La mayoría a parlamentaria ha decidido eliminar de la ley de economía sostenible la referencia a los 40 años como vida útil de las centrales nucleares para prolongar su funcionamiento. Hay quienes no son partidarios de construir nuevas centrales nucleares, principalmente por razones económicas relacionadas con sus altísimos costes de inversión; pero, piensan que, también por razones económicas, como ya están construidas es mejor prolongar su vida útil el máximo de tiempo posible.
Sin embargo hay múltiples razones para abandonar la energía nuclear cuanto antes mejor, aunque bastaría con una: la referida a los residuos. Las centrales nucleares generan residuos radiactivos de alta actividad muy peligrosos durante miles de años. A pesar de que la industria nuclear anuncia recurrentemente que una solución está próxima, la realidad es que no hay ninguna solución en perspectiva. Como no hay solución sólo pueden almacenarse. Los más peligrosos se vienen guardando en las piscinas de las mismas centrales nucleares que los producen.
El gobierno está intentando depositarlos en un almacén centralizado, pero su ubicación
está generando una amplísima y justificada oposición social. Si se alargara la vida de las centrales, como ahora pretenden, ni siquiera el proyectado almacén podría almacenar
todos los que se produzcan. Los residuos radiactivos son un legado tóxico para las generaciones futuras. ¿Qué derecho tenemos a dejar este legado?
No sé si quienes desdeñan sus obligaciones para con las generaciones futuras serán muy receptivos a otros argumentos críticos, pero en todo caso deben saber que los riesgos de accidente o escape radiactivo se incrementarán exponencialmente si se prolonga la vida de las centrales, que fueron diseñadas y construidas para una vida útil de unos 25 años. Nadie sabe lo que puede suceder prolongando su funcionamiento más allá de los 40 años, entre otras cosas porque no hay centrales que por el momento hayan funcionado durante tanto tiempo. El Consejo de Seguridad Nuclear, que es el organismo que supuestamente garantizaría su seguridad, no es fiable. La mayoría de incidentes y fugas radiactivas han sido conocidas por las denuncias ecologistas, no por el CSN. Mucho tiene que ver su composición: sus miembros, propuestos por los partidos, son siempre pro-nucleares y no cuentan con ningún miembro crítico, ni siquiera escéptico, con la energía nuclear.
También deben saber que la tecnología y el combustible son importados y que el
uranio empleado para la energía nuclear, al igual que el petróleo, no es renovable y
se está agotando a velocidad creciente, como creciente es el CO2 que emite la minería
del uranio, por lo que no puede ser una solución, ni siquiera parcial, para mitigar
el cambio climático. Hay defensores entusiastas de las energías renovables que consideran que su desarrollo es compatible con la nuclear y apoyan ambas fuentes energéticas. Pero deberían saber que ambos desarrollos son incompatibles. La energía nuclear no es gestionable, las nucleares no pueden pararse y toda la energía que generan es comprada obligatoriamente –por cierto, al precio más alto de la última oferta en el mercado eléctrico– en detrimento de las energías renovables y de su desarrollo. Además, las costosísimas inversiones públicas que se realizan para promover e investigar sobre la energía nuclear, dejan de invertirse en el fomento de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética.
Algunas de estas consideraciones suelen pasar desapercibidas para el público por la falta de trasparencia que domina el mundo de la energía en general y el de la nuclear en particular. La opacidad parece ser un requisito indispensable cuando se toman decisiones
que no están pensadas para el bien colectivo sino para el beneficio privado de unos pocos. Pero eso, como diría Kipling, es otra historia… ¿o es la misma?
