Los secretarios de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, y de Energía, Pedro Marín. han presentado las propuestas de anteproyectos de ley para la transposición de ambas directivas, que forman parte del paquete de Energía y Cambio Climático aprobado por el Parlamento Europeo el pasado mes de diciembre y dan el pistoletazo de salida al enterramiento de CO2 en España.

El objetivo de dichas directivas es garantizar el cumplimiento del compromiso europeo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 20% para 2020 (un 30% si otros países desarrollados se comprometen en la misma línea).

El borrador de anteproyecto de ley de comercio de derechos de emisión transpone la Directiva 2009/29/CE del paquete de Energía y Cambio Climático, pero también la Directiva 2008/101/CE, que prevé la inclusión de la aviación en el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión, informa Industria en un comunicado. Empezará a funcionar a partir el enero de 2013 con la finalidad de propiciar una reducción de emisiones en 2020 de un 21% respecto de los niveles de 2005 .

El anteproyecto supone, asimismo, una revisión en profundidad del régimen comunitario de comercio de derechos de emisión. Así, se amplía el ámbito de aplicación a nuevos sectores (químico, aluminio) y gases (N2O – óxido nitroso, determinados fluorados) y desaparecen los planes nacionales de asiganiación. El volumen total de derechos del sistema (techo) se determina a nivel comunitario y la asignación de derechos queda armonizada a nivel europeo.

Además, el sector eléctrico ya no recibirá asignación gratuita, pero sí las habrá, al 100%, para sectores expuestos a “fugas de carbono”. Los ingresos que se obtengan en la celebración de las subastas podrán destinarse a la lucha contra el cambio climático. También se prevé un registro comunitario centralizado de derechos de emisión.

Enterramiento de CO2
El segundo anteproyecto de ley transpone la Directiva 2009/31/CE sobre almacenamiento geológico de carbono, y tiene por objeto establecer el marco jurídico adecuado y seguro para dicha actividad. Los permisos de investigación y la concesión de almacenamiento serán otorgados por el Ministerio de Industria previo informe favorable del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y será preceptivo también el informe de la comunidad autónoma en la que se encuentre el lugar de almacenamiento.

Transcurridos un mínimo de 20 años desde el sellado del almacenamiento y siempre que se tengan pruebas de que el CO2 almacenado permanecerá completa y permanentemente confinado, la responsabilidad del emplazamiento pasará al Estado.

El Instituto Geológico y Minero está elaborando actualmente un mapa geológico de los lugares susceptibles de albergar estos cementerios de CO2 y ya se está llevando a cabo un proyecto piloto de almacenamiento en la Ciudad de la Energía de Ponferrada (León).

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