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El PSOE se compromete a derogar toda la legislación anti-renovable de los últimos años

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Al menos eso es lo que dijo ayer Hugo Morán, el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del PSOE, ante un auditorio repleto de pequeños inversores del sector de la energía solar. Morán, que es diputado socialista por Asturias, hizo esas declaraciones en el marco de una jornada que convocó Anpier en Madrid y en la que media docena de ponentes han debatido sobre la inseguridad jurídica que afecta al sector nacional de las renovables y la desconfianza que esa inseguridad está generando entre los inversores internacionales.
El PSOE se compromete a derogar toda la legislación anti-renovable de los últimos años

El PSOE -ha asegurado Morán- trabajará por la restauración del marco regulatorio en el seno del cual miles de inversores arriesgaron su dinero para poner en marcha pequeñas huertas solares animados por una administración que prometía -BOE mediante- unas rentabilidades muy concretas... Rentabilidades que luego han sido revisadas a la baja -la revisión comenzó en 2010- y que ahora son tan escasas que han colocado a muchos de esos pequeños inversores en una situación crítica. Según datos de Anpier, de los casi 30.000 millones de euros invertidos en poner en marcha los 4.500 megavatios fotovoltaicos que hoy hay en España, nada menos que 20.000 se le deben todavía a la banca. Morán ha empezado reconociendo los errores cometidos por el último Gobierno Zapatero, que fue el que abrió, a finales de 2010, la espita de la retroactividad, y el que comenzó por consiguiente a dinamitar el hasta entonces floreciente sector fotovoltaico nacional.

Primero, las condiciones, por escrito; y, luego, la contrarreforma Sebastián-Soria
La historia es tal y como sigue. El legislador crea un marco legal -vía BOE- en el que establece unas condiciones determinadas: el kilovatio generado en una instalación solar -dice ese marco-, y en tanto en cuanto es un kilovatio limpio (no emisor de CO2), merece una retribución muy concreta (que especifica el BOE) durante un período muy concreto (que también concreta el BOE), una retribución que reconoce esa singularidad. Y la electricidad renovable merece esa retribución singular porque, a diferencia de la convencional -dice el Boletín Oficial del Estado-, no ensucia, es limpia. Pues bien, los inversores, a la luz de ese marco, diseñan su hoja de ruta: invierto tanto; mi instalación genera tanto; el gobierno avala que el precio que recibiré por cada kilovatio que yo produzca será tanto (gracias a ese aval, por cierto, he obtenido un préstamo del banco); dado lo dado, puedo devolver mi crédito en tales plazos; amortizo mi inversión en tales otros; y, finalmente, obtengo la rentabilidad que persigo.

La mirada "retro" del gobierno
Y así estaba todo hasta que… a finales de 2010, y de la mano del ministro de Industria Miguel Sebastián, economista él, llegan a escena el Real Decreto 1565/2010 y el Real Decreto–ley (RDL) 14/2010, que retocan a la baja los ingresos que para esas instalaciones había establecido el gobierno en un BOE anterior y que abren así la espita de la retroactividad. Entre otras cosas, y por poner solo un ejemplo, el Gobierno Zapatero recorta el número de horas que las instalaciones podían optar a prima y, así, si hasta ese momento cualquier kilovatio FV merecía esa retribución singular, a partir de entonces solo merecerán esa retribución los kilovatios generados -grosso modo- entre enero y septiembre. He ahí el primer capítulo de la historia de la retroactividad fotovoltaica española. Los siguientes llevan ya la firma de la gaviota, o la rúbrica del ministro José Manuel Soria, que lleva 23 meses regulando con medidas de carácter -denuncia Anpier- asimismo retroactivo, como el RDL 2/2013 ó el RDL 9/2013.

Las cuentas (y el cuento) del 7,5%
El caso es que, tras tres años de regular marcha atrás, mermando cada vez un poco más los ingresos esperados por los inversores fotovoltaicos, el escenario es hoy muy preocupante, según otro de los participantes en la jornada, Rafael Cruz, director de la asesoría jurídica Plenium Partners: "ya se ha perdido -ha dicho Cruz- entre el 15 y el 20% del capital invertido". Eso, sin contar con el último hachazo regulatorio, el de la "rentabilidad razonable" (RR). El concepto de RR supone revisar la rentabilidad de cada instalación renovable y ajustarla a un máximo del 7,5%; para ello, el Ejecutivo estudiará la vida de cada instalación y, si esa instalación ayer obtuvo una R de más del 7,5%, mañana habrá de obtener una R por debajo de ese guarismo hasta alcanzar la media (7,5) para toda la vida útil, lo cual ha sido denunciado por la patronal solar como retroactivo. Además, se añade el problema evidente de la discrecionalidad: dados los antecedentes, prácticamente nadie confía en que el gobierno haga bien las cuentas.

