Cien millones de millones de dólares

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Es la cifra que nos dio Jeremy Rifkin la semana pasada durante su intervención en una conferencia en Sant Cugat del Vallés, cerca de Barcelona. La cifra es un uno con 14 ceros detrás: cien billones. Es 1,36 veces el producto interior mundial del año 2015, según cifras del Banco Mundial. Representaba los costes hundidos de la industria energética global por la transición a un nuevo modelo energético. Hemos de pensar en todo el petróleo, carbón etc, que va a tener que quedarse en el suelo para conseguir que el aumento de la temperatura del planeta quede muy por debajo de los 2o C respecto a los niveles preindustriales, tal y como se pactó en la COP21 de Paris, ya ratificado por 61 países, entre los cuales se encuentran Estados Unidos y China. 100 billones de dólares es mucho dinero.

Cuarenta y ocho billones
Ya no es tanto. Esta es la cifra, en dólares que, según la Agencia Internacional de la Energía, necesitamos invertir hasta el 2030 para instalar la tecnología para ser más eficientes y usar menos energía, y para generar la restante que sí que necesitamos de forma más limpia. La factura total de nuestro cambio paradigmático entonces serán unos 148 billones de dólares. Significa que del monto total, un 32,43% corresponde a inversión nueva, y 67,57% a activos tóxicos. Lo primero es dinero que se necesita invertir, y lo segundo son costes hundidos: dinero invertido pero no recuperable. Es el coste por esperar demasiado tiempo para adaptarse a la realidad del cambio climático.

No es que no hayan sido avisados, pero no han podido resistir a la tentación de influir el curso de los acontecimientos con el poder político que representan inversiones de 100 billones de dólares. Posiblemente tendrá que añadirse a ello la factura para hacer lobby para negar el cambio climático, muy popular todavía en la administración del anterior presidente de los Estados Unidos, o el actual presidente en funciones en España. A nivel socio-económico habrá que añadir los 400 millones de dólares de subvenciones que recibían anualmente, según la Agencia Internacional de la Energía, conseguidos por esta misma fuerza económica. Como metaforiza Rifkin: han perdido el tren.

¿Quién tiene que pagar esta factura?
Parece una pregunta retórica, pero no lo es. En un mundo justo y transparente diríamos que aquellos que han operado en un mercado liberalizado invirtiendo su dinero allí lo pierden si apuestan mal. Aquí no hay expectativa legítima en el sentido jurídico, ya que no hubo ninguna ley o regulación que fomentase estas inversiones en el momento de la inversión (aunque luego sí que hayan recibido ayudas, como los pagos por capacidad o las restricciones técnicas). Si observamos la realidad regulatoria en nuestro país, me temo que parte de estos costes hundidos ya se han desviado al sector de las energías renovables. A estos les recortaron hasta un 50% su retribución legítimamente prevista. En España el coste de la transición energética no será un 32,43% del total, necesariamente será más alto. Mediante técnicas de contabilidad creativa nuestros reguladores has conseguido meter el coste de los activos tóxicos en el saco de los activos limpios. Y suma y sigue, los sobrepeajes o popularmente denominado impuesto al sol para encarecer el autoconsumo es más de lo mismo.

¿Jurídicamente cómo se come esto?
El próximo miércoles 28 de septiembre 2016 tendremos otra oportunidad para entrar más a fondo en esta cuestión en el colegio de Ingenieros de Barcelona, en un acto que estamos organizando en colaboración con el Clúster de Eficiencia Energética de Cataluña. El Tribunal Supremo está viviendo un cisma en su valoración de la confianza legítima de las energías renovables, y para colmo la Abogacía del Estado opina que este cisma de todos modos nunca podrá significar que haya dudas en el alto tribunal. Estoy más convencido que nunca de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pensará como la casi mitad del Tribunal Supremo español, y el camino hacia Luxemburgo lo tiene que abrir ahora el Tribunal Constitucional en base a argumentos doctrinales sobre la existencia o no de dudas razonables. El criterio para valorarlo es objetivo, lo que significa que pensando en abstracto ningún juez de la Unión Europea albergaría una duda sobre la interpretación en cuestión. De nuevo parece un ejercicio retórico, ya que no hace falta buscar más allá de su propia sala de deliberaciones para encontrar un compañero con serias dudas de interpretación. Los jueces de la ajustada mayoría lo intentaron salvar con una acrobacia jurídica, manteniendo que los conceptos constitucionales españoles de confianza legítima y seguridad jurídica eran muy parecidos a los europeos, y por ende no hacía falta interpretar los últimos, ya que los primeros les correspondían a ellos.

Auditoría del sistema
Mientras tanto estamos acercándonos al tercer acto de una obra tragicómica en nuestra política nacional. Uno de los temas que me parecía destacable era la auditoría de costes del sector eléctrico en la que insistió Ciudadanos en su pacto con el PP, creo que es una señal positiva que la fuerza más cercana al gobierno traza una línea roja por el medio del sector eléctrico. No se puede engañar a toda la gente todo el tiempo. Las demás fuerza políticas  parecen estar en la misma línea. Espero que el documental hecho por César Vea, que se proyectará en el acto que mencioné en el párrafo anterior, ayude a iluminar a quién todavía niega lo que se ha hecho a las renovables en España. Rifkin lo tachó la semana pasada de muy equivocado.

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