"Existen cuatro grandes alteraciones que son de carácter global pero afectan directamente a España (...): el cambio climático, el envejecimiento de la población, los flujos incontenibles de migraciones masivas y la amenaza del terrorismo yihadista". Así comienza el epígrafe "Los retos estratégicos de nuestro tiempo", en torno al cual se estructura buena parte del programa que presentó ayer Pedro Sánchez en Madrid, un documento de 33 páginas que denota desde el principio la Impronta Narbona. La exministra de Medio Ambiente acompañó al candidato socialista -en realidad aún precandidato a primarias-, como también lo hicieron la jueza Margarita Robles y el diputado vasco Odón Elorza.
De la transición
El programa de Sánchez apuesta sin rodeos por "acelerar la transición ecológica de la economía, y en prticular la transición energética". Así, aboga por "adoptar medidas excepcionales, basadas en el conocimiento científico: es necesario aumentar la eficiencia energética y afrontar el cambio del modo de producción de energía desde fuentes que utilizan los combustibles fósiles a fuentes renovables". El discurso que han plasmado en el documento Sánchez y Narbona es en ese sentido pragmático: "esta transición no se va a producir sin los adecuados incentivos públicos (fiscalidad, compras públicas, regulación) y, si es necesario, por la situación de excepcionalidad de este desafío, con mecanismos de control público frente a las resistencias corporativas, que son y serán muy notables en todos los sectores productivos y, en especial, en los energéticos".
A continuación, recogemos todas las referencias que sobre energía incluye el documento «Por una nueva socialdemocracia»
«La socialdemocracia debe acelerar la transición ecológica de la economía, y, en particular, la transición energética (...). Los organismos multilaterales, como la ONU, han elaborado resoluciones muy precisas sobre lo qué hay que hacer para detener el cambio climático, atajar la pérdida de biodiversidad, y reducir toda forma de contaminación. Los socialdemócratas -explica el documento- debemos impulsar su efectiva implantación a escala europea y por parte de cada gobierno. Sin embargo, en el plano nacional, no se ha profundizado suficientemente en las condiciones para hacer posible que el cambio climático se detenga. Detener el cambio climático requiere adoptar medidas excepcionales, basadas en el conocimiento científico: es necesario aumentar la eficiencia energética y afrontar el cambio del modo de producción de energía desde fuentes que utilizan los combustibles fósiles a fuentes renovables, así como cambiar el modelo alimentario, responsable de un 20% del calentamiento global.
«Esta transición no se va a producir sin los adecuados incentivos públicos (fiscalidad, compras públicas, regulación) y, si es necesario, por la situación de excepcionalidad de este desafío, con mecanismos de control público frente a las resistencias corporativas, que son y serán muy notables en todos los sectores productivos y, en especial, en los energéticos.
«La transición ecológica de la economía española -apunta el documento- será viable gracias al importante potencial existente (gran riqueza de biodiversidad, recursos y capacidades tecnológicas en energías renovables, en gestión de residuos), y comportará la creación neta de empleo, según estudios de la OCDE y de la OIT, así como mejoras significativas en la salud pública.
«En España, la actuación del gobierno conservador va en la dirección diametralmente opuesta: ha modificado numerosas normas ambientales, y se ha plegado ante los intereses particulares de determinados sectores, en particular de los oligopios energéticos, manteniendo, incluso ante el estupor del resto de Europa, los obstáculos a la puesta en pie de sistemas de generación descentralizada de energía a partir de fuentes renovables.
«Impulsar la rehabilitación energética del parque edificado para reducir el consumo, el coste energético y la emisión de gases de efecto invernadero, así como la introducción de energías renovables y del autoconsumo. Dirigiremos nuestros esfuerzos a que en diez años todos los edificios públicos sean eficientes desde el punto de vista energético, y que para 2025, el 100% de la nueva vivienda sea sostenible.
Sobre la CNMC
«Será necesario poner en funcionamiento auténticos organismos reguladores eliminando así la mala práctica que ha supuesto su integración en la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. No sirve un sólo organismo regulador de los mercados que tenga competencias sobre la Energía, las Telecomunicaciones, el Sector Audiovisual, los Transportes y el Sector Postal. No existe mejor garantía de independencia que la competencia profesional especializada y la reputación contrastada de las personas elegidas para dirigir los Organismos Regulatorios. Para ello se precisa un control parlamentario riguroso en el nombramiento de los miembros de los Organismos Reguladores atendiendo a criterios de idoneidad profesional, garantizando la independencia que les es exigible.
Sobre las directivas europeas
«Las políticas neoliberales europeas han supuesto la degradación de la democracia social y la regresión en las políticas públicas. Está demostrado históricamente que el mercado solo no puede resolver los problemas sociales y económicos (...). Un ejemplo muy ilustrativo se da en el sector energético. La electricidad es el vehículo más potente para introducir las fuentes energéticas renovables que necesita Europa para su desarrollo y bienestar. Sin embargo, las directivas europeas sobre la electricidad son el ejemplo más radical de neoliberalismo.
«El diseño de mercado eléctrico que nace en la Unión Europea prescinde de las singulares características de la electricidad como bien y como servicio, ignorando -además- las diferentes características del mix tecnológico de generación eléctrica de los Estados. Así, los objetivos medioambientales de la Unión Europea se compadecen mal con sus directivas y recomendaciones regulatorias sobre los mercados eléctricos y, en particular, son muy inadecuadas para España, al generar una inflación de los costes eléctricos para los consumidores que drena las rentas de las familias y la competitividad de las empresas, al tiempo que se fortalece el oligopolio eléctrico español».