El informe de la CNE -explica Greenpeace- "avala las tesis que defienden el autoconsumo como un derecho a proteger y un bien a impulsar para beneficio de los consumidores y del sistema eléctrico en general, frente a las pretensiones de las eléctricas, que eran las que el Ministerio había plasmado en su propuesta, de restringir el autoconsumo al máximo para hacerlo inviable". Según el responsable de la campaña Energía de Greenpeace, Julio Barea, "las eléctricas encabezadas por Iberdrola han identificado el autoconsumo como una amenaza para sus intereses oligopolísticos, pero, en realidad, el autoconsumo es una herramienta de ahorro que ayudará a los ciudadanos a hacer frente a la crisis e impulsará un nuevo desarrollo para el conjunto del país". Por todo ello -ha concluido Barea, "es muy grave que el Gobierno se preste a servir solo a los intereses particulares de algunas empresas en perjuicio del interés general. El decreto presentado por el Gobierno tiene que ir directamente a la papelera".
El discurso de Unesa
El pasado mes de julio, Greenpeace envió a la Comisión Nacional de Energía (CNE) comentarios al Real Decreto (RD) sobre autoconsumo propuesto por el Gobierno en el marco de su reforma energética. La organización ecologista manifestó entonces la necesidad de realizar una profunda modificación del texto al ser "claramente discriminatorio para el usuario e ir en contra del ahorro y la eficiencia, puntos en los que -según Greenpeace- la CNE coincide plenamente". La organización ecologista advertía en sus comentarios, además, de la "inaudita coincidencia en los términos y resoluciones del Real Decreto con las premisas y argumentos de las empresas de Unesa; entre los puntos más conflictivos estaba la creación del llamado peaje de respaldo, término acuñado e insistentemente defendido por Iberdrola". Con este peaje, apunta Greenpeace, el Gobierno pretende cobrar un impuesto por la energía consumida aunque proceda de una instalación propia de generación.
Una multa que suena a broma
Greenpeace considera "fuera de toda lógica" este cobro y propone que los autoconsumidores paguen solo por la energía que consuman de la red. La organización ecologista también critica que el autoproductor no cobre por la energía que vierta a la red, "como sí hace cualquier central térmica o nuclear". Además -concluye el comunicado-, "dentro de todos los sinsentidos recogidos en este RD", Greenpeace destaca, en el apartado de sanciones, el supuesto de no inscribirse en el registro creado a tal efecto. En ese supuesto, el autoconsumidor podría incurrir en una falta "muy grave", tipificada en otro anteproyecto de Ley con una sanción que podría ascender hasta los 60 millones de euros. Una instalación básica de autoconsumo de cinco kilovatios (autoinstalación) puede salir por unos doce o trece mil euros, por lo que la sanción (60 millones de euros) parece en efecto algo exagerada.
