El Grupo Parlamentario Socialista, el de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el de Ciudadanos, Esquerra Republicana de Catalunya, el Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu, Coalición Canaria, Compromís, el PDECat (antes Convergència i Unió), el Partido Nacionalista Vasco y Nueva Canarias (Pedro Quevedo) firmaron en febrero del 16, en el Congreso de los Diputados, un «Acuerdo de Compromiso para el Desarrollo del Autoconsumo Eléctrico» que incluía la derogación del impuesto al Sol. Yo estuve allí, en el acto formal de la presentación, lectura y suscripción del documento. Y los vi a todos, firmando, y haciéndose la foto a las puertas del Congreso.
Todos esos partidos sumaban y suman 213 escaños, es decir, que constituyen la mayoría más abrumadora -el consenso más amplio- que quepa imaginar a día de hoy. A pesar de ello, el autoconsumo -catorce meses después de aquel gesto- sigue secuestrado en los despachos del ministerio. Y sigue ahí porque, en la Mesa del Congreso, Ana Pastor, Rosa María Romero y Alicia Sánchez-Camacho (del Partido Popular) y Patricia Reyes y José Ignacio Prendes (de Ciudadanos) decidieron el mes pasado –marzo del 17- evitar que la Proposición de Ley para el Fomento del Autoconsumo Eléctrico que habían impulsado PSOE, Podemos y otros grupos llegara al Parlamento (el PP vetó esa Proposición -Ana Pastor, Romero y Sánchez-Camacho- y Ciudadanos -Reyes y Prendes- no se opuso a ese veto).
Esos cinco representantes electos forman parte de la Mesa del Congreso, que está integrada por nueve diputados: los susodichos, más dos representantes del Grupo Parlamentario Socialista y otros dos del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Aun dando por sentado que Ciudadanos haya cambiado de bando (traicionando a sus votantes y olvidándose de su firma en aquel «Acuerdo de Compromiso»), la mayoría parlamentaria sigue siendo absoluta. Porque aunque le restemos los 32 diputados de Ciudadanos a los 213 que firmaron aquel documento, aún serían 181 los partidarios del autoconsumo sin impuesto al Sol, o sea, holgada mayoría absoluta.
Esa es, incontestable, la primera de las verdades matemáticas que merecen hueco aquí
La segunda pasa por los Presupuestos Generales del Estado. Y se llama línea roja. En agosto del año pasado (año 16), ya lo veíamos venir. Y por eso titulamos uno de nuestros editoriales «La línea roja del autoconsumo».
"De lo que se trata ahora -decíamos- es de que el autoconsumo continúe estando muy visible en la agenda política, y de que se convierta en línea roja de todos los futuribles pactos de gobierno. En realidad, ese protagonismo no debería ser entendido sino como respuesta a una evidencia incontestable: la clave de la recuperación económica es la transición energética, y esta pasa, indefectiblemente, por la generación distribuida y el autoconsumo".
Eso decíamos en agosto del 16
El PSOE le prestó en octubre su abstención a Mariano Rajoy. Y lo hizo… gratuitamente. Podría haber negociado con el Partido Popular y haberle exigido, por ejemplo, que se bajase del burro del impuesto al Sol. Pero no lo hizo, y se abstuvo gratis para facilitar la segunda investidura mariana. Ahora le ha llegado el turno al Partido Nacionalista Vasco, a Coalición Canaria y a Nueva Canarias, firmantes todos del «Acuerdo de Compromiso para el Desarrollo del Autoconsumo Eléctrico» y posibles socios del PP en la votación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La pregunta es:
¿entrará el autoconsumo en la mesa de la negociación de los PGE? ¿Es la transición energética un asunto que merece ocupar espacio y tiempo en esa mesa? Y, en todo caso, ¿para qué sirven 181 diputados si hay dos ciudadanos en la Mesa del Congreso?
