El borrador -asegura el Gobierno- establece un mecanismo de acceso al bono "más eficiente, basado en criterios de renta de la unidad familiar, para que sea más accesible y refuerce la protección de los consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión social". El Ejecutivo propone en su borrador crear "diferentes categorías para los hogares vulnerables de acuerdo a unos umbrales de renta establecidos mediante el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que se ampliarán para una serie de circunstancias especiales (como el grado de discapacidad, entre otras) basadas en supuestos socioeconómicos". Además, el Ministerio de Energía quiere crear la categoría de "hogares vulnerables severos, que estarán más protegidos y se beneficiarán de un descuento más elevado que los consumidores vulnerables".
La medida -emplear la renta de la unidad familiar para determinar si una familia merece o no ayuda- llega ocho años después de aprobado el bono social hasta ahora vigente. Aquel bono fue ideado por el PSOE en 2009 para, también, proteger a "los consumidores denominados vulnerables", a aquellos que más dificultades tenían y tienen para hacerle frente a las facturas de Endesa, Iberdrola y compañía. Sin embargo, esa "solución" fue desde el principio (y ha sido, a lo largo de estos ocho inviernos) muy criticada por la mayoría de los actores del sector, porque ese bono social (una rebaja del 25% en la factura), sorprendentemente, no tenía en cuenta como elemento clave la renta de las familias.
Uno de los requisitos clave para ser beneficiario del bono social que se inventó el PSOE y ha mantenido vigente durante todo un quinquenio el PP (2011-2016) es la potencia: tener menos de tres kilovatios de potencia contratados (3 kW). Esto propicia que el 80% de las solicitudes -denunciaba ya Podemos en su Ley 25 de Emergencia Social hace más de un año- se haga por mor de un contrato de menos de 3 kW, algo que puede no encajar en el perfil de familia vulnerable.
La condición de familia numerosa -con tres hijos (o más)- podía habilitarnos también como beneficiarios de este bono, y, evidentemente, ser muchos en casa tampoco equivale siempre a ser vulnerables. El caso es que todos estos inconvenientes fueron detectados (y denunciados) hace ya más de un quinquenio, y parece que ahora, por fin, el Partido Popular cae en la cuenta de que un mecanismo "más eficiente" de asignación de esa ayuda es el que está "basado en criterios de renta de la unidad familiar", y no tanto en la potencia contratada o lo numeroso de las familias.
Eso sí, seguirá habiendo cortes de suministro por impago
Las comercializadoras -informa el Gobierno- deberán comunicar a los consumidores los impagos de sus facturas, "desde el primer momento que suceda". Con posterioridad a esta comunicación, reclamarán fehacientemente el pago, ya sea por correo certificado, por burofax o por medio telemático mediante firma electrónica. En caso de que esta reclamación no pueda ser entregada, se prevé la realización de una segunda reclamación, utilizando vías alternativas de notificación. Por último, y antes de proceder al corte de suministro, deberán realizar una tercera y última reclamación fehaciente de pago. Con carácter general para los consumidores, si no se ha recibido el pago de la factura en dos meses desde la reclamación fehaciente de pago, las comercializadoras podrán proceder a la suspensión del suministro. Este plazo se ampliará a cuatro meses para los consumidores vulnerables acogidos al bono social.
De la comunicación entre las administraciones y las comercializadoras
Las administraciones competentes en materia de política social tendrán un listado permanentemente actualizado de las suspensiones del suministro eléctrico previstas, lo que les permitirá identificar los casos de riesgo de exclusión social que puedan verse afectados y adoptar así las acciones necesarias para asegurar la protección de los consumidores con problemas de inserción social, evitando los cortes indeseados.
Como novedad fundamental, se crea una tercera categoría constituida por los hogares vulnerables severos en situación de exclusión social. En estos casos, cuando las autoridades competentes aporten ayudas que supongan una financiación del 50% de la factura, el suministro será declarado esencial y se cofinanciará junto con las comercializadoras eléctricas, impidiendo así el corte de suministro para estos hogares.
Las administraciones competentes podrán utilizar la información del listado para gestionar la inclusión de estos consumidores en el bono social y en sus programas de asistencia social, según proceda.
Más transparencia en la contratación
Las comercializadoras deberán comunicar a sus clientes la posibilidad de acogerse al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y de solicitar el bono social si se cumplen las condiciones de renta establecidas. Además, se les informará de que la suscripción de contratos en mercado libre implica que no resulte aplicable la percepción del bono social. Por último, las comercializadoras no podrán aplicar ninguna penalización o coste adicional ante cambios de contratos desde el mercado libre al PVPC, siempre que el consumidor acredite los requisitos para ser considerado vulnerable.
