El último lustro energético de la vieja política. Si existe un factor clave para entender los años de política energética en España ese es, irremediablemente, el concepto de inseguridad jurídica. Cualquier análisis deberá reconocer el esfuerzo deliberadamente realizado por generar un clima de desconfianza y frustración entre los inversores y consumidores que interactúan con nuestro sistema energético.
La X legislatura comenzó su desarrollo con una misión clara y concisa, a la par que loable: asumir la reorganización del sistema energético, acabando con el desorden generado por una estrategia energética previa que abundaba en deseos y buenos propósitos y escaseaba de pragmatismo y templanza.
Tras una etapa previa en la que nuestra ciudadanía financió el coste de la curva de aprendizaje de la tecnología solar, el nuevo Gobierno asumió la tarea de corregir el déficit de tarifa y volver a dotar de equilibrio al sistema.
El Gobierno anterior, en lugar de realizar una planificación indicativa y paulatina, con señales concisas a los agentes del mercado (incluyendo a pequeños ahorradores), optó por difundir la idea de que tenía capacidad para otorgar barra libre a los mismos, dando incentivos a una fuerte concentración de inversiones a corto plazo que superaba, con mucho, las inversiones del resto de países en esta materia.
La ejecución de esta estrategia, escasamente sopesada, derivó en un sobreesfuerzo de la ciudadanía y en una frustración de expectativas para el conjunto de los actores.
La crisis económica y el desequilibrio presupuestario provocaron que el Gobierno no pudiese asumir las obligaciones retributivas que había prometido a los ahorradores españoles en su modelo de implantación de renovables.
En esencia, quienes habían apelado al patriotismo de la clase media para invertir sus ahorros en pagar el aprendizaje de las nuevas y necesarias tecnologías, ahora les dejaban en la estacada al no garantizarles los intereses que anteriormente prometieron.
La legislatura se cerraba con un cuantioso déficit de tarifa que se trasladó a los bolsillos de la ciudadanía y que fue aprovechado para criminalizar a las renovables.
De este modo, el PSOE, que había apostado con fe pero sin las herramientas adecuadas por un modelo renovable, ahora ponía los mimbres para generar la desconfianza entre los inversores, la frustración entre los ciudadanos y el descrédito en la propia tecnología.
La llegada al Gobierno de Mariano Rajoy, avalada por su mayoría absoluta, se presentaba como un acontecimiento que daría pie a la realización de grandes reformas y reducciones de impuestos.
Sin embargo, el nuevo Gobierno pronto optó por continuar la senda de la voracidad recaudatoria de su antecesor y por ahondar en el descrédito de las energías renovables.
El nuevo ministro, José Manuel Soria, agravó los recortes en su reforma del sector eléctrico. El Partido Popular acentuó el recorte en la retribución de instalación de energías renovables e ideó una legislación que permite al Gobierno modificar dichos parámetros de retribución en un corto espacio de tiempo, alterando con ello la seguridad jurídica de manera decisiva y fomentando la desconfianza.
Para el nuevo Gobierno, la prioridad de acabar con el déficit de tarifa (otro loable objetivo) justificó realizar una política de espaldas a los agentes del mercado, sin conocer y entender sus preocupaciones e intereses.
Asimismo, antes de cerrar la legislatura, el Gobierno dejaba su último regalo envenenado al sector haciendo uso de su mayoría parlamentaria: el establecimiento del Impuesto al Sol para evitar la utilización del autoconsumo eléctrico renovable, una forma de generación que podría contribuir al cumplimiento de los objetivos medioambientales y a revitalizar buena parte de las industrias del país.
Nuevamente, los viejos partidos daban la espalda a la sociedad y al mercado obviando sus necesidades y sin buscar el consenso político pertinente.
Los desafíos de la presente era de globalización y lucha contra el cambio climático constituyen un poderoso aliciente para dejar atrás las improvisaciones y acciones unilaterales en el sector energético.
Es necesario que, como sucede en otros países de nuestro entorno, la energía pase a ser un tema de Estado que contemple su desarrollo de manera analítica y precisa; contando con los agentes del sector.
Para Ciudadanos, la energía es una prioridad estratégica, dada su importancia para el crecimiento económico y el empleo, así como su incidencia en familias, medio ambiente y transporte.
Por estas razones, creemos que el sector necesita de un Pacto de Estado que afronte una verdadera reforma energética a largo plazo y que acabe con su utilización partidista, conciliando la necesaria planificación del modelo energético a largo plazo con la innovación, la competencia y la seguridad jurídica.
Además, este Pacto de Estado por la Energía despolitizaría el sector y se convertiría en lo que ha de ser: un tema de Estado. Desde C’s queremos trabajar para llegar a un consenso político y social y a la elaboración de una planificación de cara al futuro, con un plan energético con objetivos a corto, medio y largo plazo, y que entren dentro del contexto internacional energético.
Con esa misión nos presentamos en las últimas convocatorias electorales y con ese propósito estamos desarrollando nuestra acción parlamentaria en la actualidad. Por estas razones, presentamos nuestras iniciativas sobre auditoría de costes, autoconsumo eléctrico, bono social, eficiencia energética e independencia de los reguladores. Creemos en una política energética de consenso, de cara a los ciudadanos e inversores, y de espaldas a los antiguos vicios del pasado.
