Octubre ha sido como un baño de realidad. La exaltación total de la Marca España. Primero fueron las tarjetas negras de Bankia, que se han llevado por delante a representantes políticos, empresariales y sindicales, de color variopinto. Luego llegó la segunda andanada con la operación Púnica, que está convirtiendo la cárcel de Soto del Real en residencia habitual de lo que un día fueron próceres intocables.
Y entre medias, se van conociendo nuevas fechorías del clan Pujol–Ferrusola y algunas inversiones chocantes realizadas, dicen los jueces, con la caja B del Partido Popular, que este se empeña en negar. De fondo, el coro incesante de los que parecen conformarse con pedir perdón. Así que no es de extrañar que muchos hablen de la necesidad de una segunda transición, de resetear el ordenador de la democracia.
Pero en España hay otros escándalos mayúsculos en los que convendría poner el ojo. Y el energético es, a nuestro juicio, uno de los mayores. No porque la trama de la Púnica girase en torno a Cofely, una empresa del grupo GDF Suez, que vendía servicios de eficiencia energética. No, eso es, probablemente, anecdótico.
El escándalo es que al sector energético no ha llegado ni siquiera la primera transición. Y los ciudadanos sufren el dictado de media docena de grandes empresas, eléctricas y petroleras, que se mueven a su antojo por más que un ministro anule de vez en cuando una subasta eléctrica o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia detecte subidas extrañas en los márgenes de las operadoras de petróleo. El precio del barril acumula una caída superior al 25% en lo que va de año, pero la gasolina solo ha bajado un 8%. Y la clásica explicación de que la venta de crudo se negocia en el mercado de futuros (con compraventas que se realizan con meses de antelación) parece valer solo cuando el petróleo baja. Porque cuando sube, el incremento tarda poco en trasladarse a las gasolinas.
Las compañías eléctricas y gasistas tienen su particular versión de las participaciones preferentes, que han arruinado a miles de clientes de la banca. Solo que en este caso hablamos de 25.000 MW en ciclos combinados que trabajan al 10% de su capacidad. Una inversión ruinosa que trasladan alegremente a los consumidores sin que el Gobierno mueva un dedo para evitarlo. Y ante la disyuntiva de indemnizar a la empresa ACS o sufrir terremotos diarios, el común de los mortales tendremos también que pagar los 1.350 millones del frustrado almacén Castor. Es así, una detrás de otra.
Las empresas energéticas están al otro lado de casi todas las puertas giratorias. Y ni en los 40 años de democracia ni en los anteriores han tenido nada que temer. El 26 de julio de 2013, 300 de los 323 diputados presentes en el Congreso paralizaron la propuesta de Izquierda Plural de hacer una auditoría energética. Lo hicieron por acción –195 noes– y por omisión –105 abstenciones–. Sin parecer muy interesados en arrojar luz alguna sobre un agujero negro, el déficit de tarifa, que parió el Partido Popular en tiempos de Rodrigo Rato, hace ya quince años, y que han ido amamantando los sucesivos gobiernos desde entonces.
Entre tanto, las renovables y el autoconsumo duermen el sueño de los justos, para no poner en más aprietos a las ya “castigadas” eléctricas, que están que no pueden más. De nada sirve el potencial que las energías limpias tendrían para generar puestos de trabajo, ahorrar miles de millones de euros en importaciones de combustibles fósiles y proteger nuestro entorno.
En medio de este panorama Unesa dice estar “aterrada” con las propuestas energéticas de Podemos. Puede que sea la única buena noticia del mes pasado. Sobre todo si el año que viene se confirma que tienen motivos para estarlo.
Hasta el mes que viene.
Luis Merino
lmerino@energias-renovables.com
Pepa Mosquera
pmosquera@energias-renovables.com
