Entre otras cosas el decreto fija que los edificios de nueva construcción y las instalaciones industriales deberán contar con el Certificado Energético Andaluz, como requisito previo a la obtención de autorizaciones y licencias. Frente a la garantía de carácter informativo que exige la normativa estatal, el autonómico será obligatorio, tendrá una validez de 10 años y servirá para proporcionar a la ciudadanía una información adecuada sobre el consumo energético y la calidad en la construcción.
Los niveles de eficiencia afectarán a los edificios de nueva planta, a la totalidad de los del sector público andaluz, y a los ya existentes cuya ampliación o reforma suponga incrementar en más del 30% el consumo de energía primaria, ampliar en más de 1.000 metros cuadrados la superficie útil o renovar más del 25% de los cerramientos. Para los casos en que no sea obligatoria la certificación, el Gobierno prevé el establecimiento de incentivos económicos y tributarios. Respecto a la industria, los requerimientos serán aplicables en todas las instalaciones nuevas con umbrales de consumos anuales equivalentes a 250 toneladas de petróleo o 1.250 kw.
El documento recoge también el uso obligatorio de biocarburantes en las flotas de autobuses de servicio público y en los vehículos de la administración, y se fijan unas proporciones mínimas del 15% sobre el total del combustible de cara a 2012 y del 20% en 2020. En los servicios que se realicen por espacios naturales protegidos, estos porcentajes se amplían al 20% en el primer plazo y el 30% en el segundo. El aprovechamiento energético del biogás generado en instalaciones de producción y gestión de residuos, así como en vertederos cuando su potencial sea superior a los 10 millones de kwh/año, es otra de las nuevas obligaciones aprobadas por el Gobierno regional.
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