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La UE hace oficial los aranceles a las importaciones de biodiésel desde Estados Unidos

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Las medidas antidumping y antisubvención aprobadas hoy por la Comisión Europea obligan a que el primer litro de biodiésel que entre mañana por las fronteras de la UE tenga que pagar un recargo añadido. Las normas estarán en vigor durante un periodo provisional de cuatro (antisubvención) y seis meses (antidumping) y conllevarán que las empresas estadounidenses paguen entre 208 y 237 euros por tonelada exportada en los aranceles más elevados. APPA Biocarburantes critica duramente la falta de control en España.
La Comisión publica hoy en el Diario Oficial de la Unión Europea los dos reglamentos por los que obliga a pagar derechos antidumping y antisubvención a las empresas estadounidenses que exporten biodiésel a los Veintisiete con mezclas superiores al 20%. La Comisión concluye que “el dumping y las importaciones a bajo precio subvencionadas procedentes de los EE.UU han desempeñado un papel determinante en el perjuicio importante sufrido por la industria de la Comunidad”.

Ambos reglamentos consideran que la imposición de medidas restablecerá la competencia equitativa en el mercado y deberán ser suficientes para eliminar el perjuicio mencionado. Desde la sección de Biocarburantes de la Asociación de Productores de Energías Renovables de España (APPA), opinan lo mismo. Su presidente, Roderic Miralles, ha señalado que, “a pesar de que las medidas lleguen tarde y no tengan lamentablemente ningún efecto retroactivo, es una buena noticia que la Comisión, con el apoyo proactivo del Gobierno español, que agradecemos, se haya decidido a poner fin a estas prácticas comerciales ilegales”.

Penalizados los que no colaboran
La nueva normativa comunitaria reconoce positivamente a los productores y/o exportadores (52 en total) que han colaborado en la exhaustiva investigación que se ha llevado a cabo. Por el contrario, para los no cooperantes se fija un margen, en el caso del dumping, en un nivel equivalente al del productor-exportador cooperante que tuviese los márgenes individuales de dumping y de perjuicio más altos.

El tipo del derecho antidumping provisional que se aplica abarca desde los 23,6 euros por tonelada neta (el que obtendrá la empresa Archer Daniels Midland) a los 208,2 euros (Peter Cremer North America). Por otro lado, el reglamento antisubvención establece un tipo del derecho compensatorio entre los 211,2 euros por tonelada (Peter Cremer, Vinmar Overseas y World Energy Alternatives) y los 237,40 euros (Archer Daniels Midland).

Vigilantes ante la posible trampa a la ley
APPA Biocarburantes asume que este abanico de aranceles adicionales son suficientes como para tener un efecto disuasorio sobre dichas importaciones, pero considera imprescindible que el Gobierno español adopte medidas estructurales de ámbito interno para evitar que las importaciones subvencionadas por otros países vean al mercado español como destino preferente. “Si no se adoptan medidas legales nos podemos encontrar con que el biodiésel subvencionado por Indonesia, Malasia o Argentina sustituya totalmente al que llega de Estados Unidos y, por ende, estos aranceles no sirvan en última instancia para casi nada”, concluye Roderic Miralles.

Las medidas arancelarias tienen carácter provisional y estarán en vigor por un período de cuatro (antisubvención) y seis meses (antidumping). Si se decide que estos recargos sean definitivos, se prolongará el período a cinco años. Por último, la legislación comunitaria prevé que este tipo de derechos arancelarios se extiendan a las importaciones de biodiésel procedentes de otros países, cuando se determine que el producto procede realmente de Estados Unidos. APPA Biocarburantes afirma que deberá seguirse de cerca la evolución de las importaciones de biodiésel procedentes de países como México, Argentina, Noruega y Turquía, entre otros.

Muy críticos con la CNE
Como constata la Comisión Europea las importaciones de biodiésel subvencionado procedentes de Estados Unidos han incurrido en un dumping medio ponderado del 33%, causando un grave daño a la industria europea de biodiésel. Este impacto no ha sido uniforme en toda la UE sino que ha sido especialmente intenso en países como España que, a diferencia de otros, carece de mecanismos legales internos de protección.

Las importaciones de biodiésel subvencionado se hicieron en un sólo año (2007) con el 50% del mercado español. En el primer semestre de 2008 coparon ya más del 60%, porcentaje que previsiblemente se ha incrementado en los últimos meses. “Venimos proponiendo desde hace varios años diversas medidas para establecer un marco estructural de defensa de la industria nacional contra la competencia desleal de ciertas importaciones sin que hasta el momento el Gobierno español haya implementado ninguna solución de derecho interno”, se lamenta Miralles.

Ciertamente, en la Orden Ministerial reguladora de la obligación de biocarburantes, aprobada el pasado mes de octubre, se introdujo una disposición con el fin de evitar que el biodiésel procedente de Estados Unidos –en realidad una mezcla de biodiésel y un poco de gasóleo conocida como B99– se pudiera utilizar para el cumplimiento, a partir del 1 de enero de 2009, de la obligación de biocarburantes en España. La Orden designa a la Comisión Nacional de Energía (CNE) como entidad responsable de la gestión, supervisión y control de la obligación.

"Sin embargo, pasados ya casi dos meses y medio del inicio de la obligación de biocarburantes, la CNE no sólo no está controlando el cumplimiento del citado requisito sino que ni siquiera está en disposición de ejercer actualmente el resto de sus funciones como entidad de certificación, previéndose que, en el mejor de los casos, no habrá certificaciones de biocarburantes ni control alguno hasta el próximo mes de octubre. Es más, la Circular que debe regular la puesta en marcha y gestión de la obligación de biocarburantes por parte de la CNE aún no está en vigor y el Ministerio de Economía y Hacienda sigue sin haber autorizado a la CNE la contratación del personal que ésta lleva tiempo solicitándole para poder cumplir adecuadamente sus obligaciones de gestión", señala la nota de APPA.

“Nos consta el esfuerzo que vienen desplegando los servicios técnicos de la CNE para acelerar esta implementación, pero esta situación es absolutamente bochornosa e intolerable en cualquier país serio”, apunta Manuel Bustos, director de APPA Biocarburantes.

Para APPA "nadie está exento de responsabilidades por este estado de cosas: por un lado, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) dilató en exceso la tramitación de la Orden de obligación de biocarburantes, aprobándola sólo dos meses y medio antes del inicio de su aplicación pese a haberla presentado más de un año antes. Por otro lado, tampoco se entiende el porqué la CNE no aprovechó esa larga tramitación para poner a punto su maquinaria normativa y sus recursos humanos y así poder cumplir con sus funciones de certificación desde el 1 de enero de 2009. Eso sin contar el inexplicable retraso con el que la propia CNE obró al tardar seis meses en emitir su preceptivo informe sobre el citado proyecto de Orden Ministerial".

Más información:
www.appa.es
http://eur-lex.europa.eu

 

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