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Nueva normativa (y miles de millones) agitan el mercado de la eficiencia y la rehabilitación 

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El sector del ladrillo ha vivido en España prácticamente al margen de las necesidades de ahorro y eficiencia energética. Prueba de ello son las desastrosas calificaciones de los inmuebles, conocidas tras la entrada en vigor del Certificado Energético el pasado 1 de junio: sólo el 1% tiene una clasificación A o B y más del 80% tiene una clasificación E, F o G. Sin embargo, algo está cambiando ante la evidencia de que el ahorro de una certificación A en relación a una G es del 80%, y ante la confluencia de iniciativas y ayudas nacionales y europeas a favor de la rehabilitación y la eficiencia energética. 
Nueva normativa (y miles de millones) agitan el mercado de la eficiencia y la rehabilitación 

“Ya se nota entre los arquitectos y los constructores la preocupación por el papel de la energía en los edificios, y ya es hora de que nos tomemos en serio un sector que, de acuerdo con los datos del IDAE, podría generar más de 750.000 empleos hasta 2020”, comentaba Javier García Breva el martes pasado durante un encuentro con medios de comunicación. “Se está desarrollando un nuevo marco normativo que obliga a poner en práctica un nuevo concepto de edificación y de urbanismo”.

Aproximadamente el 30% de los costes de explotación de los edificios son energéticos, y ese porcentaje está subiendo –la tendencia es que alcance el 50%– con el encarecimiento de la energía. “Con esta situación, una buena calificación energética, además de ahorro, aporta valor añadido, y eso es algo que entiende el mercado” comenta García Breva.

Esta inquietud coincide con un renovado interés por el parque de edificios del país –la prensa publica estos días que los extranjeros están comprando inmuebles a precios de ganga– y con la puesta en marcha de varias normas y ayudas públicas nacionales y comunitarias. Las más importantes son la Directiva de Eficiencia Energética 2012/27/UE, la Ley 8/2013 de rehabilitación regeneración y renovación urbanas, la actualización del Código Técnico de la Edificación y los nuevos presupuestos de la UE para el período 2014-2020.

4.000 millones de fondos FEDER
“Las empresas deberían estar dirigiendo proyectos a las comunidades autónomas –señala García Breva–, con vistas a que éstas los remitan al Ministerio de Economía y éste, a su vez, a Bruselas, para que puedan beneficiarse del Fondo Regional Europeo (FEDER)”. La eficiencia energética es una de las prioridades de este Fondo comunitario y para el período 2014-2020 le destinará un mínimo del 20% de su presupuesto total. En el caso de España, junto con otras partidas comunitarias, como el fondo Horizon, rondará los 4.000 millones de euros.

Pero el hecho de que esos 4.000 millones estén disponibles no quiere decir que vayan a aprovecharse. Prueba de ello es que de los 23.052 millones de euros asignados a España en el actual período del FEDER (2007-2013), sólo se han ejecutado 13.393 millones. La crisis económica explica este desfase, al impedir que las empresas accedan al crédito y que la Administración canalice fondos públicos. Todavía hay plazo hasta 2015 para que esa inversión pendiente se materialice y su viabilidad dependerá en gran medida de la capacidad de gestión de las comunidades autónomas.

Planes Nacionales de Acción para la Eficiencia Energética
Las nuevas ayudas del FEDER coincidirán con la puesta en marcha del calendario de medidas previsto por la Directiva 2012/27/UE de Eficiencia Energética, que obliga a los socios comunitarios a establecer Planes Nacionales de Acción para la Eficiencia Energética antes de que finalice abril de 2014. Los Planes serán las hojas de ruta para que los estados miembro alcancen el objetivo de reducir un 20% su consumo energético en 2020. El Diario Oficial de la UE ya publicó el pasado 28 de mayo la plantilla para elaborarlos, incluyendo elementos de obligado cumplimiento.

Para financiar cada Plan se establecerá un Fondo Nacional de Eficiencia Energética que se nutrirá principalmente de los fondos que aporten distribuidoras y comercializadoras de energía; obligadas a conseguir un ahorro anual del 1,5% de sus ventas a partir del 1 de enero de 2014, revertirán al Fondo el capital equivalente. Caben otras opciones, como el establecimiento de fiscalidad verde, pero el monto final tiene que ser el mismo.

Para animar el mercado, el Plan recurrirá al papel ejemplarizante de la Administración e incluirá un inventario de los edificios públicos que deban  rehabilitarse, a razón de un 3% de su superficie total cada año.

Fondo de 2.241 millones para rehabilitación
Junto con estas ayudas y normativas europeas, en el plano nacional se han abierto recientemente otras vías para potenciar el mercado, como el fondo de ayuda para la rehabilitación de 2.241 millones de euros establecido en abril por el Real Decreto 233/2013, o la reciente convocatoria de ayudas a la rehabilitación energética del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE).

También mejorarán la situación la Ley 8/2013 de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, publicada el pasado junio, que contempla actuaciones en áreas extensas –barrios enteros–, así como la participación expresa de Empresas de Servicios Energéticos, entre otras medidas. Particular hincapié hace en facilitar obras que consigan reducciones del 30% de la demanda de energía no renovable.

Y más recientemente, en septiembre, se ha publicado la Orden FOM 1635/2013, que actualiza el Código Técnico de la Edificación, avanzando hacia la consecución de edificios de consumo de energía casi nulo, vinculados a la producción de energía renovable in situ o en el entorno inmediato. Entre las medidas más destacables, obliga a todos los edificios nuevos o las ampliaciones de los edificios existentes a conseguir una clasificación energética B como mínimo.

La reforma eléctrica da la de arena
Si todas estas medidas empujan a un mayor ahorro y a una mayor penetración de las energías renovables, la reforma energética rema en la dirección contraria. El incremento de los costes fijos del recibo eléctrico acometido por la Orden de Tarifas del pasado agosto (IET/1491/2013) desincentiva claramente la eficiencia –se ahorra menos dinero al ahorrar energía– y se perjudica gravemente la financiación de los proyectos, al incrementar los plazos de amortización de los mismos. Como comenta García Breva, “Hay una clara contradicción entre la política del Ministerio de Fomento y la del Ministerio de Industria”.

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