La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado esta semana que el Gobierno quiere “dar continuidad al actual bono social. Eso sí, pensamos que hay que introducir con carácter inmediato una serie de mejoras que incrementen la protección y faciliten -sobre todo esto: faciliten- el acceso al mismo por parte de la población con derecho a ello”. En comparecencia a petición propia, la ministra ha ido desgranando a los miembros de la Comisión Parlamentaria para la Transición Ecológica las medidas que tiene previstas. A saber: incrementar los límites con derecho a descuento, darle un tratamiento especial a las familias monoparentales, desarrollar medidas de protección a la infancia, y colaborar con el Instituto Nacional de la Seguridad Social y con la Federación Española de Municipios y Provincias para facilitar el acceso a estos servicios a través de sus servicios sociales. Además, el Gobierno quiere complementar el bono eléctrico con un nuevo bono social para calefacción –“bono térmico”, ha dicho Ribera- que permita sufragar los gastos de los hogares durante el próximo invierno”. Por fin, es fundamental –ha dicho la ministra- elaborar Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza Energética: “tenemos la intención de presentarla antes de seis meses y que debe dar un marco de actuación para los próximos años”.
UGT coincide grosso modo con las líneas señaladas desde el Gobierno, si bien reclama "la participación sindical en la anunciada Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza" y, sobre todo, la aplicación del IVA reducido a la electricidad, que, según los sindicalistas, debe bajar del 21% actual al 10% "por ser considerado el suministro de electricidad un servicio esencial para la ciudadanía". UGT, "a falta de ver el detalle de dichas medidas", presentó ayer toda una batería de propuestas para combatir la pobreza energética. Son estas:
• una ley que asegure el acceso universal al suministro de luz y evite el corte a las personas más vulnerables con rentas más bajas;
• una prohibición legal de todos los cortes de luz a familias con problemas económicos, coste que debe ser asumido por las compañías;
• modificar el sistema de formación de precios de la electricidad en España, y poner fin a los abusos tarifarios con la aprobación de una tarifa asequible y transparente, regulada por el Gobierno, a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia;
• auditoría al sistema eléctrico. Realización de un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas;
• fortalecer los derechos de los consumidores con facturas y contratos de energía claros;
• implementar actuaciones de eficiencia energética e impulsar el autoconsumo de energía renovables;
• acabar con el monopolio de las redes de distribución eléctrica, pasando a manos públicas, invirtiendo en su modernización, y exigiendo mayor transparencia mediante auditorías integrales de costes.
"En definitiva -concluye el comunicado de UGT-, el Gobierno debe abordar, desde el consenso, una reforma integral del sistema eléctrico, garantizando el suministro, con los niveles necesarios de calidad y coste adecuado, y con un nivel de competencia efectiva en el sector".
La rebaja del IVA no fue incluida por la ministra entre las iniciativas que presentó ante la Comisión Parlamentaria. A preguntas de los diputados de la Comisión, Ribera ha dicho que "el IVA es un ingreso comunitario, por tanto requiere una tramitación distinta y contando con las autoridades de la UE". La ministra en todo caso ha reconocido que "es contraintuitivo pensar que un consumidor vulnerable pueda pagar un 21% de IVA", y ha dejado la puerta abierta al estudio de esta posibilidad: "está por ver que esto se pueda modificar. Las experiencias de otros países de la Unión Europea tampoco son sencillas con respecto a esta modificación o la inclusión de tramos en el IVA".
