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El Ejecutivo autónomo ha presupuestado en 400.000 euros las ayudas para los inviernos de 2016-17 y 2017-18

El Gobierno de Baleares destina 260.000 euros a combatir la pobreza energética

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La Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad del Govern Balear ha concedido ayudas, por un valor de 260.000 euros, a 400 familias del archipiélago. El Ejecutivo balear preside la Mesa de Lucha contra la Pobreza Energética de las Islas Baleares, que integra administraciones, comercializadoras y entidades sociales.
El Gobierno de Baleares destina 260.000 euros a combatir la pobreza energética

El conseller de Territorio, Energía y Movilidad del Govern Balear, Marc Pons, que preside la Mesa de Lucha contra la Pobreza Energética, ha informado de que la consejería ha destinado una partida de 400.000 euros para paliar situaciones de pobreza energética durante los inviernos de 2016-17 y 2017-18 y que, hasta ahora, las entidades sociales encargadas de gestionar estas ayudas (Cruz Roja y Cáritas de Mallorca y Menorca) han solicitado 260.000 euros, razón por la cual todavía permanecen disponibles otros 140.000 para estas situaciones de necesidad.

La Mesa de Lucha contra la Pobreza Energética ha tratado también del nuevo bono social, aprobado por el Gobierno del Estado el pasado 8 de octubre, que ha sido valorado muy positivamente por el conseller Marc Pons. “Complementa las ayudas que pone el Gobierno de las Islas Baleares”, ha señalado. Así mismo, el director general de Energía y Cambio Climático de Baleares, Joan Groizard ha añadido que los criterios que establece el nuevo bono social, basado en la vulnerabilidad de las familias, son los que se han defendido desde las Islas Baleares.

Marc Pons ha explicado que el decreto que regula el bono social establece tres tipos de destinatarios
El primero sería el de los consumidores vulnerables, que pueden tener un descuento del 25% en el recibo de la electricidad; en el segundo perfil quedarían encuadrados los consumidores vulnerables severos (-40% de descuento y a los que nunca se les puede cortar la luz); y, por fin, estarían los que se encuentran en riesgo de exclusión (-50%). El Govern también destaca en ese decreto que "aumenta el plazo de 2 a 4 meses para avisar de los cortes de luz y que las empresas comercializadores tienen que informar cada semana a la administración de los afectados por posibles cortes de suministro".

Por su parte, Groizard ha afirmado que el nuevo bono social obligará a intensificar la coordinación entre las administraciones implicadas. “Actualmente estamos trabajando entre la Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad, la Conselleria de Servicios Sociales, los Consell Insulares y Endesa para que la implantación de este bono social sea lo más rápida posible.

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