Pero vayamos al principio
Porque el ejercicio de funambulismo político del partido de Rivera empieza a resultar digno de estudio. Un repaso somero a los últimos doce meses lo deja claro. Durante la primavera de 2016, justo antes de las elecciones del 26 de junio, Ciudadanos se compromete a derogar el impuesto al Sol. Lo hace por escrito, y por doble partida, en el «Acuerdo de Compromiso…» que firma con todos los partidos susodichos, y en su programa -350 soluciones para cambiar España a mejor-, documento que estructura en cinco Partes. La tercera de ellas -titulada "Invertir en el presente para ganar el futuro"- incluye una medida (la número 226) que decía y dice exactamente así:
"eliminaremos el Impuesto al Sol y simplificaremos la tramitación de los proyectos de autoconsumo eléctrico"
En el verano de ese año (verano del 16), la formación que lidera Albert Rivera firma un acuerdo con el Partido Popular -150 compromisos para mejorar España- que pretende ser la antesala de la segunda investidura del ahora presidente Rajoy. El acuerdo consiste en que Ciudadanos entrega sus 32 votos al Partido Popular a cambio de que el PP se comprometa a responder cumpliendo, una vez lograda la investidura, los 150 compromisos firmados. Este segundo documento también estaba y está estructurado en cinco Bloques. El primero de ellos -titulado "Crecimiento económico, competitividad y empleo"- incluía una medida (la número 20) que decía y dice exactamente así:
"se eliminarán las dificultades que pudieran existir al autoconsumo eléctrico eficiente (coloquialmente conocido como impuesto al Sol) con el fin de promover un marco regulatorio estable y propicio para la generación a pequeña escala"
El 9 de septiembre de 2016, Ciudadanos, en perfecta sintonía con todo lo que ha ido apuntando a lo largo de los meses precedentes, tramita y presenta su “Proposición de Ley de medidas para el fomento del autoconsumo eléctrico”, una proposición que recogía y recoge el espíritu del antecedente «Acuerdo de Compromiso…», documento suscrito en febrero de 2016 por once partidos políticos (PSOE, Podemos, Esquerra, PNV, Coalición Canaria, Ciudadanos...) y que por supuesto, como ya se ha apuntado, incluía la derogación del impuesto al Sol y la desburocratización de la tramitación de las instalaciones de autoconsumo.
El Gobierno Rajoy tumba la Proposición de Ciudadanos porque dice que el coste de poner en marcha esa ley afectaría a los Presupuestos Generales del Estado de este año. Ciudadanos, PSOE y Podemos toman nota –en la Mesa del Congreso- del apunte gubernamental, y deciden no seguir con el proyecto. Eso sí: se ponen a redactar otra Proposición que salve ese obstáculo. Así, a finales de enero, y esta vez conjuntamente, presentan todos una segunda proposición, en este caso denominada "Proposición de Ley para el Fomento del Autoconsumo Eléctrico", un texto que plantea la derogación del impuesto al Sol, pero sin que afecte a los Presupuestos Generales del Estado de este año. La idea es no tocar nada ahora y hacer las cuentas del año que viene atendiendo a un marco regulatorio en el que no haya impuesto al Sol.
Da-lo-mis-mo
Y da lo mismo porque el Gobierno Rajoy veta también la tramitación parlamentaria de esta segunda Proposición con la misma excusa. ¿Cuál es ahora no obstante la diferencia? Pues que, en este caso, sorprendentemente, Ciudadanos apoya la moción. El orden de los acontecimientos es el siguiente: resulta que al veto impuesto por el Gobierno debe seguir una votación en la Mesa del Congreso, votación en la que los miembros de la Mesa deben decidir si ratifican o levantan el veto gubernamental (que es por cierto el vigésimo cuarto que plantea el Ejecutivo Rajoy en los 150 días que llevamos de legislatura). Pues bien, para sorpresa de propios y extraños, el partido de Albert Rivera decide mirar para otro lado, e impide así la tramitación parlamentaria de su propia Proposición de Ley. En fin, que Ciudadanos se auto-veta.
