Antes de que se aprobara la tasa del 7 por ciento a la generación de energía eléctrica, Unión por la Biomasa (entonces Probiomasa) pedía al Gobierno la elaboración urgente de “un decreto específico para este tipo de industrias que contemple sus particularidades y los magníficos beneficios que inducen”. Poco después, en Expobioenergía 2012, se daba a conocer el contenido de una reunión entre responsables políticos de la Junta de Castilla y León y el secretario de Estado de Energía (entonces Fernando Martí) donde este afirmaba que el Gobierno estudiaba liberar las primas a la biomasa y la cogeneración de pequeña potencia. Sigue sin haber excepción, la tasa del 7 por ciento se aprobó y el pasado viernes otro real decreto modifica la fórmula de retribución a las instalaciones del régimen especial, lo que ha exacerbado los ánimos del sector.
Unión por la Biomasa, que aglutina a 37 asociaciones e instituciones, ha emitido una nota de empresa en la que denuncia que, “de nuevo, el Gobierno se empeña en hacer inviable en España la generación de energía a través de las biomasas, con dos nuevas medidas: la primera, que a partir de ahora se referenciará la actualización anual de las primas, que venía haciéndose al IPC, a solo una parte de él, excluyendo de la actualización los costes de materias primas así como los de operación y mantenimiento; y la segunda, que se expulsa a la biomasa eléctrica del mercado condenándola a ir a tarifa”.
“Sin las durísimas medidas del Gobierno se generarían 80.000 empleos”
El sector sostiene que viene defendiendo hasta la saciedad, sin recibir hasta ahora ninguna comprensión por parte del regulador, la necesidad de que de una vez por todas se le permita internalizar los beneficios que produce. Argumentan que los beneficios que comparten con el resto de renovables (empleo, incremento de ingresos públicos, reducción de contaminación y de costes de emisión, etc.) se producen con mayor intensidad en el sector de la bioenergía y se añaden otros que “justificarían aún más la exclusión de la biomasa de la intención del gobierno de congelar la actualización de primas”.
Entre esos otros beneficios se citan “la creación intensiva de empleo y actividad en los sectores agrícola, ganadero y forestal, su singular capacidad de ahorrar costes de extinción de incendios forestales o de aprovechar, sin emitir a la atmósfera, el biogás producido por la enorme cantidad de residuos que se generan en los sectores agrícola y ganadero”. Desde Unión por la Biomasa inciden especialmente en el caso del desempleo, y recuerdan que “si las plantas que había en proyecto antes de las durísimas medidas del Gobierno (biomasa, biogás y fracción orgánica de residuos sólidos urbanos) pudieran asegurar una mínima viabilidad y se pusieran en marcha, generarían más de 80.000 empleos”.
Industria no ha vuelto a decir nada sobre liberar a la biomasa y el biogás
Diferentes actores recuerdan constantemente que la generación de energía limpia a través de las biomasas ocupa un lugar destacado en el mix energético de los países desarrollados. Por el contrario, “durante los últimos meses en España se le ha venido reduciendo inexorablemente a una industria inviable –afirman en Unión por la Biomasa–, y el Gobierno debe, de una vez por todas, diseñar el necesario marco normativo que permita de una vez por todas el desarrollo de las biomasas en España, y que internalice definitivamente los beneficios que produce este sector para reconocer así que el balance es claramente positivo”. Desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo siguen sin contestar a la enésima petición de información que Energías Renovables le hace sobre la posible elaboración de ese marco normativo que, según Fernando Martí, se estaba estudiando.
En una lectura más amplia de cada medida aprobada en el real decreto ley del viernes, Unión por la Biomasa considera que con la referida al IPC “se multiplica el injusto trato que la biomasa viene recibiendo del Gobierno, ya que en el sector la exposición a la inflación anual es total, al necesitar un combustible para la producción energética”. Con respecto al cambio de tarifa, recuerdan que hasta ahora la inmensa mayoría de los productores (en torno al 82%) vendía su producción a precios de mercado (pool) puesto que permitía sumar la prima. “Con la medida ahora impuesta –señalan– todos esos productores deberán ir obligatoriamente a precios de tarifa, puesto que los números a precio de mercado eléctrico convierten en absolutamente inviable la mera supervivencia de las plantas”. La conclusión es que “esto supone un nuevo recorte de su ya exigua rentabilidad, que se suma a los efectos negativos de la nueva y reducida actualización por un IPC muy reducido, y a la dura carga del impuesto del 7% con que el Gobierno grava la producción desde hace poco”.