Treinta años
El sector, en definitiva, se halla ahora mismo muy debilitado -son ya muchos los varapalos regulatorios-, hondamente decepcionado -la intervención de Morán ha sido interrumpida en un par de ocasiones por inversores muy enfadados- y a la espera -profundamente preocupado- de los modelos que ha de alumbrar el ministerio y a partir de los cuales cada instalación sabrá si está por encima o por debajo de ese 7,5 (se supone que Industria establecerá para cada tipo de instalación unos estándares -inversión, mantenimiento, etcétera- y que, a partir de ahí, hará la cuenta del 7,5). La preocupación no es baladí. Jorge Fabra, que se encontraba entre el público, ha reconocido a este periodista al final del acto que no sabe de dónde han salido los hombres de Soria que están elaborando la reforma del sector: "yo llevo 30 años aquí y no me suena de nada ninguno" (consejero de la Endesa pública allá por el 84, Fabra ha sido asimismo presidente de REE entre el 88 y el 97 y consejero de la CNE entre 2005 y 2011).

Derogación
En resumen, que el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del PSOE, Hugo Morán, ha sido crítico con la última etapa socialista, la que abrió la espita de la retroactividad, y que lo ha sido sin rodeos, asumiendo plenamente la responsabilidad política de la misma: "no se trata de un ministro, se trata de un partido que avala la propuesta de un ministro, por lo que lo justo es asumir plenamente nuestra responsabilidad como partido en ese momento de gobierno". Morán ha asumido pues los errores del pasado y se ha comprometido a derogar en el futuro la legislación de los últimos tres años. Lo ha hecho, explícitamente, en respuesta a la pregunta que al final de su intervención le ha planteado uno de los asistentes. La pregunta ha sido: "¿va a derogar pues toda esa legislación el PSOE?". La respuesta: "sí". Este periodista, mezclado entre el público, ha escuchado decir -no sin cierta sorna- a otro de los inversores allí presente lo siguiente: "pues ya has ganado 55.000 votos".

Un bozal para la nuclear
Jorge Fabra, actualmente presidente de Economistas frente a la Crisis, ha intervenido al final desde el público, también tras la disertación de Morán, y ha insistido en la misma idea: es fundamental -ha dicho- "la restauración de los principios retributivos regulatorios en el marco de los cuales hicieron sus inversiones los inversores fotovoltaicos". Además, ha apostado por la contención de las desorbitadas rentabilidades de nuclear e hidráulica -"de hasta un 700%", ha dicho-, contención que podría arrojar un ahorro para el consumidor que Fabra ha cuantificado en 100.000 millones de euros de aquí a 2030. Según el profesor, que estima que el megavatio hora nuclear debería ser retribuido a unos 20 euros para que su rentabilidad no fuera desorbitada -y no a 50 ó 60, como sucede ahora-, una alianza entre las renovables -que abaratan el precio de la electricidad- y los consumidores -que piden precisamente eso: electricidad barata- es la mejor fórmula para revertir la situación de acoso a la que se está viendo sometido el sector FV.

Del cielo a...
Todos los ponentes de la jornada han estado de acuerdo en que la retroactividad atenta contra la seguridad jurídica (perjudicando gravemente los legítimos intereses de los inversores fotovoltaicos), a la par que ahuyenta al inversor internacional. Según datos de la Unión Española Fotovoltaica, que coincide en el diagnóstico, ha sido precisamente esa retroactividad la causante primera de que el antaño floreciente mercado fotovoltaico nacional se haya convertido hoy en un auténtico erial. Así, España, que vio cómo eran instalados 2.707 megavatios fotovoltaicos en 2008, apenas sumó a su cuenta solar 273 megas FV el año pasado (o sea, diez veces menos) y, presumiblemente, no alcanzará siquiera los cien en 2013. Por el contrario, Alemania, que cuenta con muchas menos horas de radiación solar que nuestro país, instaló el año pasado -en solo doce meses- más megavatios fotovoltaicos (7.604) que los que España ha sido capaz de enchufar a lo largo de toda su historia: actualmente hay unos 4.500 megas FV aquí.

La batalla jurídica, e intelectual
A pesar de todo, Anpier, la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energía Fotovoltaica, está trabajando en todos los frentes posibles. Según Juan Castro-Gil, su secretario y abogado, "estamos gestionando miles de reclamaciones por daño patrimonial, estamos trabajando en impugnaciones, hemos creado un foro jurídico para intercambiar información en materia de defensa de los intereses de los inversores fotovoltaicos, estamos colaborando con arbitrajes internacionales, etcétera, etcétera". En la misma línea de lucha y esperanza se ha manifestado el último de los ponentes, Rainer Hinrichs-Rahlwes, presidente del European Renewable Energies Federation, que ha concluido que, "las energías renovables crecerán de todas maneras, es solo cuestión de velocidad". Según Hinrichs-Rahlwes, además, "España, que es una verdad incómoda, por el éxito que ha sido capaz de lograr en materia de renovables, cuenta con el potencial intelectual suficiente como para recuperar el liderazgo perdido".

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