La Comisión Europea hace público su habitual paquete de decisiones sobre procedimientos de infracción donde emprende acciones legales contra diversos Estados miembros que no han cumplido las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la Unión. Las principales decisiones adoptadas por la Comisión para España en materia de energía están relacionadas con la eficiencia energética de los edificios: la Comisión insta a transponer la Directiva que modifica la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios. Estas decisiones, que abarcan distintos sectores y ámbitos de actuación de la Unión Europea, tienen por objeto velar por la correcta aplicación del Derecho de la Unión en beneficio de los ciudadanos y de las empresas. La Comisión va a archivar asimismo noventa asuntos que los Estados miembros afectados, incluido España han resuelto sin que ella haya tenido que seguir adelante con el procedimiento.
La decisión adoptada por la Comisión para España tiene que ver con la eficiencia energética de los edificios, por lo que la Comisión insta a España, junto a Croacia y Luxemburgo a transponer la Directiva que modifica la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios. La Comisión Europea toma esta decisión contra los paíeses por "no garantizar la plena transposición al Derecho nacional de la Directiva (UE) 2018/844, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios". Esta Directiva introdujo nuevos elementos para reforzar el marco existente, como los requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios nuevos, la electromovilidad y los puntos de recarga, y nuevas normas sobre la inspección de las instalaciones de calefacción y aire acondicionado. "Transmite una clara señal política del compromiso de la UE con la modernización del sector de la construcción a la luz de las mejoras tecnológicas y con el aumento del bajo índice de renovación de edificios a fin de mejorar la eficiencia energética del parque inmobiliario de la UE". La normativa revisada debía incorporarse al ordenamiento jurídico nacional el 10 de marzo de 2020 a más tardar. En mayo de 2020, los tres Estados miembros recibieron una carta de emplazamiento por no haber transpuesto la Directiva. Tras examinar las medidas nacionales, la Comisión considera que la transposición está incompleta en Croacia, España y Luxemburgo y, por lo tanto, envía a dichos Estados miembros un dictamen motivado. Estos países disponen ahora de dos meses para responder. De no recibirse una respuesta satisfactoria, la Comisión puede remitir estos asuntos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
