La recuperación de la economía se asienta sobre pies de barro por la pérdida de renta disponible, bajos salarios, precariedad del empleo y el coste de la deuda que no garantizan la sostenibilidad del crecimiento ni de las cuentas públicas. Esos pies de barro incluyen las decisiones sobre el uso de la energía que cargan todos los desequilibrios a las espaldas del consumidor y contribuyen a que la energía sea otro factor de pérdida de renta que en nada favorece la reactivación económica.
En la Comunicación de julio sobre eficiencia energética de Bruselas, el ahorro de energía se considera una innovación tecnológica que crea riqueza, empleo y crecimiento para las empresas, reduce el coste de la energía y es el núcleo de la política de cohesión de la UE. España ha alcanzado los mayores índices de desigualdad y la política energética no es ajena a ese hecho. Este verano se han sucedido decisiones con un común denominador: traspasar al consumidor todos los déficits del sistema eléctrico, sin medidas para que pueda reducir sus costes energéticos.
En junio se aprobó la nueva retribución retroactiva a las renovables, cogeneración y residuos, provocando pérdidas significativas no solo en el sector renovable, sino también en la agricultura, la ganadería, la industria y en la viabilidad de todas las instalaciones conectadas, precisamente, para reducir los costes energéticos. La eólica y la fotovoltaica, que han bajado el precio de la energía en 2013 y 2014, se han paralizado y su hueco lo ocupan energías más caras, como el gas, el carbón o la nuclear.
En julio, el RDL 8/2014 aprobó que los 800 millones de euros del déficit acumulado en la tarifa del gas hasta 2014 se carguen en el recibo con una fórmula similar al déficit eléctrico. El déficit que se genere a partir de 2015 se trasladará automáticamente a los peajes y se aprueba un recargo de 164 Me para pagar a Argelia el Laudo arbitral que condenó a Gas Natural en 2010. Quedan pendientes 1.400 M€ del almacenamiento Castor de los que nadie se atreve a hablar, pero al considerarlos costes del sistema irán al recibo del gas.
En agosto, el Ministerio de Industria ha preparado un decreto para que el déficit de tarifa de 2013, de 3.600 M€, lo titulicen las eléctricas para cargarlo al recibo de la luz. Esta medida incumple la Ley 24/2013 del sector eléctrico en la que el Ministerio de Industria estableció que el déficit de 2013 lo pagarían las eléctricas y ahora, después de pedirlo Iberdrola, se cambia la norma.
La volatilidad del mercado mayorista ha subido la luz en julio un 17,8%. La evolución del precio ha sido de 33 eMWh en el primer trimestre, 40,9 en el segundo y 54 euros en el tercer trimestre. Y nada protege al consumidor de la volatilidad del pool porque el Ministro de Industria anunció en julio que aparca la reforma del mercado mayorista. La CNMC ha confirmado este verano que hubo anomalías en la subasta Cesur de diciembre que hubieran costado a los consumidores 400 M€, pero nada dice de los 1.400 Me cobrados de más en las anteriores subastas. El déficit tarifario crece a mayor ritmo que en 2013. Hasta mayo 3.332 Me, mientras la demanda eléctrica sigue bajando.
En este verano se han cargado a los consumidores más de 6.000 Me sin luz ni taquígrafos y el autoconsumo sigue prohibido. El balance de la reforma eléctrica no puede ser más negativo. Solo preocupa arreglar los desaguisados de cada momento, el futuro no importa y, ante la duda, paga el consumidor. La energía debería ser un motor de reactivación y empleo, pero la reforma la ha convertido en factor de pobreza energética y económica. Y el verano aún no ha finalizado.
