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Cataluña impulsa con otros 900.000 euros la implantación de electrolineras

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La Generalitat ha hecho públicas, a través del Instituto Catalán de Energía (Icaen), las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la instalación de infraestructuras de recarga para el vehículo eléctrico. Según el Icaen, el objetivo del gobierno catalán es "ir extendiendo la red de recarga para recorridos interurbanos y así hacer de Cataluña un país atractivo para el uso del vehículo eléctrico".
Cataluña impulsa con otros 900.000 euros la implantación de electrolineras

La iniciativa de la Generalitat se enmarca en el Plan de Acción para el despliegue de infraestructuras de recarga para los vehículos eléctricos de Cataluña (PirVec) 2016-2019 y estará dotada -informa Icaen- con 864.750 euros en forma de subvención y 90.000 euros para la prueba piloto en estaciones de servicio. El gobierno catalán pretende con esta medida "dar apoyo a los entes locales a fin de que implanten electrolineras en emplazamientos estratégicos y de fácil acceso desde la red vial". Según el Icaen, "se priorizarán las ubicaciones que den servicio a nodos de comunicación con proximidad de dos o más infraestructuras viales"

El fin
El objetivo final de la línea de ayudas es el de "facilitar el despliegue en Cataluña de una red de infraestructura que se fundamente en la recarga vinculada, y que cuente con el apoyo de una sólida red de recarga rápida de carácter estratégico para usos puntuales y para largos recorridos interurbanos, garantizando el suministro en distancias no superiores a los cien kilómetros". Así, esta línea establece diferentes requisitos en función de cada tipología de estación de recarga. A saber:

1. Electrolineras rápidas de cincuenta kilovatios
Se concederán ayudas a estaciones de acceso público de como mínimo 50 kW de potencia, que permiten cargar más de 120 kilómetros de autonomía en menos de 30 minutos. Según explican desde el Icaen, "esta es la tecnología de máxima capacidad que a fecha de hoy admiten los vehículos eléctricos que se comercializan en España y en la Unión Europea, a excepción de la marca Tesla, que pueden cargar a 120 kW".

El equipamiento tendrá que ser compatible con cualquier vehículo eléctrico típico, tendrá que ser accesible para cualquier usuario de vehículo eléctrico sin necesidad de tener que estar dado de alta en ningún servicio, y tendrá que ser activable mediante un teléfono móvil inteligente. Por lo tanto, elimina la necesidad de disponer de una tarjeta de fidelidad, ya sea municipal o de gestor de recarga, como sucede a fecha de hoy, siendo una clara barrera para los conductores que se desplazan para la red vial.

La Generalitat quiere priorizar los municipios próximos a dos o más ejes viales "y también se valorará su distancia con relación a otras estaciones rápidas existentes o propuestas". Según el Instituto Catalán de la Energía, "de esta manera, se favorece la implantación de una red rápida en puntos estratégicos próximos de la red vial (XarxaRàpidaCat), que facilite la circulación de vehículos eléctricos en trayectos interurbanos para todo el país".

2. Electrolineras de veinte kilovatios
Se concederán ayudas a estaciones de acceso público de como mínimo 20 kW de potencia, que permiten obtener una autonomía de 100 kilómetros en dos horas. El equipamiento "tendrá que ser compatible con cualquier vehículo eléctrico típico, tendrá que ser accesible para cualquier usuario de vehículo eléctrico sin necesidad de tener que estar dado de alta en ningún servicio, y tendrá que ser activable mediante un teléfono móvil inteligente".

En este caso -informa Icaen-, se dará prioridad a estaciones que se ubiquen en zonas densamente pobladas y también a su máxima disponibilidad a lo largo del tiempo. El objetivo de la Generalitat es "que estos puntos se instalen preferentemente en aquellas zonas donde los ciudadanos efectúan estancias de una duración superior a la hora, ya sea por motivos de movilidad cotidiana o de ocio".

