Las comunidades -informa el Gobierno canario- solicitaron el pasado 1 de marzo la intermediación de la ministra Montserrat para conseguir una reunión con el Ministerio de Energía, encargado de la aprobación del nuevo decreto regulador, "ya que estiman -explican fuentes del Ejecutivo canario- que son las compañías eléctricas las que han impuesto a las administraciones públicas el procedimiento de la gestión de las ayudas". Según el Gobierno regional, en dicho encuentro, los representantes de las comunidades autónomas aseguraron que se trata de "una invasión de competencias que traslada la carga hacia los servicios sociales y, además, expresaron su preocupación por el tratamiento de los datos de los usuarios".
El Bono Social es un descuento en la factura de la luz que hasta ahora estaba regulado y financiado por las comunidades autónomas. Con la entrada en vigor, en octubre de 2017, del Real Decreto 897/2017, cambiaron los requisitos para tener derecho a la ayuda, y se incorporó una nueva categoría en el colectivo de suministros de energía eléctrica que tienen carácter de esenciales.
El vicenconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, recuerda que, "en Canarias, el convenio firmado con Endesa en el año 2015 estará vigente hasta el 2 de noviembre", por lo que hace un llamamiento a la tranquilidad de los posibles afectados mientras se negocia con el Estado la simplificación de los trámites.
"Los problemas y retrasos que está generando su engorrosa tramitación -ha dicho Candil- han forzado al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a anunciar que el plazo de presentación queda prorrogado durante seis meses más, hasta octubre, para que los consumidores acogidos al anterior esquema puedan solicitar su inclusión en el nuevo Bono Social".
Aún así, el Gobierno de Canarias trabaja en el diseño de un convenio que defina exactamente cómo establecer la aplicación de la nueva normativa que regula el denominado Bono Social. El diseño de este acuerdo se realiza en el seno de una comisión con participación del comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, las Consejerías Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y de Economía; y de Industria, Comercio y Conocimiento; y la Federación de Municipios Canarios, y las compañías eléctricas, y tiene como objetivo establecer un protocolo de aplicación en Canarias de este bono social. Este protocolo establecería de manera acordada la gestión de los listados de impagos de consumidores vulnerables severos, dando seguridad jurídica tanto en la cesión de datos como en la responsabilidad de las propias Comunidades Autónomas ante situaciones de cortes de suministro.
