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Canarias pide ahora a Madrid que elimine "de manera clara y definitiva" las trabas al autoconsumo eólico

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La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias difundió ayer un comunicado en el que explica que ha insistido ante el Gobierno central en "la necesidad de realizar algunos cambios en la normativa estatal para impulsar las instalaciones de autoconsumo en las islas".
Canarias pide ahora a Madrid que elimine "de manera clara y definitiva" las trabas al autoconsumo eólico

El consejero canario de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, le ha pedido al Ministerio de Energía -informa el Gobierno insular- que modifique el Real Decreto (RD) 900/2015 (que regula el autoconsumo) "con el objetivo de eliminar, de manera clara y definitiva", las obligaciones que establece esa norma para con las "instalaciones de autoconsumo asociadas al ciclo integral del agua (límites en la potencia instalada)". El RD 900 fue aprobado por el Gobierno central -con Mariano Rajoy a la cabeza y el canario José Manuel Soria en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo- en octubre del año 2015. Ese RD, aparte de incluir el famoso impuesto al sol (para los autoconsumos fotovoltaicos), obliga a que todo aquel que disponga de una instalación de autoconsumo tenga contratada tanta potencia o más que la que tiene esa instalación.

El RD 900
Tal obligación -de carácter nacional (pues de alcance nacional es la normativa, el RD 900, que la impone)- afecta a un colectivo muy concreto y singular, el de las desaladoras eólicas canarias, instalaciones que están conectadas a la red pero que, a la vez, han montado un par de aerogeneradores -o los que fuere menester- para abaratar sus costes de producción. Porque la electricidad que necesita una desaladora para funcionar es mucha (y la electricidad es cara) y el agua dulce de que dispone un territorio como el canario es muy escasa (o sea, que hay mucho que desalar). El caso es que autogenerar electricidad (eólica) para autoconsumo se ha convertido a lo largo de los últimos veinte años es una solución para muchas empresas agroalimentarias canarias, que saben que uno de sus costes clave es el agua dulce que necesitan para el riego de sus cultivos.

¿Problema?
Que el Real Decreto 900, entre sus obligaciones, incluye una que atenta directamente contra la desalación eólica. ¿Cómo? Pues veámoslo: hasta ahora, la legislación contemplaba con buenos ojos la desalación eólica, pues, para empezar, evita emisiones (kilovatio hora generado por el viento es kWh que no hay que generar con fuelóleo; en Canarias se genera mucha electricidad con derivados del petróleo). Las desaladoras con autoconsumo, además, eran catalogadas por la Administración canaria como "ahorradores" y no como "generadores". La ley decía que el desalador puede instalar en eólica el doble de la potencia que tiene contratada en la red, siempre que esos aerogeneradores no reviertan a esta -a la red eléctrica canaria- más del 50% de la electricidad que producen. ¿Y qué dice ahora el RD 900? Pues que el propietario de la desaladora solo puede tener instalada en aerogeneradores la misma potencia que tiene contratada, pero no más.

¿Conclusión?
Pues una, muy concreta: el Ejecutivo Rajoy está obligando a esas instalaciones a contratarle más potencia a Endesa, que es la compañía eléctrica que controla, en régimen de casi monopolio, el mercado canario. En fin, que... o contratas más potencia a la compañía que te suministra electricidad de la red o, prácticamente, te obligan a desenchufar el molino de la desaladora. Eso, en cuanto al presente. En clave de futuro, la señal es muy clara: el Ejecutivo central está desincentivando la desalación eólica, que ya no saldría tan a cuenta. El caso es que el sector lleva más de un año luchando contra el sinsentido (el RD 900 fue aprobado en octubre de 2015) y el gobierno canario lleva todo un año prometiendo que hará todo lo posible. Y, ahora, el consejero Ortega vuelve a reiterarle al Ministerio -informa el Ejecutivo insular- "la necesidad de realizar algunos cambios en la normativa estatal".

Ortega alude en concreto -según precisaba ayer el Gobierno canario en nota de prensa- a "las instalaciones de autoconsumo asociadas al ciclo integral del agua (...), habida cuenta del doble beneficio que supone para el Archipiélago el uso de energías renovables en estos sistemas, tanto por el abaratamiento del precio del agua como por la reducción de los costes que genera al sistema eléctrico" (menos kilovatios hora viajando de aquí para allá, menos necesidades en materia de infraestructuras de transporte y distribución de electricidad; o sea, que, si generas in situ, no tienes por qué traerte la energía de otra parte).

En la nota que difundió ayer, el Ejecutivo autónomo se excusa por la tardanza: en la primavera de 2016, "el Gobierno de Canarias -dice esa nota- ya alcanzó un principio de acuerdo con el Ministerio de Industria y Energía en funciones para modificar el Real Decreto en estos términos, si bien los cambios acordados quedaron pendientes de hacerse efectivos hasta que se nombrara un nuevo Gobierno en España". El caso es que el nuevo gobierno llegó, de la mano de la abstención del PSOE, el pasado mes de octubre, y, ahora vuelve a reverdecer la promesa canaria.

En esta misma línea -apuntan desde la Consejería-, Ortega ha insistido también en "eximir, de manera permanente, a Canarias del peaje o cargo que deben asumir las instalaciones de autoconsumo", o sea, que el Ejecutivo canario no quiere ni oír hablar de impuesto al sol y, además, se ha comprometido -ayer lo hizo en esa nota de prensa- a "simplificar el procedimiento administrativo que implica la puesta en marcha de estas instalaciones".

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