Ni las miles de cartas enviadas al Senado por grupos defensores del medio ambiente, ni las agresivas campañas realizadas en las redes sociales, ni los anuncios insertados en diferentes medios de comunicación del país han logrado frenar el nombramiento del fiscal general del Estado de Oklahoma como nuevo presidente de la Agencia de Protección Ambiental.
El viernes pasado, 52 senadores le dieron su beneplácito frente a los 46 que votaron en contra de situar al frente de la EPA a Scott Pruitt, un hombre que incluso se jacta, en su biografía oficial, de ser un "destacado detractor de la agenda activista” de la Agencia y a la que ha desafiado legalmente en diferentes ocasiones.
Como fiscal general de este Estado, Pruitt demandó en 14 ocasiones a la EPA durante el gobierno de Obama, desafiando la autoridad de la agencia en normas para el control de las emisiones contaminantes de las plantas de energía, la calidad de las aguas, la contaminación con mercurio o el smog. Además, clausuró la unidad especializada para la protección del medio ambiente del Estado de Oklahoma, argumentando que había sido establecida bajo el dictado de Washington, en detrimento de la autonomía del Estado.
La confirmación de Pruitt al frente de la EPA se produce sin esperar el resultado de la investigación abierta por un juez federal sobre la relación mantenida por éste con empresas dedicadas a la explotación de hidrocarburos. El juez reclama a la oficina del fiscal general de Oklahoma la entrega de miles de correos que ha cruzado con empresas de este sector, muy presente en Oklahoma, pero los senadores republicanos se opusieron a esperar a la publicación de los correos.