3. Electrolineras vinculadas
Se admitirán ayudas a ciudadanos que adquieran un vehículo eléctrico que les permita disponer de 100 kilómetros de autonomía cargando a lo largo de 6 horas y sin necesidad de incrementar la potencia contratada. La Generalitat quiere dar prioridad "a aquellas instalaciones ubicadas en viviendas plurifamiliares o aparcamientos comunitarios, dado que las viviendas unifamiliares no requieren de ninguna inversión para cargar un vehículo a potencia de 2,7 kW". El gobierno catalán prevé dar cobertura a 150 electrolineras que se podrán sumar con las ayudas de los fabricantes de vehículos.

Estas ayudas -informa Icaen- se dirigen a administraciones públicas en el caso de electrolineras rápidas de 50 kW y de 20 kW y a particulares, en el caso de las electrolineras vinculadas con potencias en torno a los 3 kW.

El Instituto Catalán de la Energía denuncia
"Con respecto a infraestructura rápida de 50 kW ubicada en estaciones de servicio o gasolineras -denuncia el Instituto-, las barreras económicas, legales y administrativas existentes actualmente en la legislación estatal hacen inviable, a excepción de pruebas piloto o de proyectos europeos, que el sector privado se interese en invertir en modelos de negocio basados en la red de recarga rápida".

"A modo de ejemplo -continúa el Icaen-, una electrolinera de 50 kW tiene un gasto anual por la potencia contratada de 4.000 euros, independientemente de la energía que pueda suministrar a los vehículos. Sin embargo, esta misma infraestructura en el estado francés tiene un coste fijo de 2.000 euros; y en Portugal, de 850, o sea, la mitad y una cuarta parte respectivamente que en Cataluña. Eso hace que se imposibilite el modelo de negocio".

El Icaen explica que por este motivo ha impulsado, conjuntamente con unas sesenta empresas y entidades, la proposición de Ley de medidas de fomento para la electrificación del transporte por carretera, con el fin de eliminar las barreras que imposibilitan el normal y necesario desarrollo de la infraestructura de recarga eléctrica al Estado español.

La iniciativa legislativa ha sido admitida a trámite para el Congreso de Diputados, pero, según el Instituto, "muy probablemente será rechazada su tramitación para el Gobierno del PP, en tanto que requiere unas ayudas económicas en un periodo limitado de tiempo que, en ningún caso serían superiores y de forma acumulada a 60 millones de euros hasta el año 2020, previendo ayudas a los términos de potencia y a un plan estable de ayudas a la compra de vehículos". Esta cantidad, acumulada en tres años, es "menos de la mitad -destacan desde el Icaen- de lo que el Gobierno español dedica anualmente al Plan PIVE, de renovación de coches de gasóleo y gasolina".

En este sentido, el Instituto ya ha anunciado que destinará 90.000 euros adicionales para una prueba piloto de implantación de tres estaciones de infraestructura rápida de 50 kW en colaboración con el sector privado, "que se tendrán que ubicar en estaciones de servicio muy estratégicas y de acceso fácil desde la red vial".

Durante el año 2016, y también en el marco del plan Pirvec, la Generalitat ha puesto en marcha once puntos de la XarxaRàpidaCat "en puntos estratégicos de la red vial catalana o en zonas muy densamente pobladas, en colaboración con los correspondientes ayuntamientos". El objetivo del plan Pirvec -señalan desde el Icaen- es alcanzar las 100 electrolineras rápidas de 50 kW, las 400 de recarga semirrápida de 20 kW y 25.000 puntos vinculados el año 2019.

Según explican desde el Icaen, en el marco del Proyecto Sirve (Proyecto nacional Sistema Integrado para la Recarga de Vehículo Eléctrico), que impulsan el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España y la empresa IBIL, se prevé una red para todo el Estado de 40 electrolineras de 50 KW en el corredor mediterráneo y el Corredor Atlántico.

La disponibilidad de infraestructura de recarga -sostiene el Icaen- tiene una relación directa con la electrificación del parque móvil: en aquellos países europeos donde los ciudadanos tienen garantizado el suministro eléctrico para sus vehículos, la cuota de renovación eléctrica del parque de vehículos supera el 10%. En Cataluña, esta tasa se sitúa en el 0,4%, mientras que en España es del 0,3%.

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