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Algunas claves para entender la negociación política de esta semana en la COP25

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Las negociaciones políticas en esta segunda semana de la COP25 están marcadas por dos puntos claves. Por un lado, la cooperación voluntaria y los mecanismos de mercado con arreglo al artículo 6 del Acuerdo de París. Por otro, la ambición, mayor o menor, que los distintos países quieran plasmar en sus contribuciones a nivel nacional, y que habría que presentar antes de la COP26, que se celebrará en Glasgow a finales de 2020. Los dos puntos marcarán el compromiso real de la lucha contra el cambio climático en los próximos años.
Algunas claves para entender la negociación política de esta semana en la COP25
Foto: @IISD

Entramos en los días de la negociación política en la COP25. Días de los que dependerá el resultado que se conozca el próximo viernes. Se oirá hablar, sobre todo, de los mecanismos de mercado de emisiones y de la ambición, mayor o menor, de las llamadas contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que marcarán la evolución de los compromisos firmados en 2015 en el llamado Acuerdo de París. Entonces, 196 países decidieron tomar medidas para limitar el calentamiento de 1,5 a 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales.

A partir del Acuerdo de París, los países también acordaron el objetivo a largo plazo de aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático, fomentar la resiliencia al clima y el desarrollo de bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de manera que la producción de alimentos no se viera amenazada. Además, acordaron trabajar para que las corrientes de financiación fueran coherentes con la descarbonización de la economía.

La palabra clave es “ambición”
Las NDC son el núcleo del Acuerdo de París y de la consecución de esos objetivos a largo plazo. Representan los esfuerzos de cada país para reducir sus emisiones nacionales y adaptarse a los efectos del cambio climático. El Acuerdo de París (artículo 4, párrafo 2) requiere que cada Parte prepare, comunique y mantenga las sucesivas contribuciones determinadas a nivel nacional que se proponga lograr. Y para ello tiene que adoptar las medidas necesarias para alcanzar esos objetivos.

El calendario exige que los países presenten el año que viene, antes de la COP26 que se celebrará en Glasgow (Escocia) a finales de 2020, sus compromisos climáticos a futuro, a partir de ese año, y a partir de 2030. La comunidad científica insiste una y otra vez en que la situación es más crítica de lo que parecía hace unos años, y que son precisos objetivos más ambiciones para poner freno a la crisis climática. Que la situación es de emergencia y que todos debemos estar a la altura para alcanzar cuanto antes el punto máximo de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial. Lógicamente, con la intención de revertir la tendencia y emprender a partir de entonces reducciones rápidas con el fin de lograr un equilibrio entre las emisiones antropogénicas y la absorción que puedan llevar a cabo por los sumideros de carbono en la segunda mitad de este siglo.

Se entiende que el punto máximo de las emisiones llevará más tiempo a las Partes que son países en desarrollo, y que las reducciones de las emisiones se realizan sobre la base de la equidad y en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, que son prioridades de desarrollo fundamentales para muchos países. Cada plan climático refleja la ambición del país de reducir sus emisiones, teniendo en cuenta sus circunstancias y capacidades. En Madrid se negocia esta semana los NDC nacionales de los distintos países en el marco del tema 3 del programa del Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París.

Mecanismos de mercado
El otro caballo de batalla se centra en la conclusión de las negociaciones sobre el único elemento pendiente del “Libro de Reglas de Katowice”: las orientaciones sobre la cooperación voluntaria y los mecanismos de mercado, que se recogen en el artículo 6 del Acuerdo de París. Se trabajará en áreas como los océanos, las finanzas, la transparencia de la acción climática, los bosques y la agricultura, la tecnología, la creación de capacidad, la pérdida y el daño, los pueblos indígenas, las ciudades y el género. Pero los borradores que se conocían hasta el día de ayer no mostraban ningún avance significativo.

En última instancia, los mecanismos de mercado muy abiertos pueden ser, explican las ONG ambientalistas, un papel en blanco para seguir contaminando y emitiendo GEI, a cambio de proyectos de descarbonización en otros puntos del planeta, normalmente en países en vías de desarrollo. Que en muchos casos son los más interesados en mantener este tipo de acuerdos. En línea con la clásica advertencia de “quien contamina paga”, este tipo de mecanismos pueden invitar a hacer otra lectura mucho más arriesgada: “pago para seguir contaminando”, en lugar de cambiar radicalmente mis pautas de producción.

En palabras de José Luis García Ortega, responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace España, “no parece probable que se alcance un acuerdo en torno al artículo 6. Podría ser, teniendo en cuenta que queda esta semana de negociaciones, pero no parece fácil”. Por lo que transmiten quienes asisten a las negociaciones de alto nivel, no se están dando lo que podría denominarse “posturas por bloques”. En cada tema cada país va a lo suyo en función de sus intereses. Incluso en la Unión Europea parecen abrirse grietas. “Alemania, por ejemplo, está sembrando dudas en algunas cuestiones. Parece querer decir que solo apostará por objetivos de reducción de gases de efecto invernadero más ambiciosos si le dejan manga ancha en los acuerdos de mercado”.

García Ortega considera que “el primer país que debería comprometerse y empujar del resto, primero de Europa y luego del resto de países, es el Reino Unido, que debería exigir a todos más ambición para que la COP26 del año que viene en Glasgow sea un éxito. En última instancia, como casi siempre, dependerá de la voluntad política y de la presión en contra que ejerzan las grandes compañías ligadas a los combustibles fósiles”.

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