El anterior reglamento, vigente desde 2009, limita la capacidad de producción de electricidad de los sistemas residenciales y comerciales, y sólo permite que cualquier exceso de energía generada por estos sistemas se acredite a cuenta de la factura eléctrica del propietario y no pueda ser producido con fines de lucro.
En noviembre pasado, la provincia de Alberta presentó su estrategia contra el cambio climático que incluye un impuesto sobre la emisión de carbono, un límite a las emisiones de arenas bituminosas, una eliminación gradual de la electricidad con base en carbón y un énfasis en la energía eólica.