El partido de Rivera lo argumenta así: “el Tribunal Constitucional puede parar la tramitación de los proyectos vetados por el Gobierno”. O sea, que si veta el Gobierno y la Mesa del Congreso considera “irrazonable” ese veto y decide continuar con la tramitación parlamentaria de la proposición de ley, el Gobierno puede elevar el caso al TC y este “puede parar la tramitación”. Puede, según Ciudadanos, y “este conflicto constitucional impediría que
las leyes hipotéticamente tramitadas entrasen en vigor”. O sea, que una proposición de ley vetada por el gobierno pero a la que la Mesa ha levantado ese veto (o ha considerado ese veto “irrazonable”, para ser más precisos) sí puede ser tramitada. Pero no va a serlo en este caso.
Inmediatamente después de ejecutada la pirueta (legal), Ciudadanos difunde una muy escueta nota de prensa en la que Melisa Rodríguez, su portavoz de Energía, asegura se va a reunir con el ministro Álvaro Nadal y que ya ha abierto "una mesa de negociación con el Gobierno para desbloquear el autoconsumo". Eso sí, la negociación será a dos bandas: solos Ciudadanos y el Partido Popular, ese que tardó toda una legislatura en regular el autoconsumo -Rajoy ganó las elecciones en noviembre de 2011 y aprobó el Real Decreto que lo regula (RD 900) a finales de octubre de 2015-; o ese que ideó un impuesto al Sol. En fin, que en esa futurible mesa no estarán ni PSOE, ni Unidos Podemos, ni Compromís, ni el PNV, ni Esquerra, ni Coalición Canaria, ni Unión del Pueblo Navarro, ninguno de los partidos que firmaron el «Acuerdo de Compromiso...», ninguno de los que presentaron la Proposición de Ley.
Legal y rentable
O sea, que, año y medio después del RD 900, el autoconsumo sigue siendo legal y (en muchos casos) rentable (en tanto en cuanto solución de ahorro), si bien el impuesto al Sol que incluye ese RD sigue resultando disuasorio en algunos otros (casos), pues alarga el período de amortización de las instalaciones, desincentivando a muchos consumidores que, si la regulación fuera otra, apostarían sin duda por esta solución de ahorro. Así, el autoconsumo solar fotovoltaico sigue creciendo al ralentí, cuando podría estar lanzado, pues (1) los precios de las instalaciones han bajado extraordinariamente en los últimos años, (2) en España hay recurso de sobra (léase Sol), y (3) contamos además con un sector empresarial (distribuidoras, ingenierías, instaladores) perfectamente formado, experimentado y listo para abordar ese previsible crecimiento de la demanda que seguirá a la derogación (también previsible) de ese impuesto... astral.
Ah, en cuanto a lo de la afección a los Presupuestos Generales del Estado...
El Ejecutivo ha vetado las dos proposiciones de ley al amparo del artículo 134.6 de la Constitución, que permite vetar toda proposición que suponga "aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios". Y es que el Gobierno asegura que el impacto del autoconsumo será de decenas de millones de euros. Lo dice en un informe que ha elaborado la Secretaría de Estado de Energía, informe que, grosso modo, sostiene lo siguiente: si tú generas con los paneles solares que has instalado en el tejado de tu casa por ejemplo el 30% de la electricidad que consumes, dejarás de comprar en el mercado ese 30%; o sea, que te ahorrarás un 30% de los kilovatios que antes consumías; eso sí, te ahorrarás también el IVA de esos kilovatios y el impuesto a la electricidad que lleva asociado cada kilovatio; en fin, menos ingresos, efectivamente, para el Estado; además, los peajes que llevan asociados esos kilovatios –para financiar el mantenimiento de las redes, por ejemplo- también te los ahorras, lo cual afecta a la sostenibilidad del sistema.
¿Qué ocurre? Que la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha revisado y repasado todas las cuentas que ha hecho el Gobierno (o que se supone que ha hecho). Y, tras el repaso… ha ridiculizado el informe de la Secretaría de Estado de Energía. Lo hizo el pasado 30 de marzo en sede parlamentaria. UNEF fue invitada a la Comisión de Energía ese día (invitada por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) y allí le explicó a los diputados que el impacto del autoconsumo es del cero coma. Sí: cero coma.
