Como ya adelantó Energías Renovables el pasado 16 de junio, las instalaciones fotovoltaicas inscritas de forma irregular en el Real Decreto 661/2007 tendrán que devolver las primas recibidas hasta ahora, serán expulsadas del sistema de subvenciones y se enfrentarán a sanciones administrativas y penales, según fuentes del Ministerio de Industria, que dan por hecho la aprobación mañana de un real decreto que contempla estas medidas.

Distintas fuentes informan hoy que el borrador del Real Decreto que se aprobará mañana en Consejo de Ministros ofrece a los titulares de plantas irregulares la posibilidad de pasar de forma voluntaria al régimen retributivo que realmente les corresponde, mucho menos beneficioso, para evitar las sanciones.

Las inspecciones realizadas hasta ahora por la Comisión Nacional de Energía (CNE) demostraron que algunas de las instalaciones que se inscribieron en las últimas semanas de vigencia del Real Decreto 661/2007 no estaban conectadas a la red en esa fecha, un requisito que era necesario para acogerse a su retribución.

El real decreto que Industria trasladará mañana al Consejo de Ministros prevé investigar en una primera fase si cerca de 800 MW sospechosos de estar en condiciones irregulares merecen seguir recibiendo prima. La inspección correrá a cargo de la CNE.

Fuentes de Industria, que adelantan la aprobación mañana del real decreto, recuerdan que aquel cambio regulatorio creó un “efecto llamada” y un “aluvión” de nuevas plantas, muchas de ellas irregulares, y aseguran que la Secretaría de Estado de Energía se ha propuesto como “prioridad” acabar con los posibles fraudes realizados.

El regulador pedirá a las plantas sospechosas documentos de aduanas, facturas, certificados de instalación, fotografías o cualquier documento que pueda demostrar que la planta funcionaba correctamente en el momento de su inscripción.

Desde la apertura del expediente, la CNE tendrá 45 días para solicitar los documentos, y el promotor otros dos meses para presentarlos. Si se demuestra la irregularidad de la planta, y sin perjuicio de otras medidas administrativas o incluso penales, al propietario se le retirará la prima y se le retribuirá en el mercado, como si fuese una instalación eléctrica convencional.

Además, se le obligará a devolver con intereses de demora todas las primas recibidas desde septiembre de 2008 y, si desea regresar al sistema de subvenciones, tendrá que ponerse el último en la cola de aspirantes al prerregistro de asignación, lo que podría obligarle a esperar entre tres o cuatro años. A estas plantas irregulares se las inscribirá en una subsección nueva del prerregistro, que será pública.

El dinero que se recaude con las devoluciones de primas pasará a la caja única de la CNE, con la que se financian costes regulados como transporte, distribución y las propias primas, de modo que podrá repercutir en una contención del déficit de tarifa.