En septiembre pasado, el gobierno publicó un decreto que la presidente Cristina Fernández explicó así: “se aplicarán retenciones móviles a la exportación del biodiésel para mantener la competitividad” del sector, y agregó que se fijaría cada quince días el precio de referencia del biodiésel que cobrarían las empresas que lo comercializan en el marco del cupo interno ya que, dijo, “la oscilación (del precio internacional) es permanente”.
Una de las consecuencias más inmediatas de la citada reglamentación fue la salida del mercado, por falta de rentabilidad, de firmas pequeñas y medianas, que destinaban el total de sus ventas al consumo local. Esto provocó que fueran reemplazadas por las grandes empresas del sector, con mayor capacidad de producción y de gran presencia exportadora: Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Cargill, Explora, Louis Dreyfus, Molinos Río de la Plata, Patagonia Bioenergía, Noble Argentina, Renova, Unitec Bio, Vicentín y Viluco.
De hecho, en una carta enviada a principios de este mes a la presidente Fernández, la Cámara de Empresas Pymes de Energía y Biocombustibles (Cepeb) -integrada por una veintena de firmas que venden su producto a las petroleras para que lo corten al 7% con gasoil- advirtieron de la situación “desesperante” que dicen estar viviendo y que el cambio de política implementado “excluyó? a un sector que, aseguran, ocupa a unas 2.500 personas y venía proveyendo el 50% de la oferta local del mencionado biocombustible.
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) -donde se localiza el polo de procesamiento de aceite de soja del país- afirmó a comienzos de octubre que se debe “subir el precio interno del biodiésel”, cifrado en 4.661 pesos la tonelada, ya que de no hacerlo la retención la igualaría con la de su materia prima. La Secretaría de Energía aún no ha modificado ese precio.
A comienzos de este año funcionarios de esa Secretaría acordaron con todas las industrias elaboradoras de biodiésel pasar progresivamente del corte al gasoil del 7% al 10% en octubre siguiente. Sin embargo, debido a las medidas mencionadas, se sabe que en septiembre pasado el corte de biodiésel con gasoil fue de apenas un 3,5%.
Algunos analistas colocan esta acción del gobierno como una jugada del tándem formado por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, en desmedro del ministro de Planificación, Julio de Vido, quien controla la Secretaría de Energía y es uno de los principales impulsores de la industria argentina de biocombustibles. Dicha jugada apuntaría a que la estatal YPF tenga el acceso al biodiésel abaratado, aunque se asegura desde la industria que este insumo tiene un peso relativo mínimo en la estructura de costos de la compañía petrolera recientemente reestatizada.
Cabe destacar que según los últimos datos oficiales publicados sobre el tema, en los primeros nueve meses de 2012 las importaciones de gasoil significaron 857 millones de dólares contra los 1.133 millones de dólares en el mismo período de 2011, lo que marca la incidencia del corte del gasoil con el biodiésel de fabricación local.
