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Podemos quiere cerrar todas las centrales nucleares en los próximos siete años

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El grupo parlamentario confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado esta mañana en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para el cierre progresivo de las centrales nucleares. El grupo quiere que las centrales nucleares cierren "progresivamente, a medida que caduquen los permisos de explotación actualmente en vigor". Trillo sería así la última en cerrar, en el año 2024. Las centrales alcanzarían por tanto una vida útil media de 38 años. [En la imagen, Vandellós I, central que sufrió un grave incendio en 1989, como consecuencia del cual hubo de parar. Hoy, 28 años después de aquel accidente, continúa en fase de desmantelamiento].
Podemos quiere cerrar todas las centrales nucleares en los próximos siete años

La Proposición de Ley presentada hoy en el Congreso por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea dice no a la reconexión de Garoña (que lleva ya varios años parada) y apuesta por el cierre paulatino de las demás. A saber: Almaraz I, Almaraz II y Vandellós II en 2020; Ascó I, Ascó II y Cofrentes, en 2021; y Trillo, tres años después, en 2024. El Grupo Parlamentario (GP) incluye además una alternativa: el denominado Plan de Transición Energética, "acordado con las comunidades autónomas y (...) basado en las energías renovables y la eficiencia energética". El objetivo de este plan será -según Unidos Podemos- "un sistema energético 100% renovable, eficiente, sostenible, competitivo económicamente, dotado de recursos para combatir el cambio climático, impulsar el cambio de modelo productivo y generar empleo".

Según el GP Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, "es posible prescindir de la energía nuclear sin poner en peligro la garantía de suministro eléctrico, pues el exceso de factor de disponibilidad en España (unos 108.000 MW instalados en total, con una demanda máxima histórica de unos 45.000 MW) lo permite". Prueba de ello -apuntan desde ese GP- es que en alguna ocasión se ha producido la parada simultánea de hasta seis nucleares sin que se haya producido ningún problema de suministro. "Disponemos de una sobrecapacidad del 40% en el momento de mayor demanda. Aun prescindiendo de los 7.400 megavatios de potencia nuclear -explican desde Unidos Podemos-, la sobrecapacidad está garantizada".

Plan de desmantelamiento y plan de desarrollo social y económico local
La Proposición de Ley prevé por otro lado que, en los seis meses siguientes al cierre de las centrales, se aprueben un plan de clausura y desmantelamiento, acompañado de un Fondo que garantice que los operadores realizan las aportaciones necesarias para cubrir su coste. Este fondo debe contar también -matizan desde el GP- con la participación de las comunidades autónomas y ser además sometido al control del Congreso de los Diputados. Igualmente, en el plazo de seis meses, el Gobierno deberá presentar un plan de adaptación y desarrollo social y económico de las zonas afectadas por el fin de la actividad de las centrales nucleares. Según Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, "la financiación, prioridades y actuaciones de dicho plan serán decididas de acuerdo con las comunidades autónomas, los municipios afectados y los agentes sociales".

López de Uralde y Vendrell
El coportavoz de Equo y miembro de la ponencia nuclear por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Juan López de Uralde ha manifestado que "la energía nuclear tiene grandes riesgos, que se acentúan cuando pasan los 40 años de explotación previstos". Mientras que el también diputado del GP Josep Vendrell ha alertado sobre el doble lenguaje del Gobierno, que habla por una parte de transición energética, mientras, por la otra, sigue apostando "por alargar la vida de las centrales nucleares, dos cosas que son totalmente incompatibles". Ambos portavoces han recordado por fin que existe una mayoría favorable en el arco parlamentario al cierre de las centrales nucleares, por lo que en su mano está -en manos del Grupo Parlamentario Popular- evitar que se alargue la vida de las explotaciones nucleares a través de órdenes ministeriales que no pasan por el pleno del Congreso.

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