A saber: el sistema eléctrico español ingresó en 2016 –ha explicado UNEF- 16.795 millones de euros (M€). Pues bien, si partimos de ese número concreto y suponemos por ejemplo que este año (2017), en España, se van a instalar 250 MW de autoconsumo (250 MW que no serán negociados en el mercado, pues serán autogenerados y autoconsumidos), el sistema que ingresó el año pasado esos casi 16.795 M€ ingresará este año 4,1 millones de euros menos, es decir, que el impacto en el sistema es del 0,00002%.
Quedan aún dos derivadas
La primera se refiere al efecto abaratador del autoconsumo, efecto que reconoce el propio Gobierno en su informe, que pone un ejemplo muy concreto: con un 2% de autoconsumo sobre el total del mercado –dice la Secretaría de Estado-, el ahorro es de un euro por megavatio hora (por cierto, la Comisión Nacional de la Competencia –CNC- ha publicado informes que ya vislumbraban -allá por el año 2013- ese abaratamiento: el autoconsumo puede introducir una "tensión competitiva relevante, en el mercado mayorista y minorista –decía la CNC-, incentivando precios más eficientes en ambos mercados”; véase informe IPN 103/13).
El caso es que la Secretaría de Estado concreta, en el informe sobre el impacto del autoconsumo que ha usado el Gobierno para avalar su veto, esa rebaja del precio: 1 €/MWh. Eso dice la Secretaría de Estado, y UNEF ha hecho las cuentas a partir de ese dato concreto. ¿El resultado? “Por cada euro de reducción de ingresos en el sistema por autoconsumo –explica UNEF- se produce una ganancia neta de cinco euros para los consumidores”. Para todos los consumidores, pues todos se benefician de ese ahorro –un euro por megavatio hora consumido- que apunta en su informe la propia Secretaría de Estado.
Pero, ¿en qué medida se beneficia de todo eso el Estado? Bueno, pues UNEF también ha hecho las cuentas y, según ellas, lo que el Estado deja de ingresar por esta parte no es apenas nada en comparación con lo que ingresará gracias a los impuestos que habrán de pagarse por la venta de los paneles solares, la comercialización de los componentes (la tornillería, los soportes, el cableado…), la actividad económica de los instaladores, etcétera, etc… Según UNEF, el Estado ganaría diez veces más que lo que pierde.
“O hay otras razones que no son las que dicen o no se han hecho bien los números”.
Lo ha dicho -30 de marzo-, ante la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados, el director general de UNEF, José Donoso, que ha sido el encargado de presentar allí el informe UNEF: “O hay otras razones que no son las que dicen o no se han hecho bien los números”.
Más allá de los números, en todo caso, está la letra... la letra de la ley
O sea, que quizá convenga volver al principio. El artículo 1 de la Constitución Española dice que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. El pueblo español ha hablado: 213 de los diputados elegidos representan a partidos que se han pronunciado explícitamente en contra del impuesto al Sol y, explícitamente, a favor del autoconsumo. Lo hicieron el 25 de febrero de 2016, en el Congreso de los Diputados, cuando firmaron el «Acuerdo de Compromiso para el Desarrollo del Autoconsumo Eléctrico». Lo hicieron durante la campaña previa a las elecciones, cuando ratificaron, una y otra vez, ese compromiso. Y lo hicieron sus votantes el día 26 de junio con un gesto muy explícito –el voto– en la urna.
Sí, más allá de los números –que parecen decantarse a favor del autoconsumo (cero coma cero cero cero...)– está la letra de la ley. Es más: más allá de ella, incluso, radica su espíritu: el de la soberanía nacional, el de la democracia. No se trata de que el PP pueda, reglamentariamente, y como gobierno que es, vetar o no vetar una Proposición de Ley. No se trata de que el Tribunal Constitucional pueda (o no) parar una tramitación. De lo que se trata es de respetar la soberanía nacional, consagrada en el artículo 1 de la Constitución. De lo que se trata es de atender a las demandas democráticamente expresadas en las urnas por los pueblos de España. O… ¿cuánto valen 169 artículos de una Constitución y 181 diputados –mayoría más que absoluta- si en la Mesa del Congreso hay tres diputados del Partido Popular y dos de Ciudadanos?
