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Nuevo real decreto: adiós a la creación de 80.000 empleos en biomasa y biogás

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No hay noticias sobre el estudio para liberar las primas a la biomasa que el secretario de Estado de Energía comunicó a responsables políticos de la Junta de Castilla y León. Si las hay sobre nuevas medidas que afectan negativamente a la producción de energía con biomasa y biogás. Así lo hace saber Unión por la Biomasa (antes Probiomasa), al afirmar que “el Gobierno se empeña en hacer inviable en España la generación de energía a través de las biomasas, con dos nuevas medidas”, las aprobadas el viernes sobre el cambio en la retribución de las tarifas. Según sus cálculos, sin estas “medidas durísimas”, el sector crearía 80.000 empleos con las plantas en proyecto.
Nuevo real decreto: adiós a la creación de 80.000 empleos en biomasa y biogás

Antes de que se aprobara la tasa del 7 por ciento a la generación de energía eléctrica, Unión por la Biomasa (entonces Probiomasa) pedía al Gobierno la elaboración urgente de “un decreto específico para este tipo de industrias que contemple sus particularidades y los magníficos beneficios que inducen”. Poco después, en Expobioenergía 2012, se daba a conocer el contenido de una reunión entre responsables políticos de la Junta de Castilla y León y el secretario de Estado de Energía (entonces Fernando Martí) donde este afirmaba que el Gobierno estudiaba liberar las primas a la biomasa y la cogeneración de pequeña potencia. Sigue sin haber excepción, la tasa del 7 por ciento se aprobó y el pasado viernes otro real decreto modifica la fórmula de retribución a las instalaciones del régimen especial, lo que ha exacerbado los ánimos del sector.

Unión por la Biomasa, que aglutina a 37 asociaciones e instituciones, ha emitido una nota de empresa en la que denuncia que, “de nuevo, el Gobierno se empeña en hacer inviable en España la generación de energía a través de las biomasas, con dos nuevas medidas: la primera, que a partir de ahora se referenciará la actualización anual de las primas, que venía haciéndose al IPC, a solo una parte de él, excluyendo de la actualización los costes de materias primas así como los de operación y mantenimiento; y la segunda, que se expulsa a la biomasa eléctrica del mercado condenándola a ir a tarifa”.

“Sin las durísimas medidas del Gobierno se generarían 80.000 empleos”
El sector sostiene que viene defendiendo hasta la saciedad, sin recibir hasta ahora ninguna comprensión por parte del regulador, la necesidad de que de una vez por todas se le permita internalizar los beneficios que produce. Argumentan que los beneficios que comparten con el resto de renovables (empleo, incremento de ingresos públicos, reducción de contaminación y de costes de emisión, etc.) se producen con mayor intensidad en el sector de la bioenergía y se añaden otros que “justificarían aún más la exclusión de la biomasa de la intención del gobierno de congelar la actualización de primas”.

Entre esos otros beneficios se citan “la creación intensiva de empleo y actividad en los sectores agrícola, ganadero y forestal, su singular capacidad de ahorrar costes de extinción de incendios forestales o de aprovechar, sin emitir a la atmósfera, el biogás producido por la enorme cantidad de residuos que se generan en los sectores agrícola y ganadero”. Desde Unión por la Biomasa inciden especialmente en el caso del desempleo, y recuerdan que “si las plantas que había en proyecto antes de las durísimas medidas del Gobierno (biomasa, biogás y fracción orgánica de residuos sólidos urbanos) pudieran asegurar una mínima viabilidad y se pusieran en marcha, generarían más de 80.000 empleos”.

Industria no ha vuelto a decir nada sobre liberar a la biomasa y el biogás
Diferentes actores recuerdan constantemente que la generación de energía limpia a través de las biomasas ocupa un lugar destacado en el mix energético de los países desarrollados. Por el contrario, “durante los últimos meses en España se le ha venido reduciendo inexorablemente a una industria inviable –afirman en Unión por la Biomasa–, y el Gobierno debe, de una vez por todas, diseñar el necesario marco normativo que permita de una vez por todas el desarrollo de las biomasas en España, y que internalice definitivamente los beneficios que produce este sector para reconocer así que el balance es claramente positivo”. Desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo siguen sin contestar a la enésima petición de información que Energías Renovables le hace sobre la posible elaboración de ese marco normativo que, según Fernando Martí, se estaba estudiando.

