialización de electricidad, una concentración que ha venido agravándose en los últimos quince años y que contraviene el sistema abierto, transparente y de libre competencia reconocido en la vigente Ley 54/1997, del Sector Eléctrico.
UNEF plantea repartir equitativamente el recorte de costes entre las distintas tecnologías, y aplicar a la vez una batería de doce medidas esenciales, para impulsar la modernización y eficiencia del sistema, con las que se podría conseguir un ahorro superior a los 11.600 millones de euros”.
Más información:
www.unef.es
