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Inaga sobre la planta de Forestalia en Huesca: "No habrá ninguna afección a la salud pública"

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El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) ha sido acusado en varias ocasiones por Ecologistas en Acción Huesca y partidos políticos como Podemos e Izquierda Unida de parcialidad a la hora de dar validez al proceso de instalación de una planta de biomasa en Monzón por parte de Forestalia. En una comparecencia ante las Cortes de Aragón, su director, Jesús Lobera, negó ese trato de favor y afirmó que “si los niveles de emisión se controlan, fehacientemente, no habrá ningún tipo de afección a la salud publica en esta zona”.
Inaga sobre la planta de Forestalia en Huesca: "No habrá ninguna afección a la salud pública"
Intervención de Jesús Lobera en las Cortes de Aragón

Jesús Lobera compareció el pasado martes ante la Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de las Cortes de Aragón, a petición de Podemos y el Grupo Mixto para explicar los trámites y la situación de la planta de generación de energía eléctrica mediante biomasa de 50 megavatios que Forestalia, a través de la empresa Solmasol, proyecta construir en Monzón (Huesca).

Ambos grupos políticos, además de Ecologistas en Acción, han cuestionado desde el principio la afección para el entorno que tendría la planta y la tramitación de las autorizaciones ambientales llevadas a cabo por el Inaga. En su comparencia, Lobera declaró que "no hemos hecho trato de favor al promotor, ni a ningún otro, desde 2015 hasta aquí, ni tampoco con anterioridad”.

Sobre estos procesos, el director del Inaga concretó que “no son raros, son transparentes, pero sí son complejos y hasta que no se finaliza un proceso no podemos completarlo”. Recordó que tienen vigentes “dos contenciosos que no inhabilitan los procesos que puede seguir el promotor”.

Contenciosos por medio
En marzo de este año El Heraldo de Aragón informaba que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huesca acordó la suspensión cautelar de la autorización ambiental integrada ante las "dudas" que ha generado el permiso al propio Gobierno aragonés. Se admitía así la medida cautelar solicitada por Ecologistas en Acción para instar la suspensión de la resolución del Inaga de rechazar el recurso planteado contra la autorización concedida en agosto de 2015 a los promotores.

En mayo, Ecologistas en Acción presentó un nuevo recurso ante el mismo juzgado contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Monzón por el que se inadmitió la acción de nulidad contra la autorización especial que permitía la instalación de la planta en suelo rústico a 600 metros del casco urbano de Monzón.

"No hay legislación medioambiental que señale distancias mínimas"
Lobera explicó en las Cortes de Aragón que “si los niveles de emisión se controlan, fehacientemente, no habrá ningún tipo de afección a la salud publica en esta zona”. Añadió que "no hay nada en la legislación medioambiental que señale distancias mínimas; legalmente debemos comprobar que nuestras mediciones no van a superar el máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud o la jurisprudencia nacional o internacional”.

“Le hemos exigido a la empresa un plan de control de emisiones y un sistema de medidas para constatar legalmente que la sanidad ambiental en la zona es suficiente”, concluyó el director del Inaga. Forestalia tuvo que presentar nuevas medidas a aplicar para reducir y controlar las emisiones y cumplir así con la revisión de oficio con mayor información sobre los niveles de emisión y dispersión de partículas contaminantes que le pidió el Inaga.

Podemos y el Grupo Mixto no lo ven claro
La representante de Podemos, Marta de Santos, incidió en "la elevada preocupación que ha levantado el proyecto entre los ciudadanos” por “sus posibles afecciones al medio ambiente, al paisaje, a los cultivos y a la economía ya asentada”. En su opinión, “hay emisiones muy peligrosas que deberían preocuparnos a todos” y “los procedimientos tasados se hicieron mal y, por eso, tuvo lugar una revisión de oficio de la autorización”.

Por parte del Grupo Mixto Patricia Luquin recordó que “es un proyecto con respuesta social que genera más incertidumbres que certezas”. “El principio de precaución, lo sabe usted mejor que yo -afirmó ante Lobera-, debe estar presente y demostrar que no debe haber afección. Entendemos que es el que debe de primar”.“Hacen falta respuestas con sinceridad y rigor, porque no todo vale por el empleo”, concluyó Luquin.

Ciudadanos, PAR, PP y PSOE apoyaron la intervención del responsable del Inaga. Para Miguel Ángel Navarro, del PP, “la legitimidad de los técnicos, con criterios amparados en la Ley, está por encima de todo”. Con parecidos términos intervino el diputado de Ciudadanos Jesús Sansó: “los aspectos técnicos han quedado claramente explicados. Han aplicado procedimientos tasados, han revisado de oficio y la autorización está en vigor.

 

 

 

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