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Las pequeñas y medianas iniciativas fotovoltaicas no han tenido ninguna opción en la subasta

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Anpier, la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos, denuncia que la subasta para la instalación de potencia de energía renovable, celebrada hoy, ha venido a constatar que el Ministerio de Energía, con el beneplácito del Gobierno, ha adjudicado los 2.000 MW de nueva potencia renovable bajo criterios sesgados que penalizaban cualquier pretensión de generación social.
Las pequeñas y medianas iniciativas fotovoltaicas no han tenido ninguna opción en la subasta

Tal y como reflejan los resultados de dicha subasta, las pequeñas y medianas iniciativas fotovoltaicas no han tenido ninguna opción, ni siquiera ofertando el máximo de los descuentos posibles, según un comunicado que acaba de emitir Anpier.

La asociación explica –como ha sido repetidamente denunciado– que las condiciones establecidas favorecían proyectos eólicos y de muy grandes dimensiones, bajo la errónea premisa de que este criterio aporta un precio óptimo para los españoles. "Sin embargo, tras un sólo aparente mejor precio de la energía, los ciudadanos españoles se verán privados de poder absorber de forma directa o indirecta una parte de los ingresos del sistema eléctrico que entre todos nutrimos mes tras mes a través de las facturas de la luz".

Campaña masiva de denuncia
Anpier ha iniciado una campaña de denuncia, que aparecerá mañana en todas las cabeceras nacionales, en la que se exige un cambio de modelo energético. Y no sólo en lo referente a las tecnologías de generación, dejando atrás aquellas que contaminan o son una grave amenaza para el planeta y la sociedad –como gas, petróleo o nuclear– sino también en lo que respecta a la propiedad de las instalaciones de generación, ahora concentradas en unas pocos empresas, que actúan en régimen de oligopolio pero que deberían estar abiertas a la participación de pymes, autónomos y particulares.

Con el eslogan: “No a una privatización del sol. Los ciudadanos queremos participar en la generación de energía”, desde Anpier se exige un nuevo modelo energético que sea sostenible y social, reclamando el derecho de los ciudadanos a generar su propia energía en hogares y centros de producción.

En palabras del presidente de la asociación, Miguel Ángel Martínez-Aroca: “Los españoles tenemos también derecho a participar del mercado energético a través de parques fotovoltaicos sociales, que redistribuyan los ingresos del sistema eléctrico y beneficien las economías locales. Basta ya de trabas normativas, la destrucción del colectivo de 62.000 familias fotovoltaicas pretende expulsar a estos pequeños operadores y disuadir a la sociedad de acceder a este mercado oligopolístico por la gracia del Gobierno”.

Nadal busca solo blindar al oligopolio
Anpier considera que el Gobierno, al menos en el ámbito energético, establece marcos legales abiertos para que sean desarrollados por medio de órdenes ministeriales que regulan cuestiones que, siendo trascendentales para la economía, el entorno y la sociedad, cursan sin el deseable control parlamentario, sin la transparencia y la participación deseables, al criterio y voluntad de unas pocas personas y de sus circunstancias. Además, al tratarse de energía, una competencia centralizada, queda también vedada a las comunidades autónomas y los ayuntamientos la posibilidad de realizar sus aportaciones.

"El Ministro de Energía, Álvaro Nadal, está desempeñando una labor que conduce a blindar el oligopolio de la generación eléctrica en España, para condenar a los españoles a ser meros paganos de facturas gravosas e incomprensibles, y sin opción para participar en la generación de energía a través de un recurso renovable, gratuito e inagotable como es el sol", asegura la asociación.

Anpier exige una cuota social del 20% del total de la potencia que sea subastada en las próximas convocatorias.  En este sentido, Martínez-Aroca ha recordado que el borrador de la nueva Directiva de Renovables apunta como esencial la democratización de la generación. Dicho borrador establece la importancia de que grupos de personas físicas y pymes, ayuntamientos y municipios, lo que llama la “generación social” tengan garantizado por el Estado el derecho real a generar energía.

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