sergio de otto

Riesgo regulatorio: para unos sí, para otros no

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Lo peor de la actual situación de este país es el riesgo que existe de que acabemos perdiendo la capacidad de escandalizarnos, por ejemplo, ante la tropelía, la arbitrariedad, la ineptitud, la mentira o el desmantelamiento del estado de derecho. Son tantas las noticias que día a día por si solas serían cada una de ellas merecedoras de suscitar nuestra indignación que la acumulación de despropósitos pueden acabar anestesiándonos.  

Solo el torrente de irregularidades que saltan a la luz a diario en el sector energético es suficiente para convertir nuestra sensibilidad en la piel de un rinoceronte inmune a cualquier picadura, bocado o mordisco de esta feroz, descorazonadora y esperpéntica actualidad.

Un día nos enteramos de que el ministro del ramo mintió descaradamente a la sociedad española al afirmar que había contratado los servicios de unas consultoras “independientes” para fijar los “parámetros objetivos” de una norma. Esta se elaboró sin contar con esa opinión puesto que ni siquiera se habían entregado los informes y uno de ellos se había rechazado al no adaptarse al dictado del cliente.

Un día sí y otro también escuchamos a un ministro que insiste en convencer a 22 millones de clientes que el “recibo de la luz” ha bajado gracias a su brillante y exitosa gestión. Da igual que los números del propio Ministerio digan exactamente lo contrario, que las cifras del Instituto Nacional de Estadística lo pongan en evidencia, que todos los cálculos de entidades del sector –desde consumidores a organismos públicos o privados– le desmientan; no importa, él, el señor Soria repite, donde puede y siempre que puede, que los que pagamos religiosamente nuestro suministro eléctrico estamos equivocados o en el mejor de los casos tenemos una percepción errónea.

Cuando hace unos días salía de la presentación del libro “Riesgo regulatorio en las energías renovables” que oportunamente ha promovido ANPIER y publicado por la muy prestigiosa editorial Thomson Reuters Aranzadi con un impecable panel de autores, me quedé con una idea que me viene a la mente ya demasiadas veces: en un país serio alguien tendría que ir directamente a la cárcel, o los responsables del desaguisado jurídico que se ha cometido o los que lo denuncian. Y no se trataba de una asamblea de exaltados (que tendría toda la razón de ser en este caso) ni de una conjura de peligrosos extremistas. Ni mucho menos. Desde la tribuna, primero, y desde el público, después, insignes catedráticos, juristas de prestigio y expertos del sector fueron exponiendo serena y sosegadamente un aluvión de argumentos describiendo lo que ha sido el ataque más duro a la seguridad jurídica en nuestro país.

No estamos ante una acusación baladí: el riesgo regulatorio es un “mal endémico en el sector de la energía” aunque “desgraciadamente, sus consecuencias, son sufridas de forma asimétrica por los distintos operadores, incluidos los consumidores, siendo devastadoras cuanto más pequeños son los sujetos partícipes del mismo, por no poder desplazar verticalmente los destrozos que la inseguridad jurídica provoca”. Esa es la forma, elegante en el estilo pero contundente en el fondo, con la que se resume el contenido de esta obra en su contraportada, un libro que es la disección jurídica de un atropello político: el de dos gobiernos sucesivos (de distinto signo político) que cedieron a las presiones de cinco empresas que veían amenazado su oligopolio con la irrupción de unas tecnologías que democratizan la energía.

Hay que felicitar a Anpier, a su presidente Miguel Angel Martínez–Aroca, a su Secretario General, el incansable y combativo Juan Castro-Gil, por aportar este notable bagaje jurídico como un pilar importante de la batalla del sentido común contra la ceguera, mejor dicho el egoísmo, de los que quieren perpetuar los perversos efectos de un modelo energético obsoleto.

Es satisfactorio ver que desde ámbitos muy diversos reaccionamos, no nos resignamos, actuamos y nos movilizamos ante la abrumadora avalancha de despropósitos para al menos alzar nuestra voz. Sí, el “riesgo regulatorio” es una variable a tener en cuenta en cualquier negocio pero no es de recibo cuando su aplicación es sobre todo asimétrica, cuando existe para unos y no para otros. Sobre todo cuando estos últimos están tan acostumbrados a escribir en el BOE.

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