Los inversores se han unido bajo la representación del despacho de abogados Allen & Overy porque entienden que el Real Decreto-ley 14/2010 lesiona sus intereses al reducir con carácter retroactivo la percepción económica por la producción de electricidad mediante tecnología fotovoltaica.
El grupo de demandantes contra el gobierno de España está formado por AES Solar, Element Power, European Energy, Foresight Group, GreenPower Partners, HgCapital, Hudson Clean Energy, Impax Asset Management, KGAL GmbH & Co. KG, GWM-Lux Energia Solar, NIBC Infrastructure Partners, Eoxis Energy, Scan Energy, Ampere Equity Fund y White Owl Capital. Entre todos invirtieron en España 4.000 millones de dólares en proyectos fotovoltaicos y gestionan más de 30.000 millones de dólares (21.500 millones de euros) de más de 70 fondos de pensiones y de otros inversores institucionales y privados que suman un capital total bajo gestión de más de 3 billones de dólares (más de 2 billones de euros).
Derogar la ley o pagar indemnizaciones
Las quejas de los inversores buscan razón jurídica en el “Energy Charter Treaty” (ECT), un tratado multilateral de inversión diseñado con el objetivo de proteger inversiones transfronterizas en el sector energético. Está firmado por 51 países, entre los que se encuentran todos los de la Unión Europea.
En virtud de la ECT se podría demandar al Gobierno de España y acudir a los tribunales internacionales de arbitraje. Esto ocurriría si el Congreso de los Diputados no derogase el Real Decreto-ley 14/2010 o no acordarse un mecanismo para indemnizar a los inversores. El gobierno aún está a tiempo. El jueves se votarán en el Congreso las enmiendas aprobadas por el Senado que derogan las medidas retroactivas que contiene el RD-ley. A día de hoy la previsión es que el PSOE y CiU, a tenor de la postura mantenida durante la votación en la Cámara Alta, rechacen las consideraciones del Senado.
Stephen Jagush, especialista en arbitraje internacional y socio de Allen &
Overy ha explicado que, “el Energy Charter Treaty se creó para potenciar inversiones transfronterizas a largo plazo en el sector energético y además proteger dichas inversiones de posibles cambios que los gobiernos firmantes pudieran pretender introducir en un marco previamente definido. El ECT, al ser un tratado supranacional, otorga a los inversores derechos que no pueden verse afectados por la modificación de leyes en ninguno de los países firmantes del acuerdo. Pues bien, los cambios introducidos por el Gobierno de España claramente incumplen los términos acordados en el ECT, causando un serio perjuicio a los inversores, por lo que tanto mi despacho como los inversores estamos firmemente convencidos de que existe la posibilidad de exigir una compensación al Gobierno de España”.
El movimiento de este grupo de inversores no es la primera oposición internacional a los recortes fotovoltaicos. El pasado 22 de febrero los Comisarios europeos Gunther Oettinger y Connie Hedegaard enviaban una carta al Ministro de Industria, Miguel Sebastián, en la que ponían en tela de juicio la aprobación de leyes por parte del Gobierno que pongan en entredicho la seguridad jurídica de cualquier país miembro de la Unión Europea.