En una lectura más amplia de cada medida aprobada en el real decreto ley del viernes, Unión por la Biomasa considera que con la referida al IPC “se multiplica el injusto trato que la biomasa viene recibiendo del Gobierno, ya que en el sector la exposición a la inflación anual es total, al necesitar un combustible para la producción energética”. Con respecto al cambio de tarifa, recuerdan que hasta ahora la inmensa mayoría de los productores (en torno al 82%) vendía su producción a precios de mercado (pool) puesto que permitía sumar la prima. “Con la medida ahora impuesta –señalan–  todos esos productores deberán ir obligatoriamente a precios de tarifa, puesto que los números a precio de mercado eléctrico convierten en absolutamente inviable la mera supervivencia de las plantas”. La conclusión es que “esto supone un nuevo recorte de su ya exigua rentabilidad, que se suma a los efectos negativos de la nueva y reducida actualización por un IPC muy reducido, y a la dura carga del impuesto del 7% con que el Gobierno grava la producción desde hace poco”.

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ÁNGEL
LA MEJOR DEFENSA ES UN BUEN ATAQUE Basta ya de que el “oligopolio eléctrico” a través de sus adláteres del Gobierno destrocen nuestras inversiones en renovables. Basta ya de paños calientes de las Asociaciones de Energías Renovables, en sus relaciones con el Gobierno. Solamente atacando al Gobierno y al “oligopolio eléctrico” a través de los medios de comunicación nacionales -si nos dejan-, e internacionales de Alemania, Francia e Inglaterra durante al menos un año en los periódicos más influyentes, podremos conseguir que corrijan la retroactividad de las normas en renovables. Este ataque debería ser duro, hasta rozar los límites del Código Civil y el Código Penal, constante, diario y permanente durante al menos un año. Debido a la falta de medios económicos, este ataque deberíamos hacerlo a través de un anuncio-módulo de, por ejemplo, 50x60, situado en las páginas más leídas de cada periódico. Este módulo publicitario debe llevar un mensaje corto, pero impactante para la opinión pública de Alemania, Francia e Inglaterra, y para los políticos de la Unión Europea, como por ejemplo: - España no respeta sus leyes. -España es un país corrupto. -En España no se puede invertir, el Gobierno no respeta sus leyes -No compren deuda de España, es posible que no recuperen su inversión. -La retroactividad en España está a la orden del día. -La Justicia en España está al servicio del “oligopolio eléctrico”. -Los políticos de España se venden al “oligopolio eléctrico”. -El “oligopolio eléctrico” no quiere hacer una auditoria de costes. -Etc., etc., etc. Y así hasta conseguir que la Unión Europea llame la atención y obligue al Gobierno a corregir los desastres que realiza a las órdenes del “oligopolio eléctrico”. Hay que conseguir que la prima de riesgo suba a más de 500 puntos. Y podemos conseguirlo si las noticias diarias en el anuncio-módulo informan de los desastres y de la retroactividad que se aplica en España. ¿Se imaginan lo fácil que sería salir en la prensa y en la televisión de España a defender nuestras posiciones, cuando los medios afines al “oligopolio eléctrico” empezaran a criticar nuestra forma de actuar? Claro está, poner estos anuncios en la prensa internacional durante un año, requiere unos gastos de 150.000.000 de euros. Podemos conseguir los 150 millones de euros a través de una cuota de 10 €/Kw instalado si nos unimos todas las energías renovables. Es más, si las asociaciones de energías renovables se unieran en un solo grupo y convencieran a todos los inversores en energías renovables de aportar una cuota anual de 50 €/Kw instalado se podrían obtener unos 2.000 millones de euros anualmente. Con este dinero, anualmente, podemos comprar a todos los medios de comunicación españoles, incluso comprar al “oligopolio eléctrico”. Esta sería la mejor inversión que podríamos hacer todos lo que hemos invertido en energías renovables. Realizar este proyecto requeriría unos gastos de inversión que deberían ser abonados puntualmente a la organización que lo lleve a efecto a través de las cuotas de los inversores. Solamente atacando despiadadamente al “oligopolio eléctrico” y sus adláteres del Gobierno podremos conseguir eliminar las normas retroactivas y los impuestos injustos. Saludos cordiales.
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